«Es un dinero que está muy bien cuidado», dijo Emilio Basavilbaso cuando le preguntaron en junio de este año por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El viernes, el actual director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue denunciado en Comodoro Py junto al equipo que tuvo a cargo el manejo del FGS entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018. La acusación es por defraudación contra la administración pública, la malversación de caudales públicos agravada y por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; y no la hace cualquiera sino que fue presentada por la Unidad Fiscal especializada en delitos sobre la Seguridad Social.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado cuando se traspasaron las AFJP y está compuesto por títulos públicos, acciones de sociedades, plazos fijos. El objetivo del Fondo es garantizar que el sistema previsional argentino se sostenga y, para eso, el Estado tiene la potestad de realizar distintas inversiones. O sea, el fin es «atenuar» el impacto financiero que pudieran tener sobre el régimen provisional argentino las distintas variables económicas y sociales.

La forma en que se administra el FGS está en disputa desde comienzos de 2016. Por eso, a mediados de 2018, la diputada Luana Volnovich  (Frente de Todos) hizo una presentación ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) del Ministerio Público Fiscal para que se determine si se tomaron decisiones financieras «en contra del principio de seguridad y rentabilidad y que generaron un perjuicio económico».

La UFISES tiene la potestad de realizar investigaciones preliminares, procesos que se inician a través de las presentaciones de particulares u organismos públicos y que pueden durar hasta tres meses. Las investigaciones sirven para tomar medidas y constatar si amerita o no una denuncia penal.

La presentación de Volnovich apuntaba al período en que el fondo estuvo a cargo del subdirector Juan Martín Monge Varela; del gerente de Operaciones, Pablo Pereyra Iraola; y del gerente de Inversiones del Fondo, Andrés Rodríguez Lubary. Allí, se los acusaba de no haber preservado el patrimonio en dólares del Fondo y, por otro lado, de utilizar la plata para financiar los gastos corrientes del Estado nacional, algo que no está permitido.

Reticencia oficial 

La investigación preliminar a cargo del fiscal Gabriel González Da Silva duró un año debido a la complejidad del caso y a la reticencia oficial a enviar información. Al estilo de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, que fue obligada judicialmente esta semana a remitir datos que le había pedido la Auditoría General de la Nación, desde el Fondo se negaron a colaborar.

Después de mucho insistir, la Unidad Fiscal recibió algunas de las actas del directorio del FGS, una presentación en PowerPoint que Basavilbaso había presentado en el Congreso Nacional e informaron que en la página web de la Anses iban a poder encontrar más información. La UFISES insistió: necesitaba las inversiones «desagregadas» para constatar paso por paso cómo se habían tomado las decisiones.

Tras las múltiples idas y vueltas, enviaron unas constancias incompletas (algunas hasta ilegibles) de las inversiones. Con ese material, se le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Allí se determinó que por lo menos en una de las operaciones existió un exceso en los topes que prevé la normativa del Fondo: se superó el 50% de títulos públicos «no garantizados». ¿Qué significa esto? Las inversiones no garantizadas ocurren cuando el Estado, producto de una inversión que hace, no puede garantizar la ganancia efectiva que va a tener. Son inversiones a riesgo y aleatorias y tiene un tope justamente por esa razón.

La denuncia judicial de UFISES quedó a cargo del juez Sebastián Ramos con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. En el documento se hace hincapié también en que el Fondo perdió un 36,3% de su valuación en dólares. Por la falta de información, aún no se pudo determinar si fue únicamente por el tipo de inversiones realizadas por el contexto devaluatorio de 2018 o por una combinación de ambas causas.

Con los datos aportados, la investigación apuntará ahora a cómo fueron gestionados los fondos previsionales: cómo se decidieron las inversiones, cuál fue el rendimiento de los recursos; si se hizo un uso eficiente de los activos o si se utilizó «la plata de los jubilados» para financiar los gastos del sector público nacional.

Antecedentes: beneficios a Clarín y Cablevisión 

Hace tres semanas, el extitular del FGS Luis María Blaquier fue procesado por haber intentado beneficiar a Cablevisión y a Clarín, empresas donde había sido directivo hasta fines de 2015. El delito es «negociaciones incompatibles con la función pública», que prevé de un año a seis de prisión. El juez Sebastián Casanello le fijó, además, un embargo de 12 millones de pesos.

La acusación que hizo UFISES esta semana contra Basavilbaso y los exfuncionarios incluye más delitos porque se centra en un período más largo de tiempo y porque se investiga el funcionamiento en general del Fondo.

El director del Anses había sido sobreseído en marzo por Claudio Bonadio sobre una operatoria en particular del Fondo: la sospecha era que habían aprobado con fondos públicos operaciones que habrían perjudicado al Estado y beneficiado a la empresa Pampa Energía SA.

«No se advierte que los funcionarios hubieran mal vendido las acciones ni que dicha venta haya provocado un perjuicio para el Estado», dijo Bonadio y argumentó que el precio que se pagó «fue lo mejor de ese día».