Utilizar menos artefactos eléctricos, bajar el consumo de gas incluso a costa de pasar frío, reducir los viajes al mínimo indispensable, adquirir menos alimentos y productos de consumo masivo en general. Esas son algunas de las recetas a las que están recurriendo los argentinos para capear la crisis.
El obligado esfuerzo se traduce en estadísticas impensadas pero reveladoras, como la del menor uso de los servicios públicos. Un informe publicado en la última semana por el Indec muestra hasta dónde se sienten las consecuencias del ajuste en las tarifas y de la retracción en el poder adquisitivo de la población provocados por el modelo económico que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El relevamiento gira en torno a la utilización de los servicios públicos tanto por parte de los consumidores particulares como de las empresas. Allí se recopilan mensualmente los datos correspondientes a la demanda de gas, energía eléctrica, agua, los viajes en medios públicos, rutas y autopistas con peaje, el transporte de carga, la recolección de residuos, servicios telepostales y la telefonía.
Con esa información se elabora un indicador que en junio arrojó una caída de 2,9% contra mayo y de 4,2% con relación al mismo período de 2023. Es la novena vez consecutiva en que se registra una baja de la tendencia-ciclo (recurso estadístico que aísla la serie de la influencia de factores estacionales o extraordinarios): la última vez que el índice subió con relación al mes anterior fue en octubre del año pasado.
Al interior del trabajo se encuentran datos que pintan la situación con mayor crudeza. Así sucede, por ejemplo, en el consumo de gas natural en todo el país, que bajó 16,3% en un año: en junio se demandaron 3449,9 millones de metros cúbicos, contra 4120,2 millones de un año antes, según datos surgidos de los registros del Enargas. Algo parecido sucedió con la energía eléctrica: se demandaron 12.125 gigavatios-hora (unidad utilizada para medir consumos a gran escala), un 6,9% menos que en el mismo mes de 2023.
Tarifazos
En ambos ítems pesaron fuerte los incrementos en las tarifas a los usuarios residenciales. Según la estimación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, el gasto que debieron abonar los consumidores para cubrir la denominada canasta de servicios públicos (electricidad, gas, agua y transporte público) subió 380% desde noviembre de 2023 hasta agosto último. Una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del nivel N1, sin subsidios, gasta en promedio $ 144.433 para esas necesidades.
Los aumentos de ese período (que en el caso del gas natural significaron una suba de 1142%, según el IIEP) se vieron potenciados por cuestiones estacionales y también por algunos subterfugios contables que permiten que las empresas aumenten su facturación muy por encima de lo establecido por las autoridades. Según un trabajo realizado por el periodista Javier Slucki, en colaboración con las organizaciones Unión de Usuarios y Consumidores y Adecua, muchos clientes de Edenor y Edesur fueron recategorizados y por lo tanto pagan el servicio a valores unitarios mucho más caros que antes.
“La recategorización de esta escala por consumo se hacía antes una vez al año, pero con (Mauricio) Macri esto cambió y ahora se hace cada dos meses, confirmaron fuentes de Edenor. Esto no contempla estacionalidad, así que te recategorizaron en algún momento del invierno sin que lo sepas”, explicó Slucki en sus redes sociales. “El punto es que, al recategorizarte, pasás a pagar más cara la energía, tanto el cargo fijo como el cargo variable”, detalló.
La abrupta caída en la demanda está relacionada no sólo con el comportamiento de los clientes residenciales sino con las industrias, que están trabajando muy por debajo de su potencial debido a la recesión. Según informó el propio Indec el último jueves, el sector manufacturero usó en julio apenas el 59,7% de su capacidad instalada. Dicho de otro modo, dos de cada cinco líneas de producción están paradas.
Menos viajes
Otro caso ilustrativo es el transporte, en el que el gobierno avanzó con potencia en la quita de subsidios. El caso típico es en el AMBA, donde el valor del boleto mínimo en colectivos se multiplicó por siete (pasó de 53 pesos a $ 371). Así, bajaron un 10,4% los viajes en servicio público automotor; un 8% los del servicio ferroviario y un 24,3% los del subte y Premetro.
La menor actividad fue ratificada por Aaeta (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor), una de las cámaras que agrupa las líneas de colectivos. Según su cálculo, la cantidad de pasajeros entre enero y agosto bajó 6,6% con relación al mismo lapso del año pasado y está 18% por debajo del promedio en 2018. Las transacciones hechas con la tarjeta SUBE en el área metropolitana sumando trenes, colectivos y subte bajó de 2276 millones en los ocho primeros meses de 2023 a 2136 millones este año.
La misma entidad llamó la atención de lo que sucede en el subte, donde la tarifa se multiplicó por ocho desde diciembre pasado (de 80 pesos a 650) y hubo un “efecto desplazamiento” hacia otros medios de viaje. Por eso, sumado a otras deficiencias del servicio, la cantidad de pasajeros bajó 10% con relación al año pasado y 32% desde 2017. “Se acentúa el declive del subte en dicho período, a pesar de la extensión de las líneas H y E”, puntualiza el trabajo.
Nada para tirar
La crisis también se siente en la generación de basura por los hogares, estadística considerada como un “proxy” bastante fiel del consumo (a mayor cantidad de compras de alimentos y otros productos, más desechos y desperdicios). Al respecto, los números del Ceamse son ilustrativos. Los residuos sólidos urbanos depositados en los rellenos sanitarios administrados por ese organismo bajaron un 12,9% interanual. Las 464.665 toneladas enterradas en junio de este año marcaron un piso de los últimos 10 años.
Si bien los analistas lo relativizan por un auge de la economía circular (el reciclado de los residuos para reutilizarlos como insumos básicos), también esa tarea, al igual que la proliferación de recuperadores informales, es una muestra de los rebusques a los que los sectores más vulnerables deben recurrir para pelearle a la crisis. «
