La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de esta ciudad balnearia. En la misma señala vulneraciones a los derechos de las personas que trabajan, duermen y viven en la calle, por parte de la intendencia de Guillermo Montenegro.
En ese sentido, la CPM solicitó que se realice una exhaustiva investigación sobre el accionar del intendente Guillermo Montenegro y sus funcionarios que cumplen funciones en la Secretaría de Seguridad del Municipio de General Pueyrredón. La saña es puntualmente contra los llamados «trapitos» y «limpiavidrios».
Violencia Institucional encabezada por Montenegro
Durante el diálogo que Tiempo mantuvo con el secretario ejecutivo del organismo provincial, Roberto Cipriano García, este denunció: «El municipio de Mar del Plata desplegó una serie de medidas coercitivas con detenciones arbitrarias, confiscación de objetos personales y malos tratos para sacar de las calles marplatenses a los conocidos como ‘trapitos’ y ‘limpiavidrios’; les están vulnerando todos sus derechos».
Continuó asegurando que «los funcionarios municipales ejercieron violencia física, psicológica, amenazas y hostigamiento contra decenas de personas en situación de calle o que realizan trabajos informales en la vía pública. Lo hicieron con la excusa de hacer cumplir el Código de Faltas Municipal, las fuerzas de seguridad están persiguiendo a estas personas indefensas».
El abogado también advirtió: «La situación se vuelve cada vez más grave, porque las autoridades comunales legitimaron la violencia policial y la corrupción. También omitieron denunciar las agresiones físicas ejercidas por los agentes municipales y policías. Además, el propio intendente difundió los hechos de brutalidad en las redes sociales. Montenegro realizó manifestaciones raciales y discriminatorias, haciendo incluso apología de estos delitos».
Precariedad institucional en Mar del Plata
«Las vulneraciones de derechos mencionadas incumplen con los principios básicos del accionar de los funcionarios estatales, como ser, efectivos policiales y agentes municipales, que deberían adecuarse estrictamente al principio más razonable. Lo tendrían que hacer evitando todo tipo de actuación abusiva y discriminatoria que produzca violencia física o moral contra las personas trabajadoras y en situación de calle», remarcó el secretario ejecutivo.
Cipriano aseguró que los funcionarios procedieron en forma violenta, «con golpes, agresiones verbales y amenazas. Esto que digo está registrado en los videos que el mismo intendente marplatense compartió en sus redes sociales legitimando el terrible accionar de los funcionarios contra los más pobres».
Y completó: «Los agentes municipales realizaron requisas en la vía pública y demoras a las personas que trabajan, duermen y viven en la calle. Esto implica la limitación ilegítima de la libertad física de las y los ciudadanos, es algo que ellos no deberían hacer, porque no está contemplado dentro de sus funciones».
No es un hecho aislado. Ya hay dos presentaciones de habeas corpus preventivos previos al de la CPM y APDH. Uno de los incidentes fue interpuesto por el abogado Julio Hikkilo, ante el Juzgado de Garantías Nº 5 de Mar del Plata, a cargo del Juez Gabriel Adrián Bombini. El otro fue presentado por el titular de la Defensoría N° 10 de Mar del Plata, Mauro Giacomaso, que lo hizo ante el Juzgado de Garantías 2, que dirige la jueza Rosa Frende.
Odio, desprecio y falta de trabajo
«La difusión de estos terribles hechos en las redes sociales del intendente -que fueron cometidos por agentes comunales- implica la comisión de delitos y faltas respecto a los deberes de funcionarios públicos. Es una provocación fundada en el odio y desprecio hacia las personas que permanecen en situación de mayor vulnerabilidad social», subrayó el letrado.
En esta línea, cabe destacar que Mar del Plata suele ubicarse entre las ciudades con mayor tasa de desempleo. «Así lo indicaron los datos oficiales para el tercer trimestre de 2024, cuando se ubicó en cuarto lugar de los aglomerados urbanos con mayor nivel de desocupación con el 8,4%, junto a los partidos del Gran Buenos Aires. Las personas están desesperadas y necesitan trabajar», explicó Cipriano.
Siguió relatando que otro problema central en esta ciudad balnearia es el acceso a la vivienda: «Es una situación que se agrava durante la temporada de verano. Porque muchos de los alojamientos baratos donde viven personas con bajos recursos que subsisten del empleo informal, se vuelven inaccesibles porque los propietarios se los alquilan al turismo por día».
El secretario ejecutivo apuntó, «estas personas son las que el municipio marplatense debería prestar mayor atención y garantizar el cumplimiento de sus derechos básicos. Además, esto constituye violaciones a los Derechos Humanos y violencia estatal en perjuicio de los que más sufren en la comunidad».
Y finalizó: «Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional. Por eso en la denuncia que presentamos durante los últimos días ante la Fiscalía General de Mar del Plata, solicitamos que se realice una exhaustiva investigación. Expusimos que existe una comisión de delitos y su apología hacia la esfera pública, también señalamos racismo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto de agentes comunales como también de policías».
