La empresa, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, uno de los emblemas de la “burguesía nacional” que también es dueño de ALUAR y que, según la revista Forbes, posee un patrimonio de U$S 1.600 millones, mantiene un lock out patronal desde el sábado cuando informó mediante un cartel en un portón que, como respuesta a las medidas de fuerza dejaría la “fabrica inactiva”. A partir de ese momento suspendió el servicio de transporte y el comedor.

Según la visión de los trabajadores se trata de una respuesta a las primeras medidas que se han comenzado a definir de cara a la apertura de la negociación paritaria de 2018 en la que, en asamblea general, los obreros del neumático fijaron su reclamo en una actualización del 30% y una “cláusula de protección salarial” contra la inflación.

Es que, la medida patronal adoptada en FATE, según explicó a Tiempo Alejandro Crespo secretario general del SUTNA, coincidió con “un cuadro de provocación de todas las fábricas. Después del paro nacional se les impidió el ingreso a los delegados en Firestone y en Pirelli hay un escenario de amenazas y de cambios unilaterales en los métodos de trabajo.”.

De hecho, el lock out en FATE es el resultado de una escalada posterior a la asamblea general que definió el reclamo paritario. Crespo explicó que “la empresa decidió suspender a 150 trabajadores de uno de los sectores que estaban tomando medidas contra una serie de controles arbitrarios impuestos por la empresa sin consultar al sindicato. Impidieron el ingreso de uno de los turnos cerrando el portón y fuimos a una medida general. Allí decidieron cortar los micros y el comedor y desde el sábado cerraron la planta.”.

La empresa no emitió comunicado oficial alguno explicando los motivos de la decisión ni informando los plazos pautados para el reinicio de la actividad. Además decidió cortar toda comunicación con los representantes gremiales.

Para Crespo se trata de “un accionar vergonzoso que persigue la intención de intimidar a los trabajadores en el marco de las paritarias. El ministerio no puede mirar para otro lado porque están cayendo en la ilegalidad”.

Además adelantó que, “desde el gremio vamos a hacer todas las acciones legales y gremiales para que cese esta conducta ilegal de la empresa. Estamos recibiendo la solidaridad de numerosos gremios que se ponen a disposición de nuestra lucha.”.

Los representantes gremiales, de hecho, ya realizaron presentaciones en el Ministerio de Trabajo y enviaron cartas documento intimando a la empresa a que deponga su actitud como un paso previo a iniciar medidas judiciales.

Es que, el espíritu del derecho del trabajo parte de considerar a los trabajadores como el eslabón más débil de la relación laboral. La huelga, en esas condiciones, es considerada una forma legítima y legal de equiparar una relación que, a priori, es asimétrica. Por el contrario, el lock out patronal reviste un carácter extorsivo que refuerza y abusa de esa asimetría y, por ese motivo, no está contemplado como un derecho en la relación laboral.

Consultado por Tiempo Argentino, León Piasek miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas explicó que “es un acto ilegal. Otorgar tareas es una de las ‘obligaciones esenciales’ de los empleadores según lo que establece la Ley de Contratos de Trabajo, como la de pagar el salario.”.

Además, explicó que “si además se da en el marco de una negociación paritaria la empresa podría estar incurriendo en la figura de ‘práctica desleal’, o sea violatoria de los vínculos normales de relación con los gremios. Es una acción anti sindical. Las empresas siempre hacen hincapié en su responsabilidad social. Bueno, la primera es dar trabajo que además es un derecho humano.”.

Sin ir más lejos, el lock out patronal fue el instrumento del que se valieron el 16 de febrero de 1976 la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) y la Confederación General Económica (CGE) para abonar al desenlace golpista del 24 de marzo.

Curiosamente, el pasado 10 de junio el diario Perfil publicó una entrevista a Javier Madanes Quintanilla, en la que el polémico empresario aseguraba que si bien “desde marzo en adelante hay una pendiente de caída en el mercado interno” reconocía sentirse “avergonzado” por el acuerdo con el FMI.

Con todo, consultado acerca del paro de actividades pautado para unos días después, señalaba que “no hay un grado de conflictividad tremendo. En neumáticos tenemos una gran dicha: el único sector privado que está encuadrado dentro de la CTA. Nuestro gremio es manejado por el Partido Obrero, al que le tengo mucho respeto por la honestidad de los dirigentes y la vocación de formar cuadros. Pero en el terreno de las prácticas, mi solidaridad se achica un poco.”.

Al parecer, esa solidaridad, se redujo a su mínima expresión.