Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), contaron a este diario cómo se ejecutó el desguace del organismo. Son 160 despedidos hasta el momento. Explican que solo quedan tres delegaciones funcionando, pero que están a cargo de muy pocos trabajadores. Ante los reclamos, el gobierno de Javier Milei respondió -vía correo electrónico- que «no corresponde prorrogar las designaciones transitorias»; además, el pasado 22 de febrero había anunciado «el cierre del Instituto».

Los primeros despedidos fueron «40 personas que estaban contratadas; en la segunda tanda -que ocurrieron este lunes-, 120 compañeres que quedaron sin nada de la noche a la mañana», enumeró Lidia Pérez, liberada y ex representante del área de Derechos Humanos en Cárceles del INADI, en diálogo con Tiempo.  

Despidos ilegales en el INADI

Cabe destacar que en muchos casos se trata de personas que estaban protegidas por la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, como así también la Ley de Cupo por Discapacidad y la Ley de VIH. Y así, de cada grupo vulnerado de la comunidad, como los afro-descendientes, migrantes y los presos.

Se terminaron las capacitaciones que dictaban. «Está muy claro que a este gobierno nefasto no le interesa los sectores vulnerados de la población que son los excluidos; no hubo contemplación por nadie, fue algo feroz», se quejó la trabajadora.

El desguace produjo el desmantelamiento del organismo. «Destruyeron todas las áreas sustantivas, cerraron casi todas las delegaciones, sólo quedan tres con pocas personas que trabajan en ellas», aseguró Pérez. 

No hay tampoco asistencia técnica, «por lo tanto, no se va a poder continuar». En el mismo sentido, señaló que «quedó desmantelada la red de las provincias porque el INADI tenía una delegación en cada una de ellas». Y cada una «era el sustento de cada una de las políticas públicas que se implementaron sobre cada uno de los grupos vulnerados de nuestra sociedad», remarcó.

Las y los trabajadores entienden que, más allá de luchar por la reincorporación de todos, «también estamos luchando para que no se terminen las políticas públicas enfocadas en Derechos Humanos», aseveró Pérez.

Precarización laboral

Desde el INADI, reclaman que se respeten «las políticas transversales a todos los grupos vulnerados». Lidia también contó su situación particular: «Soy una de las despedidas con 16 años de antigüedad que jamás serán reconocidos», lamentó.

Ella -junto a un equipo- era la encargada de «capacitar al personal penitenciario, a los de salud y a las personas privadas de libertad en Derechos Humanos y Diversidad Sexual». También acompañaban a las personas «cuando salían de las cárceles para que puedan integrarse a la sociedad. Lo hacíamos a lo largo y ancho de todo el país y eso ahora no existe más».

Cada una de las áreas estaba representada «por una persona que también sufrió lo que padece el colectivo vulnerado al que representaba y con el que trabajaba», valoró. «Es una deuda de la democracia de todos los gobiernos que hemos tenido que haya trabajadores -en muchos casos- con más de 25 años de antigüedad que no han logrado concursar dentro del Estado como corresponde».

Finalmente, señaló irresponsabilidad «de los representantes sindicales que tenemos, porque no lograron que nosotres lleguemos a tener una estabilidad laboral». Y subrayó que «las plantas transitorias en el Estado es una forma de precarización laboral que nos deja indefensos ante cualquier gobierno en turno que decida echarnos».