Al menos tres de los militares que desfilaron como “veteranos de Malvinas” en el desfile del 9 de Julio fueron acusados de torturar a soldados conscriptos durante el conflicto bélico con Gran Bretaña en 1982.  Una de las víctimas quedó ciega por esas torturas.

La situación fue consignada por el secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes (CECIM), Ernesto Alonso, en las redes sociales. Pero no se trata sólo de la manifestación de un ex combatiente a quien, por cierto, la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, descalificó por “kirchnerista” y laceró públicamente en las redes sociales. 

El fiscal federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Rapoport, firmó el 11 de mayo de 2018 un dictamen de 192 páginas en el que imputó a 26 mandos militares que estuvieron en las islas por aplicar tormentos a soldados propios. En esa lista aparecen tres nombres: Emilio José Samyn Ducó, Francisco Eduardo Gassino y Jorge Taranto. 

Los tres, según una fotografía distribuida por el CECIM La Plata y publicaciones en redes sociales, estuvieron en el desfile que encabezaron el martes el presidente Javier Milei y su vice, Villarruel.

Impunidad

Las imputaciones contra esos tres militares forman parte de una causa penal que todavía está abierta en una instancia ante la Corte Suprema, con dictamen favorable a la continuidad de la Procuración General de la Nación. 

En 2022, el procurador general interino eterno  Eduardo Casal recomendó a la Corte dejar sin efecto el fallo que rechazó que las torturas a soldados en Malvinas hayan sido delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, los declaró prescriptos.

“El fallo merece ser descalificado en los términos de la doctrina de la arbitrariedad por haberse abocado a la consideración de una sentencia no definitiva y reemplazado el criterio de los jueces a cargo de la instrucción en materia propia mediante un examen parcial de las cuestiones pertinentes”, sostuvo el dictamen.

Ese mismo año, el fiscal Rapoport sumó otros 22 casos de torturas y dos de abuso sexual cometidos contra soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) Número Tres.  Aquel pronunciamiento del Ministerio Público incluyó por primera vez delitos sexuales, hechos de antisemitismo y actividades de inteligencia ilegal sobre los ex combatientes después de terminado el conflicto bélico, cuando los sobrevivientes regresaron al continente.

Foto: Mariano Martino

El dictamen acusatorio del fiscal Rapoport recuerda que Gassino “se desempeñaba con el grado de subteniente como jefe de la Sección Comunicación de la Compañía de Comando de RI5” (Regimiento de Infantería número cinco). El fiscal lo acusó por “imposición de tormentos” contra los soldados Jorge Ramón Diez, Carlos Raimundo Rodas,  Elvio Emilio Nis, Antonio Horacio Gallardo, Román Orlando Solís, Carlos Argentino Pereyra y Oscar Orlando Frías”.

Los tormentos de los «héroes»

Taranto, por su parte, tenía el grado de subteniente y era el  Jefe de la Sección de Apoyo de la Compañía B del RI5. El ex combatiente Gustavo Andrés Nadal –dice el dictamen-, «relató haber sido estaqueado por orden de Taranto». Según su declaración, “el cabo Hernández lo lleva haciéndolo con saltos de rana hasta la carpa en que estaba Taranto, quien le dice a Hernández que lo hagan estaquear y así permaneció durante cinco o seis horas».

Otro soldado que combatió en las islas, Daniel González Martínez declaró que «Taranto los bailó por creer que él y Prado (otro  conscripto) había robado comida y dijo que mientras hacían los movimientos vivos les disparó seis o siete veces a las piernas y que los golpeaba con un baquetón de acero».

«Taranto lo hizo estaquear por matar una oveja para comer», añadió. 

Juan de la Cruz Martins, también un joven combatiente, relató que “el hambre y la debilidad hicieron que se duerma durante una guardia”. Taranto lo castigó: “vino y me mete la cabeza con el agua fría y nos apretaba la cabeza contra el agua. Me decía que me iba a matar».

En mayo pasado, el fiscal pidió la detención y declaración indagatoria de Taranto ante el incumplimiento de la orden judicial de evitar el contacto por cualquier vía contra las víctimas de las torturas establecida en 2018 y ratificada en esos días. 

Emilio José Samyn Duco, subteniente que estaba a cargo de la Primera Sección de Tiradores de la Compañía C del RI5, fue acusado de uno de los hechos de mayor crueldad de todo aquel dictamen.  

El soldado Américo Aguilar refirió que “le sacaba la comida y lo castigaba con patadas, golpes y estaqueos en los que sufrió mucho frío”. Su colega José Alberto Yanevich, contó que en su caso «la orden de estaqueo la dieron Samyn Duco y Menéndez”. El fiscal Rapoport subrayó: “El estaqueamiento duró dos días durante los cuales como secuelas padeció no sólo el congelamiento y pie de trinchera sino que además la deflagración de una bomba durante un bombardeo, mientras permanecía estaqueado, le ocasionó ceguera absoluta, que aún padece».

La Justicia de primera instancia y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia habían considerado que las torturas aplicadas por los mandos militares a los soldados durante  el conflicto bélico debían ser considerados delitos de lesa humanidad y, por consiguiente, imprescriptibles. 

Pero la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese criterio y cerró la causa. El fallo fue apelado por la organización de ex combatientes pero también por  la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Casación Penal. 

Desde 2021, la causa está a la espera de un fallo de la Corte Suprema.