Esta misma semana en que se cumplió el décimo aniversario de la sanción por parte del Congreso Nacional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, podría marcar un giro en la deriva que sufre uno de los organismos que mejor representa los objetivos de aquella norma y que tiene por función tutelar por los derechos del público, masivo, que mira televisión y escucha radio en la Argentina: la Defensoría del Público Audiovisual. Una denuncia presentada el jueves por el CELS y otras organizaciones contra la intervención que ha vaciado el funcionamiento del organismo desde hace un año pretende sacudir la modorra de la Comisión Bicameral de las Comunicaciones del Congreso Nacional, que interrumpió la labor de la Defensoría hace un año alterando su funcionamiento.
La función de la Defensoría es recoger inquietudes del público audiovisual, hacer capacitaciones e investigaciones sobre los medios, organizar audiencias públicas, promocionar los derechos que tienen a las audiencias como sujeto y articular la situación de las audiencias con la de los emisores. Sus mediaciones fueron y son muy eficaces y respetadas por medios grandes y pequeños, comerciales, estatales, cooperativos y comunitarios.
Si bien la ley audiovisual fue convenientemente afectada por decretos del presidente Mauricio Macri en estos cuatro años, para acomodar la regulación al servicio de los grupos más concentrados, la mayoría de su articulado continúa vigente (aunque se cumple a regañadientes). En lo referido a la Defensoría, la ley no fue alterada. Según la norma, el organismo depende de la Comisión Bicameral de las Comunicaciones. Por decisión de esa Comisión, el organismo quedó acéfalo hace tres años (no tramitaron, en todo ese tiempo, el proceso de cobertura de su titularidad), después de sus cuatro primeros años de existencia tras la sanción de la ley. Pero en septiembre de 2018, la Comisión Bicameral presidida por el senador santacruceño Eduardo Costa (Cambiemos) designó interventor a una funcionario que carece de cualquier antecedente ligado a medios, periodismo, comunicación o audiencias. De hecho, ocultaron su CV al designarlo y una de las diputadas presentes, en un acto reñido con cualquier noción republicana, dijo que la presentación del curriculum del funcionario no era necesaria porque “a (Emiliio Alonso) lo conocemos todos”, omitiendo además que no, que no lo conoce nadie vinculado al tema en cuestión. Pasó desde entonces más de un año y el curriculum del interventor sigue sin figurar en la web del organismo.
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Antes de esa intempestiva intervención, aún acéfala y con competencias recortadas, la Defensoría, hacía su trabajo: informaba quincenalmente a la Comisión Bicameral sobre la situación presupuestaria y las acciones de la Defensoría, mantuvo -e incluso elevó- los niveles de atención al público, trámites de denuncias, participación ciudadana, realización de audiencias públicas, e investigaciones.
Hoy lo que está en discusión es la continuidad o no del interventor Alonso, quien, desde su desembarco en la Defensoría, designó 14 funcionarios políticos con salarios altos, todos sin experiencias previas, algunos de los cuales ejercieron maltrato a otros empleados; ejerció hostigamiento y persecución política; desplazó a directores (separó a Ernesto Lamas de la Dirección de Capacitación y Promoción; provocó la renuncia de Santiago Marino de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo; y de María José Guembe al cargo de Director de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, a quien la Comisión Bicameral había confiado la responsabilidad de hacerse cargo del organismo durante la acefalía); paralizó el trabajo de todas las áreas, vaciando de contenido al organismo; abandonó la convocatoria a audiencias públicas, incumpliendo así el mandato de la Comisión Bicameral; e interrumpió la respuesta rápida y fundada de las denuncias del público, la participación en eventos y actividades y tuvo un manejo presupuestario objetado por los trabajadores del organismo.
El pasado jueves, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), acompañado por otras organizaciones de la sociedad civil y representativas de medios comunitarios y del quehacer académico, presentó ante la Comisión Bicameral una denuncia al encargado de la intervención por incumplimiento de sus funciones. Y solicitan dejar sin efecto la designación del interventor. En un año de intervención, el documento del CELS demuestra que no se llevó a cabo ninguna audiencia pública; no se elaboró ni implementó el plan federal de capacitaciones que la Comisión Bicameral le había indicado realizar; y se pone en riesgo la continuidad en el tiempo de las personas contratadas por el organismo.
En la denuncia se solicita la remoción del interventor y el inicio, como marca la ley, del proceso público de selección y designación de la defensora o defensor del público para el normal funcionamiento de la Defensoría del Público. La Comisión Bicameral tiene ahora la palabra.
