Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que la patota que ingresó al organismo en 2007 sigue instalada en sus oficinas, y advirtieron que el gobierno de Mauricio Macri mantiene las condiciones de precarización laboral al no cumplir con un compromiso de pase a planta del personal contratado. Y aseguraron que estas condiciones recrean la posibilidad de una nueva estafa en las estadísticas nacionales.

En abril pasado, ya bajo la gestión de Jorge Todesca, la patota amedrentó a la técnica Cynthia Pok, responsable de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), al punto de romper vidrios de su oficina. «Las denuncias están en manos de la justicia», dijo a Tiempo Raúl Llaneza, delegado general de la Junta Interna de ATE Indec. Pok aseguró la semana pasada, en una entrevista con Radio 10, que «la patota de Moreno sigue intacta y goza de buena salud».

En enero de 2007, el gobierno nacional intervino de hecho el Indec. Guillermo Moreno encabezó la tarea de manipular las estadísticas, primero de inflación, y luego de empleo y crecimiento económico. La resistencia de los trabajadores, que incluyó un paro de varias semanas, fue doblegada por medio de una patota que llegó a tener unos 40 integrantes, a cuyo mando se encontraban los llamados «12 apóstoles», que recibían unos 2 millones de pesos mensuales para premiar a su tropa. La otra vía para superar la resistencia fue el desplazamiento de los técnicos que se oponían a Moreno.

«Llegaron a codirigir el instituto», aseguró Carlos Achigar, delegado y técnico del Indec. Ahora, sus cabecillas, como José Luis Blanco, siguen en la institución como delegados de UPCN, el otro sindicato de trabajadores del Estado. Los delegados indicaron que «es una situación irritante ver cómo un tipo que no trabaja y que amenazó a tu familia cobra más que vos». Si bien los representantes de ATE reconocieron que la relación de la dirección del organismo con la patota es más distante, «el hecho de que se haya mantenido el statu quo se debe a que UPCN es quien le garantizó al gobierno de Macri la posibilidad de los despidos masivos en el Estado».

La presión de la patota se suma al incumplimiento de la promesa de reincorporar a los técnicos desplazados y pasar a planta permanente a los contratados. Achigar recordó que los delegados de ATE se reunieron con Macri el 2 de septiembre de 2015 como parte de una ronda de encuentros con candidatos presidenciales. Allí, el ahora presidente prometió que garantizaría el regreso de todos los técnicos y el pase a planta a todos los trabajadores. Llaneza indicó que «no hay normalización posible si no hay pase a planta de todos los trabajadores. El 70% sigue con contrataciones precarias. Esa es la llave que permitió ingresar a la intervención, avanzar con los desplazamientos de los técnicos y los despidos y con la manipulación del llamado ‘fraude patriótico’. No es un problema metodológico. Antes hubo manipulación. Ahora, sin estabilidad, la posibilidad queda latente».

Ana Laura Lastra, también delegada de ATE, indicó que Todesca prometió el regreso de los técnicos que habían sido desplazados. «Sin embargo, hay compañeros que nunca fueron convocados. Se necesitaba gente que sacara los temas políticamente más críticos e inmediatos como el IPC». El resto sigue esperando. «

Un IPC «acotado»

Las debilidades de la actual medición de la inflación no estarían determinadas por la manipulación directa de los datos sino porque se trata de un IPC limitado al área metropolitana de Buenos Aires a diferencia del IPC(nu), que tenía alcance nacional.

Los delegados de ATE aseguran que, si bien «es la mejor medición posible según las exigencias políticas», todavía se trata de un «IPC acotado». El desplazamiento de Graciela Bevacqua, en febrero, se debió a su rechazo a las condiciones que quería imponer la nueva gestión. Bevacqua exigía nueve meses para elaborar un IPC basado en una nueva estructura del gasto surgida de una nueva encuesta nacional de consumo (la realizada en 2014 fue desechada por la propia intervención). Pero el gobierno sólo le otorgó dos meses.

La actual medición también presenta debilidades por la reducción de la canasta de productos que mide, la que no fue actualizada.
Así, el IPC está hecho a los apurones y condicionado por los ritmos políticos y no por las exigencias técnicas.