Sindicatos y sectores de la oposición manifiestan preocupación tras la privatización de la Hidrovía. La decisión del gobierno nacional fue de disolver la Administración General de Puertos (AGP) para crear la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La AGP es en la segunda empresa estatal disuelta por la actual administración, luego de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf)
La medida implica el cierre de la sociedad estatal encargada de la administración del Puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la Hidrovía del Río Paraná. Se trata de una vía clave para el comercio exterior del país.
Tras oficializarse este lunes la medida en el boletín oficial, Pedro Wasiejko, titular del Astillero Río Santiago advirtió que la decisión “esconde un negocio para beneficiar a las empresas privadas”. En ese sentido, en diálogo con Tiempo, señaló que la administración que hizo la AGP en estos tres años dejo un “saldo positivo”, pero con esta medida el gobierno de Javier Milei quiere “volver al mismo sistema que se uso en el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo”.
El nuevo organismo tendrá la responsabilidad de administrar la Hidrovía y unificará funciones que para la Casa Rosada estaban “dispersas” en otros entes. “La Agencia Nacional de Puertos y Navegación asumirá tareas que antes estaban fragmentadas entre varios organismos, eliminando redundancias y generando un ahorro sustancial para el Estado. Este es un paso firme hacia una gestión más eficiente y moderna», había afirmado días atrás el vocero presidencial Manuel Adorni.
En ese punto, Wasiejko explicó que, durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández, la administración del canal troncal que se había privatizado en la década de 1990 pasó nuevamente a manos del Estado. “Bajo la gestión de la AGP sólo en el primer año se generó un superávit de 19 millones de dólares que se reinvirtió en mejoras en el sistema. Sólo para dar un ejemplo, el superávit del primer año se reinvirtió, entre otras cosas, en el recambio de claraboyas provistas en un 95% por empresas nacionales. También se implementó tecnología que puede hacer un seguimiento en tiempo real de la ubicación de las embarcaciones y cámaras de seguridad que utiliza el Ministerio de Seguridad”.
Wasiejko sostiene que la eliminación de la AGP termina siendo “un negocio formidable”, ya que se pretende hacer la licitación del canal troncal a 30 años renovable por otros 30, sin pedir nada a cambio”.
“El principal objetivo es que no quede ninguna herramienta del Estado para administrar el canal troncal-remarcó-. Si el día de mañana hay un cambio de gobierno, no va a existir ninguna herramienta que permita hacer esa administración sino que se tendrá que volver a crear de cero”.
Empresas chinas
El alineamiento de Milei con el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump y su política de guerra comercial con China empieza a mostrar sus consecuencias. En ese punto, Wasiejko se refirió a un artículo “condicionante” de la resolución. Se trata del que establece que “quedan excluidas de participar de la licitación las personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”.
“Está orientado a que no pueda participar alguna empresa dragadora China que tenga acciones del Estado Chino-explicó Wasiejko-, lo cual es una discriminación absoluta y viola todos los acuerdos de comercio”.
Un ejemplo es Shanghai Dredging, filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda automáticamente fuera de la competencia debido a su carácter estatal, ya que no opera como una firma privada tradicional. La misma trabaja proyectos de infraestructura como dragado y mantenimiento portuario y desempeña un papel central en las ambiciones geopolíticas y militares de China.
