El departamento de Lavalle es conocido como el “desierto mendocino”. El norte de la provincia es tradicionalmente territorio del pueblo warpe. En las lagunas o bañados de Guanacache se solía pescar en “caballitos de totora”, como en el Lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Sin embargo, la sobreexplotación de los ríos Desaguadero, Mendoza y San Juan produjo el secado de la zona que, desde 1999, forma parte del sistema Ramsar, el tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de los humedales.
Gran parte de la escasez de agua tiene que ver con la megaminería, que cobró notoriedad en Mendoza tras la criminalización de las protestas por la instalación de nuevos proyectos mineros en Uspallata y Malargüe.
Más alimento, menos minería
Amilcar Velásquez, productor de Lavalle y miembro de la Red Agro Popular, describe: “Acá cerca tenemos la experiencia de San Juan. Sabemos que la minería trae contaminación del agua y más escasez de la que hay, tanto para la producción como para el consumo humano. Nuestros cultivos se van a ver afectados o incluso contaminados, y eso afecta a la salud. Por eso, como organización, no estamos de acuerdo”.
La Red Agro Popular de productores y productoras de Lavalle se conformó hace tres años para hacer frente a la crisis hídrica, entre otras problemáticas del sector campesino en el departamento.
En ese proceso, se sumaron al Frente Popular Darío Santillán, organización social y política que tiene fuerte presencia en Córdoba y fue extendiendo sus propuestas en toda la región. Cuenta Velázquez: “La idea surge por muchas cuestiones que no podíamos afrontar solos como productores, como la compra de insumos, comercialización, valor agregado, el tema del agua y la falta de apoyo de los gobiernos. La finalidad es defender nuestros trabajos, porque en Mendoza hay muchos intermediarios que se llevan casi el 55% de la ganancia. Pero somos nosotros los que ponemos el lomo”.
Si bien todavía no han podido legalizarse como cooperativa, ya son más de 40 familias productoras que vienen desarrollando siembras y compras colectivas de insumos, herramientas o un tractor para uso conjunto. El productor cuenta que la baja de la inflación ha permitido una mejor planificación, pero los insumos siguen dolarizados y con un precio por las nubes. A eso se suma el hecho de que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) tiene trabada la legalización de la cooperativa y cada vez pide más requisitos difíciles de cumplir. Lo mismo ocurre con la falta de apoyo del gobierno provincial y nacional.
“La idea también es salir a tocar puertas como cooperativa, tanto municipios como la provincia o nación”, explica Velázquez. “Las necesidades que tiene un productor pequeño o mediano son muchas y siempre salen a ayudar a los intermediarios, a las empresas más grandes que son las que nos van comiendo el lomo a los productores. La cuestión es cómo mejoramos nuestro cultivo, la calidad de nuestros productos, para poder tener una buena rentabilidad. Cuestiones como el riego por goteo, represas, mallas antigranizo o el tema una fábrica de conservas. Este año mismo se ha tirado casi un 30 o 40% de la cosecha de tomates”, concluye.
Una Nueva Democracia
Además de la organización cooperativa para la producción y comercialización del alimento, de la mano del Frente Popular Darío Santillán la Red Agro Popular lleva adelante la campaña “Estamos Construyendo Otra Democracia”.
Propone Velásquez: “Hay que hacer una democracia nueva, que realmente tenga un sentido productivo. Que no sea solamente palabras. Una democracia donde nosotros seamos los protagonistas, porque además de la producción y la comercialización nos preocupa el tema de la salud, la educación, el agua… Poder mejorar la calidad de atención hacia la gente en distintas áreas”.
“El objetivo de la cooperativa es bastante amplio, porque también está pensado para los jóvenes, que manejan muy bien el tema de la publicidad. Queremos retenerlos, que tengan oportunidades aquí y no se vayan del pueblo”, se esperanza Velásquez.
