En el primer día de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, familias, cooperadoras y gremios denunciaron que el Gobierno porteño no habilitó las condiciones para un regreso seguro que evite contagios por COVID-19. El sindicato Ademys realiza un paro de 72 horas y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) relevó edificios que no pudieron abrir. Además, docentes mayores de 60 años presentaron amparos masivos, una medida que también evalúan otros grupos de la comunidad educativa.

Desde la mañana, el sindicato mayoritario realizò la Verificación Técnica Escolar e informó que no se cumplió con el anuncio de la ministra de Educación, Soledad Acuña, de presencialidad total. “Lo que  vemos es que no se cumple con la idea de todos los chicos, todos los días, cuatro horas. Se está volviendo de manera gradual acorde a la realidad de cada edificio. Muchas escuelas no pudieron abrir por razones de infraestructura  o por casos de COVID-19 probados en los testeos de los últimos días. Otras están aplicando protocolos acordes a la realidad de su edificio. Vimos lugares donde no llegaron la totalidad de las mascarillas o los insumos para la higiene”, le dijo Paula Galigniana, secretaria de Comunicación de UTE, a Tiempo Argentino. Según el cronograma, hoy comienzan los jardines maternales, nivel Inicial, primer ciclo de Primaria (1.ᵉʳ, 2.° y 3.ᵉʳ grado) y primer ciclo de Secundaria (1.ᵉʳ y 2.° año). Mientras que el 22 de febrero arrancan el resto de los cursos de Primaria y 1 de marzo los del Secundario.

A través de una conferencia de prensa realizada esta mañana frente a la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios, el colectivo de Familias por un Retorno Seguro denunció el inicio de clases presenciales “sin condiciones epidemiológicas, sanitarias ni de infraestructura”. Además, leyeron una carta abierta al presidente Alberto Fernández y a Horacio Rodríguez Larreta, con más de 5800 firmas, en la que se declararon en alerta y afirmaron que trabajadores y trabajadoras no tienen insumos necesarios para realizar su labor. “El retorno de manera obligatoria, inconsulta y arbitraria pone en peligro la salud física y psíquica de nuestras infancias y adolescencias”, leyó Carolina Gaetmank, integrante de la agrupación. Además, pidió un protocolo consensuado y que se otorgue la posibilidad de teletrabajo para madres y padres de menores de 14 años. Por otra parte, desde Vacantes para Todxs alertaron sobre “una catástrofe educativa y sanitaria”. “No han anunciado reformas de infraestructura en lo inmediato ni cómo han planificado la red de transporte público para que no colapse con la incorporación del 100% del alumnado a las aulas. No han hecho nada para sostener la presencialidad del mismo modo que hicieron nada para sostener una virtualidad de emergencia”, afirmó Gabriela González en representación del grupo. En ese sentido, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez admitió que no hay un protocolo específico que garantice la prioridad de estudiantes y docentes en el transporte público. “Pedimos la colaboración de vecinos y vecinas para que cuando lleguen a una parada y se encuentren con niños o jóvenes esperando, le den la prioridad”, le dijo el funcionario a radio AM 750.

La secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, denunció que el gobierno manda a los docentes “como conejillos de india a un escenario donde van a subir los contagios” y ratificó el paro por 72 horas. “Están abriendo las escuelas sin poner un solo peso de inversión para garantizar las condiciones en los baños, sin comprar elementos. Ya vimos que el transporte arrancó saturado. Plantean un protocolo de burbuja completa donde los estudiantes pueden estar de a 30 en un aula y esta presencialidad no garantiza protección”, afirmó la gremialista.

Silvina Prado del Grupo de Litigio Estratégico adelantó que evalúan presentar amparos judiciales para que se garanticen las condiciones sanitarias. “Estamos cansados, vamos a tener que meter amparos para que puedan concurrir a las escuelas de manera segura.  Desafortunadamente, de acá a 15 días los casos van a subir. Ellos dicen que están garantizadas las condiciones sanitarias y ni siquiera pueden garantizar vacantes. No pueden obligar a las familias a que lleven a sus chicos a las escuelas. ¿Cuántos docentes están en más de una escuela? Estoy muy triste, es horrible la situación. Vamos a tener que seguir batallando judicialmente”, anticipó la abogada. UTE también realizó medidas en el mismo plano: se enviaron alrededor de 500 presentaciones a los tribunales porteños para evitar que mayores de 60 años o quienes convivan con personas del grupo de riesgo no asistan a las escuelas y trabajen de manera remota.

Desde Delegadas y Delegados de Cooperadoras Escolares indicaron que hay escuelas a las que no llegaron los recursos suficientes. Gustavo Alonso pidió que se garanticen los kits de cuidados sanitarios para todas las insitutciones. “Se necesita personal auxiliar capacitado para el cumplimiento de las tareas y un cronograma de limpieza para todas las escuelas. Además, se requiere personal docente suficiente para garantizar la actividad presencial y virtual y el acompañamiento de las necesidades pedagógicas”, indicó.