Con la presencia de trabajadores despedidos, legisladores y referentes de organismos de derechos humanos, sociales, sindicales y políticos, la diputada diputada de la Ciudad Victoria Montenegro denunció el desmantelamiento de la estructura del Ministerio de Defensa que se encarga de relevar y analizar los archivos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico militar.
“Hay una definición política del presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel de reescribir la historia argentina. Ellos tienen una interpretación de que lo actuado durante la última dictadura fue un enfrentamiento. Es parte de una historia que nosotros como pueblo ya superamos”, dijo Montenegro, quien también es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, en la conferencia.
En el evento estuvieron también integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, CELS, Memoria Abierta, ATE del Ministerio de Defensa, CTA Autónoma, UTE, Sipreba y Metrodelegados, entre otros. “Ellos desconocen todo el proceso de Justicia que se ha venido dando. El trabajo que se hace desde la estructura del Ministerio de Defensa que quieren desmantelar, justamente va en ese sentido”, agregó Montenegro para describir el sentido del vaciamiento llevado adelante por el gobierno.
Memoria, Verdad y Justicia
“Los trabajadores que están intentando despedir del Ministerio de Defensa son las personas adecuadas que llevan adelante las respuestas cada vez que son requeridos desde alguna causa judicial. Claramente hay un objetivo de obstaculizar de todas las maneras posibles el avance del trabajo de décadas de Memoria, Verdad y Justicia y del juicio y castigo a los culpables”, aseguró Pablo Llonto, otro de las participantes de la convocatoria también organizada por Alejandrina Barry, Celeste Fierro y Gabriel Solano por el FIT -Unidad, y Victoria Freire, de Unión por la Patria.
En la conferencia, contaron que el área que se está intentando desmantelar lleva adelante un trabajo clave para acceder a información, vincularla con fuentes documentales, probar hechos, identificar autores y entender lógicas represivas durante el terrorismo de Estado. Además,realizó aportes vitales para que la justicia investigue y juzgue el accionar de los genocidas.
Una política de gobierno
En ese sentido, todos los participantes denunciaron este grave intento de hacer retroceder los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, que se alinea con las posturas negacionistas del Gobierno.
Además, se suma al anuncio del cierre de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), comunicado por el director nacional de Derechos Humanos de ese Ministerio, Lucas Miles Erbes, quien hace pocas semanas visitó a los militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Desde su creación, los ERyA han relevado más de 17.000 legajos y producido más de 170 informes que sirvieron para conocer los abusos sexuales a detenidas en la Ex Esma o los aviones utilizados en los vuelos de la muerte, entre otros delitos.
