Las compras de medicamentos oncológicos “se hacían de una manera irregular, por procesos administrativos que no están contemplados ‘lícitamente’ (…) bajo un proceso irregular en el cual no se puede controlar si hay alguien en el medio que se está quedando con algo que no le pertenece”. Así justifico la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la interrupción en la entrega de medicamentos para pacientes oncológicos y con enfermedades graves. Su cartera presentó una denuncia penal contra las autoridades del área en la gestión anterior. La Justicia respondió que no encontró evidencia de esas presuntas irregularidades y resolvió archivar la causa.

El juez Julián Ercolini desestimó la denuncia luego de que dos fiscales afirmaran no haber encontrado evidencia de delitos. Así lo reveló la periodista Irina Hauser en Página 12. Según reconstruyó ese medio, desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre hasta abril pasado “fallecieron más de 50 personas que venían recibiendo tratamientos que fueron discontinuados”. Hasta el momento, las organizaciones que acompañan a pacientes y familiares difundieron los casos de siete víctimas fatales, pero no descartan que puedan ser muchas más: “No es que sea imposible esa cifra. Nosotros no tenemos idea de lo que pasó en el interior”.

Pacientes vulnerables

La denuncia, ahora desestimada, apuntaba a quienes estuvieron durante la gestión anterior al frente de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que provee medicamentos de alto costo o difícil acceso a pacientes vulnerables, sin cobertura médica, que ya agotaron las instancias para obtener sus remedios a nivel local.

Los reclamos por la interrupción de las entregas comenzaron a poco del inicio de la era Milei. Luego, en febrero, Pettovello argumentó que el freno se debía a las “irregularidades” encontradas. Además, transfirió esa Dirección –que dependía anteriormente de Desarrollo Social- al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo. El problema continuó.

La Resolución 398/24 emitida por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 de Ercolini fue firmada el 22 de marzo pero trascendió recién ahora. El pronunciamiento judicial no modificó el funcionamiento de la Dadse, donde unas 1900 personas esperan que se reanuden sus tratamientos.

Perder la vida por no recibir la medicación que debe entregar el Estado: «mi hijo tenía un futuro, no se quería morir»

Ni Justicia ni medicamentos

No es el primer indicio de que las decisiones judiciales no tienen eco en las nuevas autoridades. Además de un amparo colectivo por la no entrega de medicamentos –que aún no avanzó en la Justicia- hubo varias denuncias individuales de pacientes que reclamaban por vía judicial sus medicamentos. Cuando la Justicia les dio la razón, el Gobierno apeló. Así le ocurrió, por caso, a Celeste Quintana, una joven con linfoma de Hodgkin.

“En temas judiciales habitualmente no interferimos ni cuestionamos lo que la Justicia determine en términos administrativos, de sentencia o de cualquier otra índole”, respondió el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando fue consultado por la desestimación de la denuncia impulsada por Pettovello. “Por lo tanto, cualquier detalle adicional será Capital Humano el que tenga la potestad en tal caso de plantear alguna posición”, agregó.

“Es un tema extremadamente sensible. Salud o Capital Humano te podrán guiar en cada uno de los casos que sugeriste, estos 50 casos, y darte algún detalle adicional”, contestó Adorni ante la consulta del periodista Fabián Waldman sobre el medio centenar de víctimas fatales por la interrupción en la entrega de medicación.

Alimentos arrumbados

En las últimas horas se conoció otro dato que da cuenta de la lógica de la crueldad con la que se rige Capital Humano. El Gobierno admitió la existencia de más de cinco millones de kilos de alimentos arrumbados en galpones, mientras hay un 55% de la población bajo la línea de la pobreza y los comedores reclaman que esta gestión nunca les dio recursos.

Una vez más, la justificación del Gobierno apuntó a la gestión anterior. “Efectivamente esos alimentos existen, tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. Los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la gestión anterior”, respondió Adorni tras la consulta de El Destape, que obtuvo el dato mediante un pedido de acceso a la información pública. “Están allí porque evidentemente y por las auditorias que ha hecho (la ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello, un buen porcentaje de comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, intentó justificar el vocero.

Más allá de las acusaciones, no explicó por qué esos millones de alimentos aún no fueron distribuidos, en un contexto de hambre creciente. Dijo que es “una obviedad” que se van a repartir. Y que “van a llegar a quien le tienen que llegar”, sin plazos ni precisiones.

El Gobierno admitió que tiene 5 millones de kilos de alimentos retenidos en galpones