Otra cara de los incendios en Córdoba es la del accionar de las fuerzas de seguridad y también la diferencia entre las tareas llevadas adelante por equipos de bomberos y rescatistas de Provincia y las brigadas locales. Desde la Red de Brigadas Forestales Comunitarias de Córdoba (RBFCC) repudiaron las prácticas estatales ante los incendios y en San Marcos Sierras denunciaron el accionar represivo de las fuerzas de seguridad sobre las comunidades organizadas, brigadistas y vecinos que colaboran para apagar el fuego.
Según sostuvieron, están cercando el acceso a las zonas de trabajo y colocando retenes policiales para impedir el ingreso de donaciones a centros de acopio. El caso ya llegó a la justicia e interviene la fiscal Cristina Brizuela de la Cámara 2° de Cruz del Eje. Durante los 11 días de fuego intenso se quemaron 50 mil hectáreas de monte nativo, provocando la pérdida de veintena de casas, y la muerte de ciento de especies que habitan el lugar. En el medio, la policía provincial arrancó con acciones represivas en las que incluso cayeron pobladores. Fue el caso de ‘Lalo’ Burgos, uno de los vecinos autoconvocados, detenido y posteriormente liberado.
“Mi compañero de la vida sufrió un pico de presión porque lo detuvieron, estuvo alojado en el Hospital Aurelio Crespo, además es cardíaco, lo esposaron injustamente a la cama y le pusieron custodia policial, por suerte ya lo largaron”,dijo la mujer en diálogo con Tiempo.
“Estamos poniendo todo de nosotros para apagar el fuego, como muchos vecinos de San Marcos Sierras, pero la policía nos responde de esta manera; criminalizándonos”, agregó.
Fuego y detención
Los hechos que describen brigadistas y vecinos contienen como disparador la situación que vivieron este sábado en la zona de la Frondita, con un nuevo foco que comenzó de manera inesperada. Según contaron a este medio, ante esa situación, desde las 19:30 la policía cerró el camino al Quilpo.
La combi era conducida por ‘Lalo’, mecánico del pueblo, que luego de ir y venir durante todo el día a la zona pasó el retén avisando que llevaba equipamiento forestal, herramientas, víveres a los vecinos y brigadistas que requerían asistencia después de horas de trabajar contra el fuego. Llegó al lugar y permaneció allí hasta las 2 de la madrugada, con intenciones de volver a la base durante la noche.
“La detención se produjo durante la mañana de este domingo, cuando la policía se acercó al Hostel Lo que Faltaba, que funciona desde hace varios días como base operativa comunitaria de la red de brigadas de Córdoba, donde se concentran brigadistas de toda la provincia que están ayudando a apagar el fuego”, apuntaron.
“Bajo una supuesta orden de secuestro y detención no exhibida, la policía secuestró la camioneta de Lalo con la que presta servicio con equipamiento forestal combatiendo los incendios hace varios días. El hombre se acercó a la comisaría para interiorizarse de la situación y quedó detenido. Lo esposaron a la cama de un hospital cuando sufrió un pico de presión. Tras el reclamo de todo el pueblo, a la noche del mismo día fue liberado, detallaron.
En esta línea, la Brigada Sacha elaboró un comunicado para informar a la población lo sucedido: “Lalo –como vecino autoconvocado– está trabajando en este territorio desde hace más de seis días planificando y aportando todos sus equipos, poniendo a disposición su casa, su vehículo, para la red de brigadas, apoyando la causa de luchar contra el fuego, con total entrega”.
Y continúa: “Nos parece una terrible injusticia y un ninguneo al trabajo de muchos vecinos de San Marcos Sierras que están haciendo un gran esfuerzo para ayudarnos entre todos a defender el pueblo y apagar el fuego en la Reserva ¿Nos castigan por unirnos y trabajar para el bien común?”.
“Hasta el momento se desconoce cuál es el motivo por el que fue detenido. No hay ninguna comunicación oficial. Por eso, este lunes estaremos en la fiscalía para saber qué fue lo que pasó con Lalo y cuáles son los cargos que se le imputan”, sostuvo Pablo Olmos, abogado del hombre.
Incendios intencionales
“Basta de prender fuego”, denunciaron desde la Red de Brigadas Forestales Comunitarias de Córdoba, tras 11 días de incendios. “Nos pronunciamos para repudiar y exigir justicia ante las prácticas ecocidas sistemáticas del Estado y sus Instituciones”.
“Hacemos público el accionar represivo sobre algunas comunidades organizadas, brigadistas y vecinos, cercando el acceso a las zonas de trabajo, colocando múltiples retenes policiales, impidiendo el ingreso de donaciones a centros de acopio”, continuaron.
Y apuntaron: “lo hacen criminalizando a vecinos que trabajan contra el fuego para dar relevos o asistir a otros brigadistas. Consideramos que ya es evidente cómo interceden, entorpecen y damnifican a la sociedad en su conjunto, dejando sin acción a la única base comunitaria que seguía en funciones en San Marcos Sierras”.
Todo fuego es político
“Hoy más que nunca decimos: ¡Todo fuego es político y nos están prendiendo fuego el monte en nuestras caras! Luego de 11 días consecutivos del incendio iniciado en Capilla del Monte con magnitudes catastróficas y, posibles causas intencionales, por quema controlada de parte de algunas instituciones estatales con imágenes que ya habrán visto circular masivamente en redes sociales y medios de comunicación”, remarcaron.
Contaron que en el territorio de San Marcos Sierras durante la jornada de guardia de cenizas de este sábado, vecinos autoconvocados y brigadistas que se encontraban trabajando en el monte observaron a personas que se trasladaban en una camioneta gris: «vieron que no tenía identificación y la otra era del Plan Provincial de Manejo del Fuego que volvieron a iniciar por segunda vez un foco en la Fronda, lugar previamente sitiado por la policía y donde ya no había fuego”.
Omisión del Poder Judicial
“Lo que sucedió con Lalo reagrava la situación, porque no se les puede pedir a las comunidades y vecinos que no intervengan ante el incendio que devora el paisaje, el territorio y el ecosistema que los sostiene. Es una vergüenza, un escándalo en el que todas las autoridades provinciales responsables tendrían que dar cuenta, deberían renunciar y ser sometidos a un juicio”, reclamó Daniel Emmerich, doctor en Ciencias Biológicas, docente en el nivel terciario, investigador asociado en el Instituto de Biodiversidad Neotropical del Conicet (Tucumán) y miembro del Foro Ambiental Traslasierra (FAT), en diálogo con Tiempo.
“Todo el sistema judicial de Córdoba debería hacer mea culpa por la complicidad que está mostrando con todo lo que está pasando. Quedan en evidencia en el no accionar de oficio para ver qué es lo que está ocurriendo. Nos quedan dos meses de sequías y ya comienzan las temperaturas elevadas”, remarcó Emmerich. Y aseguró que cuando el intendente de San Marcos Sierras, Luciano Vrancic, comunicó la liberación del vecino Lalo, «su relato fue totalmente vergonzoso. Porque acá las personas están poniendo sus cuerpos, sus vidas, sus bienes. Los ecosistemas no están siendo defendidos por los bomberos y tampoco de otras instituciones del Estado, todo lo contrario, se muestran como incendiarias por lo que hemos visto hasta el momento”.
Reunión para tratar la problemática
Este lunes por la mañana, los presidentes de todos los bloques legislativos y autoridades de la unicameral, se reunieron en la Base Operativa de Bomberos en Capilla del Monte para tratar la problemática.
Allí estuvo el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, la ministra de Ambiente, Victoria Flores, y representantes de los Ministerios de Bioagroindustria y Desarrollo Social y Promoción del Empleo, por el “Programa de Remediación Social, Productivo, Ambiental y de Infraestructura”.
Resolvieron trabajar en conjunto para buscar soluciones integrales para los afectados por los incendios que has perdido sus casas. También estuvieron los equipos de Bomberos, ETAC y autoridades de la Policía.
