Referentes de organizaciones campesinas e indígenas de las provincias de Santiago del Estero, Jujuy y Salta realizaron una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires en la que denunciaron los graves procesos de desalojos que atraviesan desde la asunción al gobierno de Javier Milei.
“Venimos a denunciar los atropellos, despojos y criminalización a través de la violencia institucional que vivimos en la provincia de Jujuy como consecuencia de todas las políticas del gobierno de Javier Milei que ha derogado la ley 26.160 que implicaba una ley emergencia para frenar estos desalojos”, dijo a Tiempo Néstor Jerez, cacique de la Comunidad Ocloya, Jujuy. Cabe resaltar que esta comunidad enfrenta un posible desalojo judicial.
En tanto, Fabián Altamiranda, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) de la localidad Los Juríes, denunció: “El 12 de marzo pasado hemos sufrido una sangrienta represión con 26 heridos, dos familias desalojadas, se voltearon las viviendas, los ranchos. Tenemos 9 detenidos, 13 con pedidos de detención y un largo listado que la policía busca para identificar”.
Según denunció en la conferencia, que se realizó en la sede de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), luego del proceso de desalojo con la actuación de al menos 70 efectivos, se inició una persecución en contra de todas las personas de la organización y muchos de ellos no pueden, siquiera, ver a sus familias desde hace 40 días por temor a detenciones arbitrarias y criminalización.
“Pedimos el apoyo de los organismos de derechos humanos, de las universidades, de las instituciones por esta situación que se vive en Los Juríes pero también en las diferentes provincias. Tenemos heridos que no han podido atenderse porque están esperando que vayan a la posta sanitaria o al hospital para detenerlos”, aseveró. Cabe mencionar que el desalojo fue solicitado por el empresario Guillermo Massoni.
Por su parte, Julio Cruz de la comunidad kolla Guerrero denunció el brutal proceso de desalojo que sufrió su comunidad en octubre pasado, en la localidad de Tilcara. “Destruyeron todo, destruyeron nuestras casas, había patrimonio arqueológico. Actualmente estamos en la calle, no hemos recuperado nada de nuestros materiales, rompieron nuestras casas y nos cobraron multas excesivas para entregarnos nuestros animales. Ahí quedó el cementerio comunitario donde tenemos un familiar, no tenemos acceso a nada”, expresó a Tiempo. Asimismo, resaltó la preocupación por el inminente desalojo de la Comunidad Cueva del Inca en Tilcara, que este martes fue suspendido por 48 horas.
