Fernando Míguez, titular de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, hizo una presentación en el Juzgado con competencia electoral de La Plata porque. según denuncia, «no dejan votar a presos alojados en el penal de Marcos Paz que no tienen condena firme», lo que vulnera los derechos contemplados por la constitución nacional.
Entre los afectados, todos internos del Pabellón 7 del Módulo Residencial 2, figuran Ibar Pérez Corradi, Mariano Martínez Rojas, Oldemar Barreiro y Ariel Cantero. Los tres últimos están vinculados a la causa llamada de la «mafia de los contenedores»; el primero está implicado en el triple crimen de General Rodríguez, tráfico ilegal de efedrina y lavado de dinero; y Martínez Rojas, quien se había presentado como dueño de este diario en enero de 2016, también está acusado por la incursión con una patota en la redacción de Tiempo en julio de ese mismo año.
Para Míguez, se trataría de un intento de que los presos, al menos de ese sector, que tiene unos 80 internos para una población total del penal de 3000, no voten ante la posibilidad de que lo hagan contra el gobierno nacional o provincial. «Les dijeron que no hay urnas, que no las enviaron. Yo ahora voy a presentarme cono fiscal por el Frente de Todos para verificar que se cumpla con la ley», adelantó a Tiempo.
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Por su parte, el Servicio Penitenciario bonaerense anunció que las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se desarrollan “sin inconvenientes” en las 57 Unidades Penales de la provincia de Buenos Aires.
Desde SPB se informó que un total de 27.037 hombres y mujeres que están procesados y sin condena firme, por lo que están habilitados para emitir el sufragio, quienes eligen candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores nacionales por el distrito.
El Código Electoral Nacional establece en el artículo 3 bis: “Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos”.
Cabe destacar que las autoridades de mesa serán docentes que cumplen funciones en los establecimientos carcelarios, los que fueron designados por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, con competencia electoral en todo el territorio bonaerense. En el caso de que los internos opten por no votar, las autoridades penitenciarias deberán confeccionar un acta en el que conste que la persona privada de libertad no quiso participar de la elección, para luego enviar ese escrito a la Cámara Electoral.
