El gremio ATE denunció que cuatro mil trabajadores estatales de la provincia se podrían quedar sin trabajo el próximo 26 de mayo, día en que vence la ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica que brinda el marco legal a sus contratos.
La situación fue planteada por carta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Se trata de trabajadores que poseen contratos autónomos en distintas áreas del Estado; por caso, 800 pertenecen a la Dirección General de Cultura y Educación, 520 al Ministerio de Infraestructura, 470 a la Jefatura de Gabinete y 360 a IOMA, entre otros.
El secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi, explicó que «al vencerse la ley, unos cuatro mil trabajadores y trabajadoras quedan sin resguardo y caerán en la incertidumbre de si siguen o no trabajando, ya que sus tareas estaban enmarcadas en la Emergencia».
El dirigente consideró que «es necesario estar en estado de alerta y movilización, ya que este gobierno ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de los despidos y muy probablemente deje sin trabajo a los contratados». Y exigió que una vez vencida la ley «no se vuelva a aplicar una herramienta de desguace del Estado y se inicie el pase a planta permanente de todos los contratados».
De Isasi también le pidió al gobierno bonaerense que «cambie el rumbo en la política salarial llamando a paritarias, garantice la estabilidad laboral pasando a planta permanente a los precarizados y optimice las condiciones de trabajo dignas de todos y todas».
La emergencia administrativa y tecnológica fue aprobada por pedido del Ejecutivo, por primera vez en 2016, y prorrogada cada año, la última vez en abril de 2018. Fue una ley muy resistida por los gremios en su momento debido que flexibilizó el régimen de contratación en el Estado bonaerense al estipular que la celebración de un contrato «no generará una expectativa o derecho a prórroga ni creará una relación de dependencia».
Desde el gobierno de Vidal aseguraron a Tiempo que «se volverá a prorrogar la emergencia» en las próximas semanas y pidieron llevar «tranquilidad» a los trabajadores.
La situación fue planteada por carta a la gobernadora María Eugenia Vidal. Se trata de trabajadores que poseen contratos autónomos en distintas áreas del Estado; por caso, 800 pertenecen a la Dirección General de Cultura y Educación, 520 al Ministerio de Infraestructura, 470 a la Jefatura de Gabinete y 360 a IOMA, entre otros.
El secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi, explicó que «al vencerse la ley, unos cuatro mil trabajadores y trabajadoras quedan sin resguardo y caerán en la incertidumbre de si siguen o no trabajando, ya que sus tareas estaban enmarcadas en la Emergencia».
El dirigente consideró que «es necesario estar en estado de alerta y movilización, ya que este gobierno ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de los despidos y muy probablemente deje sin trabajo a los contratados». Y exigió que una vez vencida la ley «no se vuelva a aplicar una herramienta de desguace del Estado y se inicie el pase a planta permanente de todos los contratados».
De Isasi también le pidió al gobierno bonaerense que «cambie el rumbo en la política salarial llamando a paritarias, garantice la estabilidad laboral pasando a planta permanente a los precarizados y optimice las condiciones de trabajo dignas de todos y todas».
La emergencia administrativa y tecnológica fue aprobada por pedido del Ejecutivo, por primera vez en 2016, y prorrogada cada año, la última vez en abril de 2018. Fue una ley muy resistida por los gremios en su momento debido que flexibilizó el régimen de contratación en el Estado bonaerense al estipular que la celebración de un contrato «no generará una expectativa o derecho a prórroga ni creará una relación de dependencia».
Desde el gobierno de Vidal aseguraron a Tiempo que «se volverá a prorrogar la emergencia» en las próximas semanas y pidieron llevar «tranquilidad» a los trabajadores.
