Desde que el Gobierno nacional anunció en noviembre pasado el llamado a licitación para privatizar la Vía Navegable Troncal, apenas Hidrovía para todos, los despachos judiciales, usualmente desiertos en temporada estival, debieron atender la pila de presentaciones que buscan frenar el proceso por presuntas irregularidades en los pliegos. La novedad es que esta semana se presentó una denuncia de carácter ambiental contra el ministro de Economía Luis Caputo y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Economía Iñaki Miguel Arreseygor por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
El 13 de enero, Gabriela Ferrer, del Movimiento por el Agua (MOPEA); Fernando Cabaleiro por Naturaleza de Derechos y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 una denuncia penal contra los funcionarios del Gobierno libertario “en relación al proceso de confección de los pliegos para la licitación de la concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal sobre los ríos Paraná y De La Plata”.
La presentación se fundamenta “en la inobservancia del derecho ambiental de orden público (…) que se relaciona con la participación ciudadana y una evaluación estratégica ambiental respecto a un plan de obras de altísimo impacto ambiental y transgeneracional sobre la cuenca de dos de los ríos más importantes del país, a lo que se suma razones fundadas sobre un direccionamiento en la licitación hacia una de las empresas oferentes”.
Al tratarse de un caso de naturaleza ambiental, los representantes de las tres organizaciones civiles denunciantes solicitaron como medida cautelar urgente “la suspensión de los efectos de las disposiciones 20/2024, 34/2024 y 36/2024 que hacen al proceso licitatorio”.
“Escenarios de impunidad”
En la denuncia contra Caputo y Arreseygor se da cuenta de los impactos ambientales que generó la Hidrovía y que pueden agravarse “con consecuencias impredecibles ante la nueva licitación que contemplaría obras de dragados más profundos (…) lo que implica remoción de sedimentos altamente contaminados, nuevas terminales portuarias y un incremento significativo del tráfico con embarcaciones de gran porte, todo ello sin que se haya realizado una evaluación estratégica ambiental previa sobre la factibilidad y viabilidad de las condiciones ambientales y sin que se haya previsto una instancia de participación ciudadana que habita a lo largo de dos cuencas que involucra a seis provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual gran parte consume el agua que se extrae directamente de aquellas”.
Para los denunciantes, la Hidrovía, esa vía fluvial por la que circula el 80% de la producción de granos y subproductos y, en consecuencia, clave para el comercio exterior argentino, no escapa del proceder estatal respecto de otras actividades extractivista de alto impacto, como la megaminería, las fumigaciones con agrotóxicos cerca de las poblaciones, la exploración sísmica en las aguas jurisdiccionales y el fracking en el sur del país, “sobre las cuales los funcionarios públicos desconocen abiertamente todo el bloque normativo ambiental”.
