La Nación dejó de enviar a las provincias más de 1,5 billones de pesos en el primer cuatrimestre de este año. El monto surge de la disminución de los giros automáticos por coparticipación federal, originado en la fuerte caída en la actividad económica y su consecuente menor recaudación impositiva. A ello se suma el corte casi total de las transferencias discrecionales (pagos de obras públicas y los ya casi extinguidos Aportes del Tesoro Nacional).

El cálculo fue realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que estimó, en base a los datos del Ministerio de Economía, que las transferencias corrientes a las provincias entre enero y abril de este año se redujeron en $ 751.736 millones y las destinadas a gastos de capital bajaron en $ 799.832 millones, siempre en comparación con el primer cuatrimestre de 2023. Los valores están expresados en pesos de abril último.

Así, la disminución en las remesas a las 24 jurisdicciones (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) significó el 14% de los 11 billones de pesos en que cayó el gasto de la Administración Pública Nacional. En ese tijeretazo se origina el sonado superávit enarbolado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La cifra puede ser mayor si se incluyen otros rubros con impacto directo en las provincias o en sus habitantes. Allí se engloban la caída en jubilaciones y pensiones, el recorte de programas educativos y de presupuesto para las universidades y los subsidios a la energía y al transporte, entre otros ítems, que en mayor o menor grado son soportados por todos los argentinos.

En mayo podría haber un desahogo: de acuerdo a las planillas diarias de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, que depende de Economía, los giros de los días 16 y 17 de este mes totalizaron casi dos billones de pesos gracias al vencimiento de Ganancias afrontado por las empresas que cerraron su balance en diciembre. Eso podría llevar a que las provincias, por primera vez en el año, salgan ganando en comparación con 2023.

Aún así, el panorama para las provincias es desolador. “Teniendo una perspectiva de los últimos 9 años, el monto de las transferencias automáticas reales totales del primer cuatrimestre sería el peor” de ese período, expresó en las redes sociales su director, Nadín Argañaraz. “Solamente por el impacto de transferencias nacionales automáticas y no automáticas, el ingreso de las provincias habría caído entre un 1,8% y un 36,4% real en el primer trimestre. Son grandes caídas”, agregó.

La canilla se cerró principalmente por el lado de las transferencias discrecionales. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), «se observan drásticas caídas en la mayoría de los programas. En el caso de las transferencias vinculadas a actividades educativas, de salud y de la seguridad social, se observan caídas superiores al 80% en el FONID, del 60% en los Seguros Públicos de Salud, y 51% en programas de Gestión Educativa. En el caso del Fortalecimiento de Infraestructura Sanitaria, las Cajas Previsionales Provinciales y el programa de Políticas Alimentarias la caída es del 100%».

Detrás de esos números surgen consecuencias para cada administración provincial y para la gente: obras paralizadas, menor actividad económica y sueldos insuficientes, sobre todo en el sector público, ya que los gobiernos no sólo pierden recursos sino que deben suplantar el rol de asistencia que históricamente ofrecía la Nación.

Las protestas en Misiones son una muestra. Según el presupuesto provincial, el gobierno esperaba contar en 2024 con ingresos por $ 1,083 billones, de los cuales el 70 por ciento ($ 750 mil millones) iban a ser aportados por el gobierno federal. Pero además había financiamiento nacional previsto por otros $ 193 mil millones para programas como Argentina Hace, Fondo de Integración Socio-Urbana, Renabap (barrios populares), Casa Propia (construcción de viviendas), Enohsa (obras de saneamiento hidráulico) y de la Dirección Nacional de Vialidad. Todo eso quedó en el aire por los recortes que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.