La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) monitoreó el despliegue y uso de la violencia por ejercida parte de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones que se realizaron al Congreso y presentó -junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– un informe ante la Cámara de Diputados de la Nación reclamando que se tomen medidas para impedir la repetición de los graves hechos ocurridos durante la protesta social.

Explican que durante los días que la Cámara de Diputados debatió la Ley “Bases” -que este martes se resolvió que volverá a sesión- las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un operativo represivo e ilegal que produjo: “Veintitrés detenciones arbitrarias, doscientas ochenta y cinco personas lesionadas, heridas con postas de gomas y gas pimienta, treinta y cinco periodistas y cinco activistas de Derechos Humanos también sufrieron la brutalidad policial”, enumeró y denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en declaraciones a Tiempo.

Como ciudadanos “tenemos derecho a participar en la protesta social y expresarnos libremente, pero las fuerzas de seguridad salieron directamente a reprimir vulnerando la Ley vigente y los Pactos Internacionales”, argumentó el letrado. Se manifestaron de manera pacífica y “el gobierno nacional ordenó un operativo de seguridad desmedido para aplicar el protocolo antipiquetes, argumentando que el objeto era liberar las vías públicas de circulación”, reconstruyó.

Precariedad institucional

La cantidad de hechos de represión que hubo “demuestra que las fuerzas de seguridad actuaron por fuera de los protocolos normados para los procedimientos, atacaron a personas que estaban en la vereda y la plaza, violaron todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social”, señaló el abogado.

Tras la brutal represión y las declaraciones públicas de la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich “quedó al descubierto que las fuerzas de seguridad están siendo ordenadas y utilizadas para ciertos fines políticos partidarios, de esta manera intentan que los manifestante dejen de protestar ante las autoridades, pero es un derecho y una garantía del funcionamiento del sistema democrático que en Argentina exhibe 40 años en forma ininterrumpida”, remarcó el secretario ejecutivo.

Realizaron un monitoreó sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad durante los días de manifestaciones frente al Congreso. Lo hicieron junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de CABA. Porque así lo dispone la Ley Nacional N° 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura que los ampara.

Violencia institucional legitimada

Siguió relatando que procedieron en este marco, “relevamos una gran cantidad de hechos de violencia institucional contra personas que se manifestaban en forma pacífica, quienes fueron agredidos con gas pimienta y otros químicos que producen graves irritaciones en los ojos y la piel, disparos de armas de fuego con postas de goma y golpes con palos, bastones y tonfas”, denunció el secretario ejecutivo.

Cabe destacar que los despliegues de seguridad durante las manifestaciones fueron protagonizados por la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El letrado contó que “nosotros consultamos a la posta sanitaria de trabajadoras y trabajadores de la salud que estaba ubicada en la zona del Congreso, allí nos informaron que durante esos tres días al menos doscientas ochenta y cinco personas sufrieron distintos tipos de lesiones como consecuencia de la brutal represión que se desató bajo la orden del Estado nacional”.

También detalló que durante el primer día de la manifestación, “más de cientos cincuenta personas fueron atendidas por el gas pimienta, que les generó quemaduras químicas con dolores severos y lesiones ardientes”, aseguró García a este diario. Además, apuntó que pudieron observar que todos los casos “fueron cometidos de manera intencional y a corta distancia contra los rostros de las personas manifestantes, generando grandes daños en la vista y vías respiratorias”.

Brutalidad policial

En cuanto a la primera movilización el letrado dijo que, “la represión estuvo protagonizada por el Grupo de Motorizada de la Policía Federal, que avanzó contra los manifestantes, incluso atacando a quienes estaban en la vereda y la plaza, disparando con postas de goma de manera indiscriminada hiriendo a muchísimas personas”, enfatizó.

Continuó relatando que ese día desde la posta sanitaria “nos informaron que atendieron alrededor de setenta personas con heridas de impactos con postas de goma, muchas de estas encima de la cintura, incluyendo cuello y ojos, es decir, en zonas del cuerpo que está totalmente prohibido disparar, porque  así lo indican los protocolos de actuación de la fuerza pública y normativas nacionales e internacionales vigentes”, denunció el secretario ejecutivo.

Además, diez de estas personas que resultaron víctimas fueron señaladas “como código amarillo, por la gravedad de las heridas que les propinaron las fuerzas de seguridad”, dijo el letrado. También fueron atendidos manifestantes “que padecían cuadros de afección respiratoria, quemaduras en la piel, traumas en clavícula, testículos, manos y varios esguinces en distintas partes del cuerpo”, apuntó.

Una persona recibió el impacto “de un perdigón que le perforó al lado de una arteria que lleva sangre a la cabeza, a otras en los oídos”, aseveró el abogado. Completó diciendo que varios manifestantes “resultaron heridos por arriba de las tetillas con las postas de goma y un jubilado tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona”.

Al día siguiente, “la posta sanitaria nos informó que atendió sesenta y cinco personas, cuarenta y ocho de ellas afectadas por gases químicos, cinco con broncoespasmos u obstrucción en las vías respiratorias, seis personas con cortes en la cara, frente y cabeza, otras seis con traumatismos en tobillos y muñecas, todas lesiones producidas por golpes con los palos, bastones y tonfas”, repudió el secretario ejecutivo.

Represión a los Derechos Humanos y la Prensa

El abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Matías Aufieri, “recibió un disparo en el ojo y fue intervenido quirúrgicamente en forma urgente, la directora general de nuestro organismo, Sandra Raggio, recibió seis impactos de postas de goma”, denunció el secretario ejecutivo.

“A mí y al coordinador de nuestra área de Seguridad y Justicia, Rodrigo Pomares, nos arrojaron gas pimienta, la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Rocío Alconada Alfonsín, recibió un puntapié del borceguí de un policía motorizado”, apuntó el letrado. Durante estos episodios de violencia institucional, “los cuatro fuimos agredidos mientras hacíamos el monitoreo con nuestras identificaciones visibles”, agregó.

Es por todo lo sucedido que “presentamos un informe ante la Cámara de Diputados de la Nación, en el que expresamos el repudio a lo que está pasando, en el mismo señalamos la nuestra preocupación por represión a las y los trabajadores de prensa que participaron de la protesta realizando sus misiones periodísticas”, ahondó sobre la gravedad del asunto.

Todo lo que pasó durante los últimos días “es contradictorio a todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que resaltan el papel fundamental de que tienen los medios de comunicación en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia institucional cometidos en protestas sociales, como así también los organismos de Derechos Humanos para la documentación y registro de la represión estatal ejercida sobre el pueblo”, finalizó el secretario ejecutivo.