El nuevo acuerdo con el FMI firmado por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán en marzo de 2022 bajo la forma de «metas», reabrió una etapa de creciente distribución regresiva del ingreso. Así lo asegura el estudio realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas dirigido por los economistas Claudio Lozano y Ana Rameri.

El informe difundido en los últimos días se basa en los datos de Cuenta de Generación de Ingresos e insumo de mano de obra (CGII) que difunde de manera trimestral el INDEC y mide la denominada distribución funcional del ingreso.

A diferencia de la medición de distribución del ingreso personal que surge de la Encuesta Permanente de Hogares y releva los ingresos de las distintas familias en sus hogares y cómo se distribuyen entre deciles, la CGII realiza la medición desde el punto de vista de la apropiación del valor agregado que obtienen las distintas clases sociales que participan del proceso de la producción.

Dicho de otra forma, conlleva una estructura de clases definidas no por el ingreso (y su capacidad de consumo) tal como sostienen las corrientes neoclásicas que pregonan la teoría subjetiva del valor sino desde el punto de vista del lugar que ocupan las personas en el proceso de la producción en sintonía con la teoría objetiva del valor sostenida por la escuela clásica de Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx.

A partir de allí se analiza la evolución en la apropiación del valor agregado bruto de la economía durante el primer semestre de vigencia del nuevo entendimiento con el organismo internacional. Para Lozano, esa firma interrumpió un breve ciclo de “moderación del ajuste que se dio en el oficialismo a raíz de la derrota electoral de mediano término”.

FMI, acuerdo y datos

De los datos surge que, en los meses posteriores a la firma del acuerdo, los trabajadores asalariados resignaron 2,2 puntos porcentuales del PBI en sus ingresos mientras que “las formas no asalariadas” de ingreso sumaron 1,7 puntos adicionales. En el mismo período, el excedente de explotación bruto, equivalente a las ganancias empresarias se incrementó en 3,5 puntos porcentuales. El diferencial de 0,2 puntos, asegura el IPyPP, se explica por la quita de subsidios a las empresas energéticas que, por otra vía, afrontaron las familias a través del impacto inflacionario de la suba de tarifas.

Pero además, si se analiza la distribución funcional del ingreso omitiendo el empleo en el sector público y, por lo tanto, presentando la relación entre capital y trabajo en forma pura, la caída en la participación de los salarios se eleva hasta 4,5 puntos porcentuales mientras las ganancias escalan 4,2 puntos porcentuales.

Traducido en términos absolutos se trata de una pérdida equivalente a 2,7 billones de pesos  que, a valor de dólar oficial, implican una transferencia de recursos equivalente a U$S 20.250 millones (alrededor del doble si se lo tomara al valor del dólar paralelo), de los cuales U$S 19.191 millones fueron a alimentar la rentabilidad empresaria y el resto a las arcas del Estado por la vía de la reducción de los subsidios.

Ese proceso de apropiación regresiva del valor agregado de la economía se dio en el marco de un crecimiento económico. Por eso, destaca el informe, “la mayor actividad no tuvo su correlato en la generación de empleo” aunque sí, señala, “en un mayor contenido de precariedad”. Para Lozano y su equipo “el ritmo de aumento de los puestos de trabajo precarios e ilegales triplica el trabajo formal”. Dicho de otra forma el mayor crecimiento “encuentra su fundamento principal en la sobre explotación de mano de obra”.

Allí resulta necesario incorporar otra dimensión que es la salarial e inflacionaria. Para el IPyPP, “la masa salarial junto con la del ingreso mixto, es decir el conjunto de ingresos que logra reunir la fuerza de trabajo -asalariada o no- perdieron cerca de 4 puntos porcentuales del producto generado, al tiempo que la productividad aumentó por debajo de esa magnitud (considerando el crecimiento económico de ese período, del 2,7%) lo que termina de explicar tal caída es la pérdida relativa del salario y los ingresos en relación con el resto de los precios de la economía”.

Es que, puntualiza, en el período “el deterioro real de las formas salariales en su conjunto (estén o no formalizadas) es del 6,1% y equivale al 5,7% para el caso de los ingresos provenientes de inserciones por fuera de la relación salarial (sea autoempleo de subsistencias, trabajo en cooperativas, etc)”.

Una mirada de mediano plazo

El estudio, además, aporta una mirada de mediano plazo. En particular desde el año 2016 que dio inicio a una fase de distribución regresiva del ingreso funcional. Es que, por entonces, la apropiación del ingreso de los asalariados superaba el 51% y, con sus ciclos particulares, dio inicio a un período de franca transferencia de recursos de los asalariados en favor de los capitalistas.

Para el IPyPP, en el período se verifica una “escandalosa expropiación de ingresos al trabajo”. Es que, puntualiza, “si en la actualidad la pauta distributiva fuera la misma que la existente al comienzos del 2016, la masa salarial debería ser de 38 billones en lugar de 31,9 billones”. La totalidad de esa suma, más 4 mil millones de dólares adicionales propios del crecimiento de la economía, «engrosaron las cuentas del sector privado de las grandes firmas».

El informe analiza que “si descontamos a esta diferencia la expansión de ingresos en manos de las formas no asalariados (que se expande, no por mejora retributiva sino por mayor población que vive del rebusque) surge que la resignación de ingresos experimentada es de $5,3 billones de pesos, es decir, U$S 39.761 millones”.

Más en particular, el IPyPP señala que “la mayor pérdida de participación de la masa salarial se experimentó durante el período 2016- 2019: de los U$S 45.000 millones menos que disponen los/as asalariados, U$S 32.000 millones los arrebató la política económica del gobierno que encabezó Macri, es decir, el 73% del total transferencia negativa de la masa salarial”.

Sin embargo, explican, “el repunte de las formas no asalariadas que despegaron con mayor fuerza durante el primer período logró amortiguar esa caída y equiparó la responsabilidad entre ambas gestiones”.

Por eso, del análisis del fenómeno a escala de siete años y dos gestiones gubernamentales de signos políticos diferentes surge que “la fuerza de trabajo en su conjunto resignó ingresos ante la caída de su participación que se distribuyó USD 21.624 millones durante el gobierno de Cambiemos y USD 18.137 millones en lo que va de gestión del Frente de Todos”.

Del otro lado, “la expansión de los subsidios a la producción direccionada a reforzar el excedente empresario se dio en ambos períodos en magnitudes similares (USD 1.734,2 millones con Cambiemos y USD 2.247,8 millones con FdT) lo que condujo a que USD 23.358 millones fueron cedidos hasta el 2019 y otros USD 20.384,6 millones luego”.