Los organizadores aseguran que será la movilización de trabajadores desocupados “más grande de los últimos años”. Es que, al agrupamiento que movilizó a unas 100 mil personas el pasado 18 de febrero, se sumaron una decena de organizaciones más. Se trata de las agrupaciones que, por uno u otro motivo, optaron por no ingresar a la UTEP que recibió la personería social la semana pasada de parte del ministro de Trabajo Claudio Moroni.

De este modo, el Frente de Lucha Piquetero liderado por el Polo Obrero e integrado por más de veinte organizaciones de desocupados marchará junto con Barrios de Pie (la fracción que optó no integrarse al gobierno), el MST-Teresa Vive y una decena de agrupaciones que integraban la otrora denominada “cuarta pata”, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán y que optaron por confluir con los sectores autodenominados “independientes” en detrimento de la estrategia de confluir con el “Triunvirato de San Cayetano” (CTEP, CCC, Barrios de Pie) cuyos dirigentes de una u otra forma se han sumado al gobierno del Frente de Todos.

Las organizaciones anunciaron que la movilización comenzará a las 9 de la mañana partiendo de cuatro puntos diferentes y confluirá en la Plaza de Mayo para realizar un acto sobre las 14 horas en el que el foco estará puesto en el reclamo de alimentos y una mejora de los programas de asistencia social ante la suba de precios de la Canasta Básica y el crecimiento de la pobreza y el hambre en los barrios.  

En el documento de convocatoria las organizaciones piqueteras explican que la masividad de la movilización que esperan se explica por la profundidad de la pobreza que llega a los barrios y las crecientes necesidades de alimentos de los comedores que, denuncian, no llegan ni en el tiempo ni en las cantidades que se precisan para atender la demanda de las familias.

Por eso, destacan que “6 de cada 10 pibes y pibas son pobres y casi el 50 % de la población es pobre”. En ese punto recuerdan que “el salario mínimo está en $21.600 más de $ 3000 por debajo de la canasta de indigencia y el 70 % de los jubilados cobran menos que esa cifra”.

Por otro lado incorporan los reclamos de “las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y personas no binarias” porque “somos más pobres aún y sobre nosotrxs recaen todas las tareas de cuidado. La brecha salarial en comparación con los varones es de un 20%, sumado a que durante la pandemia se nos hizo cada vez más difícil acceder a changas y trabajos que permitan sobrellevar la crisis. Durante la pandemia ha recrudecido la violencia de género, y a menos de 3 meses de iniciado el año llevamos ya 55 femicidios y 3 transfemicidios, con un Ministerio de Mujeres y Diversidades que no ha llevado adelante una sola política real de resguardo contra la violencia patriarcal”.

Finalmente apuntan contra el gobierno: “las organizaciones de desocupados independientes rechazamos el discurso del gobierno que dice privilegiar a los pobres. Todo lo contrario, desde el Presupuesto Nacional se han reducido o eliminado las ayudas de emergencias, sin anestesia, como el IFE, privilegiando a los acreedores de la usurera e ilegítima deuda externa”.

Entre los reclamos se destacan el pedido de un salario mínimo de $ 53 mil, la equiparación de los programas sociales con la Canasta Alimentaria, la vacunación para todos los trabajadores esenciales y, entre ellos, los que sostienen los comedores populares en los barrios.

Además, tal como vienen insistiendo, apuntan a la apertura de más programas sociales que denuncian se encuentran cerrados en la actual cifra de 780 mil así como la mejora en cantidad y calidad de los alimentos para los comedores y merenderos.