El programa de precios esenciales no es un programa y no abarca productos esenciales para la alimentación correcta de la población y su aplicación no será controlada. En tanto, el congelamiento de las tarifas no será tal ya que los aumentos previstos se mantendrán y recaerán en los bolsillos de los usuarios.

Este balance surge de una serie de consultas con representantes de organizaciones de defensa del consumidor y especialistas en regulación tarifaria.

Los consultados por Tiempo enfatizaron los aspectos que fueron dejados de lado por las autoridades a la hora de armar las medidas que anunciaron el miércoles, y que además de precios y tarifas, incluye préstamos para jubilados y beneficiarios de planes sociales, y nuevos créditos ProCreAr con tasas de interés que acompañan la inflación, entre otras.

Pedro Bussetti, titular de Deuco, una ONG de defensa del consumidor, apuntó que  los precios esenciales incluyen «apenas 26 productos en varios formatos y marcas, lo que arroja los 64 artículos que promociona el gobierno». Por esta razón, Bussetti consideró que se trata más de «una canasta de ofertas» que de un programa. «Le falta amplitud de productos para considerar que puede incluir en las decisiones de consumo», agregó. «Una canasta de ofertas responde mejor al concepto de lo que el gobierno está lanzando, ya que implica que el consumidor puede aprovecharla en el marco de una compra mucho más amplia. De aquí no sale la alimentación de una familia», explicó.

En el mismo sentido se manifestó Osvaldo Bassano, titular de Aduc, otra asociación que defiende intereses de consumidores. «El listado de los productos que componen precios esenciales no cubre las necesidades de una familia; es más, fomenta la mala alimentación, no una de calidad», dijo.

El tema no es menor. En primer lugar porque la población ya está afectada por el consumo de productos con bajo poder proteínico. En segundo lugar, porque la medición del Indec del valor de la canasta básica incluye una variedad de productos mucho más amplia que los incluidos en precios esenciales.

El gobierno nacional ha meneado en estos días el tema de la Ley de Lealtad Comercial como garantía de aplicación de precios esenciales. Además, el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, aseguró que convocó a las organizaciones de defensa del consumidor para que colaboren con el control del programa. Pero en las organizaciones lo desmienten.

«No hemos recibido ninguna invitación», aseguró Busstti. «No nos han dicho nada, ni antes ni después del lanzamiento», dijo Bassano, quien agregó: «Si es un pacto de caballeros, que se controlen entre ellos. Esa no es nuestra tarea». Lo cierto es que no habrá nada firmado sobre lo cual pueda aplicarse la normativa.

Tarifas en alza

«El gobierno nacional no dispondrá más aumentos de tarifas de electricidad, gas y transporte público para las familias en lo que resta de año», aseguró el documento que anunció el «congelamiento de tarifas». Sin embargo, las tarifas seguirán subiendo.

«Está hecho a las apuradas, sin saber bien lo que estaban haciendo. Las pymes no pueden pagar las facturas, las industrias tampoco. No fue una decisión elaborada con seriedad», disparó a este medio el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

En el caso de la luz, los clientes de Edenor y Edesur tuvieron subas del 26% en febrero y del 14% en marzo. De un aumento total del 55% promedio para 2019, ya se hizo efectivo el 44%. El «congelamiento» corresponde sólo para las cuotas de mayo y agosto, ambas del 4%. Además, la suspensión rige sólo para residenciales y comercios, no para industriales. Según dijeron a Tiempo desde la Secretaría de Energía, «no hay certeza sobre la magnitud del alcance para comercios»; es decir, no se sabe aún si el congelamiento regirá para comercios grandes y pequeños o sólo para pequeños.

En el mismo sentido, la electricidad puede aumentar para el resto del país, ya que la distribución depende de cada provincia o municipio. La medida le cuesta al Estado nacional 4500 millones de pesos porque incrementará los subsidios. Luego de los seis meses de congelamiento, el gobierno verá cómo hace para volver a trasladar a las tarifas ese 8,1% congelado.

Marcos Rebasa, director del Observatorio de Tarifas (OTA) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), explicó: «El consumo familiar puede ser el 35% del total. Y las tarifas ya son altas. Así, la decisión no tiene incidencia en los bolsillos de la gente, en absoluto, si los sueldos no van a aumentar. No hay una mejora, sino que vamos a seguir igual de mal». Además, Rebasa aclaró: «Se congela el valor de la energía en Cammesa (mercado mayorista). La distribución es definida por cada provincia, por lo cual puede aumentar».

En el caso del gas, los aumentos anunciados a fines del mes pasado siguen su rumbo sin modificaciones. Ya aumentó un 10% en abril, subirá un 9% en mayo y un 8% en junio. En total, es una suba del 29,4%. El «congelamiento» refiere en este caso a la suba de octubre. Además, el gobierno ratificó la tarifa plana, que consiste en descontar un 22% en los meses de invierno (mayor consumo), para después anexarlo a los valores de verano (menor consumo) y así tener una tarifa similar en todo el año; es decir, a fin de cuentas no se realiza ningún descuento.

«No es verdad el congelamiento para el gas, que es de jurisdicción nacional y, por ende, también debería ir el congelamiento», opinó Rebasa. En tanto, Lorenzino argumentó: «Los aumentos grandes ya se hicieron y el congelamiento no aplica al dólar. Por lo tanto, el gas, cuya producción está dolarizada, va a seguir aumentando».

Una boleta que quedó completamente afuera del anuncio fue la del agua. Las tarifas de AySA (con concesión en Capital Federal y Gran Buenos Aires) ya subieron un 17% en enero y se mantiene el aumento previsto para mayo, del 27%. En total, la suba es del 48,6 por ciento.

Con respecto al transporte, trenes y colectivos ya aumentaron un 40%, promedio. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ya había anunciado a inicios de este mes el fin de los aumentos para 2019. «No estamos evaluando ninguna variación de los valores del transporte en el área metropolitana de jurisdicción nacional, que es la que está bajo la órbita del gobierno», dijo. Por tanto, no hay congelamiento, ya que no se suspenden aumentos previstos ni tampoco iban a producirse nuevas subas.

El único aumento de este sector que se suspende es la última cuota del subte, que ya subió este año un 31% y está a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta solo suspendió el 10% previsto para mayo.

En el caso de los peajes, ocurre algo similar que con el transporte. Las subas que ya se implementaron para los automovilistas son de hasta un 65%, con un promedio del 33 por ciento.

Lorenzino afirmó: «Pedimos la suspensión de aumentos hace dos años, cuando se sancionó la ley que después fue vetada por Mauricio Macri. Congelarlas ahora no sirve porque la gente ya no puede pagarlas. Es una tomada de pelo».

Rebasa consideró: «No aumentan más, pero siguen rigiendo los aumentos que ya se dieron, que son la mayoría. No hay un congelamiento verdadero». «

Carne para pocos

La parte de las medidas del gobierno destinada al congelamiento del precio de la carne sufrió la misma suerte que las otras, al recibir fuertes críticas por sus inconsistencias.

«Cómo van a influir en el consumo masivo de carne vacuna con apenas 480 toneladas mensuales», se preguntó Pedro Bussetti, titular de Deuco, una asociación de consumidores. El consumo mensual de carne vacuna en todo el país alcanza unas 200 mil toneladas. La propuesta del gobierno equivale al 0,24% del consumo.

Osvaldo Bassano apuntó a otro aspecto: «Van a decir que la canasta de alimentos del programa incluye carne. Pero es en cantidades tan bajas, que va a ser muy difícil conseguirla».

Los especialistas también criticaron la falta de puntos de venta para acceder a los tres cortes de res que están incluidos en la oferta. La mitad de la carne será vendida desde puestos en el Mercado Central, ubicado cerca de la Capital Federal. La otra mitad lo será desde las bocas de expendio de los frigoríficos exportadores que conforman el Consorcio de Carnes ABC. Esta entidad agrupa a una veintena de frigoríficos que están radicados en su enorme mayoría en la provincia de Buenos Aires. Tres están en Santa Fe, uno en Córdoba y otro en La Pampa.

En medios especializados llamó la atención el acuerdo al que llegaron estas grandes firmas con el gobierno. «A las empresas no les significa un gran sacrificio a cambio de predisponerse favorablemente al gobierno», dijo una fuente consultada. «Apuntan a los reintegros a las exportaciones o la quita de retenciones», agregó.

Otras medidas

El paquete de medidas anunciadas por el gobierno incluye, entre otras:

  • Más endeudamiento para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto a pesar de que distintos informes señalan que la capacidad de repago de estos sectores se encuentra cerca del límite.El gobierno hizo trascender que en el primer día de operación, la Anses recibió más de 30 mil pedidos.
  • ProCreAr e inflación. Entre las medidas para impulsar el consumo se encuentra el reimpulso de los créditos hipotecarios ProCreAr para la compra de viviendas cuyo capital e intereses se actualiza por la inflación (la famosa UVA). Pero decenas de miles de
    los que ya tomaron estos préstamos reclaman al gobierno un cambio en la fórmula por la disparada inflacionaria.
  • ¿Y los salarios y jubilaciones? Las medidas del gobierno no incluyen ningún incremento en los salarios, las jubilaciones o los planes sociales, «única manera para que se reactive el consumo», según Osvaldo Bassano, de ADUC.