La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó recientemente el sexto boletín de datos abiertos, con estadísticas del sistema penal y las violencias estatales ejecutadas durante lo que va del año. El trabajo cuenta con una actualización mensual de los terribles hechos que ocurrieron en cárceles, alcaidías, comisarías y por la brutalidad de las fuerzas de seguridad.
Se trata de un trabajo que este organismo hace en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, porque así lo establece la Ley Nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Este nuevo boletín cuenta con datos relevados hasta el pasado 30 de noviembre.
Muertes en el encierro y a manos de la policía
“En las cárceles y alcaidías del territorio bonaerense se registraron 194 muertes; otras 13 en las comisarías y 99 por el uso desmedido de la fuerza policial en las calles”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Continuó señalando que “todas las muertes ocurrieron bajo custodia del Estado y a manos de las distintas policías, dejando un saldo total de 306 muertes”, lamentó.
Cabe destacar que todos los informes elaborados por los distintos organismos de Derechos Humanos del país indican -en forma clara y precisa- que la primera causa de muerte en el encierro es la falta de atención médica. Es decir, se podrían evitar.
“No solo hemos detectado que indefectiblemente funciona así, sino que además recomendamos continuamente al Estado que -para que algo mejore- en las cárceles debe intervenir el Sistema de Salud Público de la Provincia de Buenos Aires, no el Penitenciario, porque a lo largo de la historia ha demostrado ser ineficiente”, explicó el secretario ejecutivo.
Un gran desprecio por la vida humana
Cipriano siguió asegurando: “Las personas detenidas que entrevistamos cuando recorremos los penales, nos cuentan que nunca los sacan a los hospitales extramuros cuando tienen turnos para que les practiquen los estudios y puedan llevar adelante tratamientos médicos”.
Además, las autoridades penitenciarias siempre esgrimen los mismos argumentos. “Dicen que no tienen móviles para realizar los traslados, ni personal disponible y tampoco combustible. Es algo que se repite desde hace décadas”, sostuvo el abogado. Sin embargo, “hasta el momento todavía nunca se vio una voluntad política manifiesta para dar fin a esta terrible problemática que muestra un gran desprecio por la vida humana”, apuntó.
Población y sobrepoblación carcelaria
Otro gran problema que existe es la sobrepoblación. “En cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico hay 62.093 personas afectadas, que permanecen en conflicto con la Ley Penal”, aseveró el secretario ejecutivo. “Con una variación interanual de +5%; 341 tasa general cada 100.000 habitantes. La sobrepoblación en cárceles y alcaidías fue del 105% y en comisarías 109%”, detalló.
Y completó:” Respecto a esta problemática, nosotros venimos denunciando hace tiempo que muchísimos de los dispositivos de encierro están en condiciones infrahumanas. Están en peligro de derrumbe, sin agua, sin luz artificial, sin baños, con instalaciones eléctricas que ponen en riesgo las vidas de los allí cautivos. De hecho, hay personas detenidas que duermen en el piso y permanecen hacinadas”.
Represión a la protesta social
Además, la Comisión Provincial por la Memoria -días atrás- publicó un análisis sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad en la protesta social. Se trata de un registro de hechos de violencia, represión y detenciones arbitrarias que tuvieron lugar desde la implementación del protocolo antipiquetes de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, hasta el pasado 30 de noviembre.
Es una tarea que este organismo provincial de control realiza en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo de CABA. Y dejó al descubierto, que en diecisiete de las sesenta movilizaciones que monitorearon se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas de seguridad. Por lo cual, el trabajo muestra que una de cada tres manifestaciones sufrió la represión estatal.
