Entre las muchas repercusiones por el anuncio de la adquisición de millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, hay una que ya empieza a motivar airadas protestas del terraplanismo autóctono. Y es la cuestión de la obligatoriedad de inmunizarse.
Con toda lógica, y como lo prescribe desde hace décadas el Calendario Nacional de Vacunación para otras enfermedades infectocontagiosas, la vacuna será obligatoria. Es, como más temprano dijo Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, “una cuestión de salud pública, de solidaridad”.
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En declaraciones al canal A24, Medina agregó que, «por supuesto, nosotros confiamos en que la población rápidamente va a querer vacunarse; confiamos más en la persuasión y la comunicación, no tenemos interés en hacer algo persecutorio. En la medida en que logremos una amplia inmunidad, evitamos también la difusión del virus, y por supuesto evitamos que las personas de riesgo utilicen los sistemas de salud y ocupen todas las camas».
¿Qué pasaría si alguien no quisiera aplicarse la vacuna? “En ese caso –respondió Medina, todos los que nos apliquemos la vacuna, de alguna manera, lo vamos a proteger también, porque vamos a estar generando un escudo para que se le haga más difícil al virus entrar. Después evaluaremos si resultan ser un riesgo para la salud pública las personas que no se apliquen la vacuna, y cuando tengamos una evaluación clara veremos qué medidas se van a tomar”.
Medina advirtió que el Congreso votó la obligatoriedad de la inmunización contra el Covid-19. En realidad, esa controversia, que dio vueltas en redes sociales tres semanas atrás, ya fue saldada. El texto del proyecto de ley que declaró de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de estas vacunas, y que a futuro busca generar condiciones favorables a las farmacéuticas en las negociaciones para adquirirlas, no hace referencia a la obligatoriedad de su aplicación.
Las declaraciones de Medina, en principio, hicieron algún ruido. No porque no sean razonables, sino porque la cantidad de dosis inicial cuya compra anunció el estado Nacional no bastaría para inmunizar a toda la población. Más temprano este martes, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien viajó a Rusia para cerrar la operación, había dicho: “Apelamos a que, en primera instancia, no sea necesaria la obligatoriedad”.
En las redes, la indignación antivacuna ya se había encendido apenas se supo la proveniencia de las dosis: Rusia. Pareja con todas las “dudas” de la oposición respecto de la compra a Putin, y toda la desinformación posible acerca de la efectividad de la Sputnik V, hoy en fase III de ensayos clínicos, como todas las otras.
En las cuentas de los “libertarios”, movimiento que se nutre de un fuerte componente antivacuna, ya se habla de un “amparazo nacional” contra la “aplicación compulsiva” de la inmunización contra el Covid-19.
No es un escenario extraño. Está pasando en todo el mundo. En Brasil, donde una de las vacunas con mayores chances de ingresar era la china de Sinovac, el gobernador paulista Joao Doria habló de la obligatoriedad e inmediatamente se generó una marcha de protesta, azuzada por el propio Jair Bolsonaro. “El pueblo brasileño no será el cobayo de nadie. La vacuna obligatoria aquí es sólo para los perros”, dijo el presidente.
En la Argentina, la ley 22.909 establece que las vacunas son gratuitas y obligatorias. ¿Por qué? El sitio de la Fundación Huésped entrega esta explicación: «Es una política pública que prioriza tanto el beneficio individual como el impacto social. Son gratuitas porque es responsabilidad del Estado asegurar su acceso en todo el país. Son obligatorias porque además de protegernos individualmente, si nos vacunamos todos se interrumpe la circulación del virus, y así se benefician también aquellas personas que no pueden vacunarse».
¿Por qué es importante que nos vacunemos? “Porque así evitamos enfermarnos y transmitir enfermedades a otras personas. Y si cada vez somos más las personas vacunadas, las enfermedades pueden eliminarse o erradicarse.”
Argumentos altruistas que en la Argentina de los últimos meses se han desvanecido al ritmo de las marchas por la libertad de contagiar y de los mensajes anticuarentena de los medios corporativos.
Es evidente que la discusión real por la obligatoriedad probablemente se dispare más tarde que temprano, quizás hacia 2022. En el corto plazo habrá colas en vacunatorios y hospitales de gente que sí anhela inmunizarse, para protegerse y proteger a los demás, y que las dosis no serán suficientes.
Por lo pronto, los antivacunas y los negacionistas, que lamentablemente son cada vez más, repetirán su conducta de estos ocho meses de pandemia. Como afirmó el sociólogo Daniel Feierstein, entrevistado dos meses atrás por Tiempo, “el responsable cuida al otro y el irresponsable está jodiendo a todos”.
