Una de las herramientas electorales más eficientes e intrusivas que utiliza Juntos por el Cambio en el Área Metropolitana  llegará a la justicia penal. Esta semana, las trabajadoras y trabajadores de la empresa GIV S.R.L., contratista del estado porteño desde la creación de la línea 147, presentarán una demanda penal contra esa firma y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por violación de la privacidad y el uso indebido de los datos de miles de vecinos. Según los denunciantes, los datos personales que administra la línea pública de atención al ciudadano son usados para la campaña proselitista de las dos listas de precandidatos a diputados de JxC que encabezan la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en la Ciudad, y el exvicejefe de Gobierno, Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires.

El caso penal será el segundo capítulo de un escándalo que desnudó a un añejo tabú del macrismo porteño, pero que comenzó por denuncias en la justicia laboral. GIV S.R.L. es la empresa que se encargó de organizar y ejecutar una de las primeras promesas de Mauricio Macri cuando asumió la jefatura de Gobierno, en diciembre de 2007: unificar el sistema de atención al vecino. La misión quedó en manos del entonces subsecretario de atención ciudadana, Eduardo Macchiavelli, que transformó el número 147 de atención telefónica en la principal ventanilla de recepción de reclamos de la gestión PRO, con la instalación de un mega call center que fue operado por GIV S.R.L.

Macchiavelli fue titular del PRO porteño, es secretario general del partido a nivel nacional, uno de los armadores electorales de Rodriguez Larreta y también se desempeña como secretario de Ambiente.

En 2015, según contó este diario, luego de siete años de contrataciones, Macri y su entonces jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta le otorgaron un nuevo contrato a la empresa GIV por 171 millones de pesos hasta 2018. La operación se concretó en medio de la recordada interna del PRO, entre el precandidato a alcalde Larreta y su contrincante Gabriela Michetti. En esos mismos días la aspirante y luego vicepresidenta de la Nación, acusó a Rodríguez Larreta de “utilizar los recursos del estado para su campaña”. Casi la misma frase que utilizó el médico neurólogo Facundo Manes, que lidera la lista de precandidatos del radicalismo bonaerense que compite con Santlli.

Siempre hay cambios en el contrato de GIV durante años electorales. En 2019, Rodríguez Larreta le renovó el contrato por 576 millones y le sumó otros 82 millones para un servcio de atención telefónica para ejecución de campañas. También le pagó 900.000 pesos para realizar encuestas online. En marzo de este año el alcalde amplió la licitación adjudicada en 2019 y la incrementó a 750 millones de pesos. La ciudad acordó pagarle 325,2 millones por 264 operadores básicos, más 36 millones por 3.000 horas de «operador de contingencia» y otros 360 millones para 266 operadores que realian llamadas salientes. Son las misiones institucionales del 147, pero según las denuncias hay una constante utilización electoral de esa infraestructura que se paga con fondos públicos.

Los datos surgieron porque a pesar de las cifras que cobra GIV S.R.L. afronta una serie de denuncias laborales por precarización, acoso y maltrato, que fueron presentadas por trabajadoras y trabajadores de la empresa que cuentan con el patrocinio de la abogada Tamara Rossi, de la organización Defensoría de Laburantes. La firma es acusada de violar la jornada máxima, pagar la mitad del convenio colectivo y reiterados casos de maltratos y violencia ante el incumplimiento de los objetivos de la campaña proselitista. «Siempre tienen que hablar del Colo o de Euge, porque si dicen Santilli o Vidal, son apercibidos», explicó Rossi a Tiempo para reflejar el control férreo que aplica la firma.

Durante los casi tres lustros de contratos adjudicados a GIV SRL, el gobierno porteño nunca dijo una palabra al respecto. Esta semana rompió el silencio para contestarle al programa Pasaron Cosas, que se transmite por Radio Con Vos, que profundizó sobre el caso en medio de un llamativo silencio de los demás medios. En una extensa argumentación, que parece preparada para la Justicia, la administración larretista dijo que «puede haber coincidencia en el proveedor prestador del servicio entre la línea 147 y la alianza Juntos por el Cambio» porque «son servicios, prestaciones y operaciones separadas». 

También detalló que los «operadores no tienen acceso a bases de datos de vecinos». Y sostuvo que «los datos recabados por JxC en el marco de la campaña electoral en curso, son tratados de acuerdo a la Ley Nacional Nº 25.326» de datos personales.

A partir de la ventilación del caso hay nuevos vecinos que se sumaron a la denuncia. Aportan mensajes de texto y de whatsapp enviados desde el robot que distribuye los turnos de vacunación contra el covid y de otras identidades telefónicas que antes habían enviado mensajes sobre servicios que presta la Ciudad. En todos los casos contenían mensajes para participar de la campaña de «Euge» y el «Colo».