Durante un acto en Parque Lezama en octubre de 2024, el presidente Javier Milei arengó a 3000 asistentes para que gritaran «hijos de puta» a todos los periodistas menos a uno que, dijo, “es un buen profesional».

En la misma semana Soher El Sukaria, flamante interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), paseaba por medios simpatizantes del oficialismo para denunciar que la Defensoría se había dedicado durante años a «perseguir periodistas» y que había encontrado «listas negras» con los nombres de esos profesionales. Sus dos afirmaciones son falsas.

La DPSCA fue creada por la Ley de medios audiovisuales en 2009 y comenzó a funcionar en noviembre de 2012. Su misión es defender a las audiencias de radio y televisión y promover el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión. En 12 años nadie denunció haber sido perseguido. Todo lo contrario. Hay innumerables testimonios escritos y grabados de periodistas, trabajadores de medios públicos, privados y comunitarios, empresarios y funcionarios agradeciendo la función pedagógica del organismo, su rol de mediación y su capacidad de diálogo.

Incluso en casos donde existían notables diferencias de opinión respecto a los asuntos tratados, el vínculo de la DPSCA con medios y periodistas fue siempre respetuoso y promotor del diálogo sin grietas. Todavía pueden verse en la web videos de «casos resueltos» en los que tanto audiencias de radio y televisión que presentaron reclamos, como productoras y periodistas destacan el papel de la Defensoría.

Un caso destacado es el del periodista Jorge Lanata. Varias veces, en su programa en radio Mitre, se refirió a Florencia de la V como «un señor». Hubo decenas de reclamos por parte de la audiencia y la Defensoría convocó tanto al periodista como a las autoridades de la radio a dialogar para consensuar una reparación y ofrecer una formación al comunicador y su equipo. Lanata nunca se disculpó pero radio Mitre aceptó poner al aire una campaña por el respeto a las diversidades que se escuchó durante un mes en las tandas (incluidas las del programa de Lanata). Cada hora se emitían avisos que planteaban que «la Ley de Identidad de Género garantiza el derecho de cada persona a desarrollarse como es, sea cual sea el sexo que le asignaron al nacer”.

Lanata participó este año en una de las audiencias públicas de la DPSCA. En su presentación el periodista destacó el trabajo de la Defensoría y alertó acerca de avances preocupantes sobre la actividad periodística por parte del gobierno de ultraderecha. La intervención de la Defensoría del Público suspendió las audiencias públicas.

Defensora autopercibida

Después de la finalización del mandato de la última defensora del público, las autoridades del Congreso deberían haber convocado a la Comisión bicameral que tiene la potestad de elegir al defensor o defensora. Sin embargo, decidieron nombrar a Soher El Sukaría como interventora para realizar una “auditoría patrimonial y funcional”. Le dieron un plazo de 180 días y 60 días extra para redactar el informe y presentarlo al Congreso.

La interventora sumó más empleados: personas de su confianza y ningún conocimiento en derechos a la comunicación. Con el paso de las semanas la interventora comenzó a autopercibirse defensora. Cambió su cargo en la página web a «Defensora interina», aunque los únicos autorizados según la ley para nombrar una defensora son los miembros de la Comisión Bicameral, es decir las y los legisladores.

Cierre del año con ajuste

La interventora suspendió todas las actividades para lograr así la profecía autocumplida de «un organismo público que no hace nada». Este tipo de decisión es una constante del gobierno. La Defensoría es un organismo creado por una ley que está vigente. El gobierno no promueve la modificación de la ley a través de los mecanismos de la deliberación democrática sino que impone una política de hechos consumados: hace que la Defensoría deje de cumplir sus funciones.

La intervención llevó al extremo el congelamiento de la DPSCA. Sin actividades, casi sin comunicación oficial salvo para alguna efeméride, puso el foco en el achicamiento de la planta de trabajadores. En una primera tanda dejó afuera a contratados y planta transitoria y apuró los expedientes de las personas que estaban en edad de jubilarse. Abrieron un registro de retiros voluntarios y pasaron a disponibilidad (que permite despedir a trabajadores luego de un año de dispensa). Todas estas maniobras sin contar con un mandato de parte del Congreso que solamente habilitó a la interventora a “realizar una auditoría”.

Todos los años la DPSCA entregó informes detallados al Congreso de todas sus acciones, presupuestos, casos resueltos, capacitaciones, alianzas y publicaciones. Esos informes fueron recibidos, analizados y aprobados por la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual que siempre contó con representación plural de los partidos políticos. Esa aprobación no hubiese sido factible si el organismo defensor se hubiese dedicado a hacer lo que la actual intervención inventa en su relato.

El Congreso, las leyes que aprueba y el Estado que gestiona tienen como objetivo plantear reglas de convivencia, acuerdos básicos para la construcción de una nación y la protección de derechos de la ciudadanía. La Defensoría del Público, creada por una ley que aún está vigente, trabajó durante 12 años en defensa de las audiencias de medios audiovisuales, resolvió positivamente miles de reclamos, recorrió el país con capacitaciones para promover y ampliar la libertad de expresión, creó condiciones para que todas y todos puedan ejercer su derecho a la comunicación. La intervención gubernamental está coartando ese derecho con una narrativa de supuesta eficiencia mientras gobierna para favorecer al poder concentrado en todos los ámbitos, también en el de la comunicación.