En Once, en Palermo y en Retiro los últimos días de junio. En 9 de Julio y Córdoba el primer día de este mes. En Callao al 200 al final de esa semana. En las inmediaciones de la cancha de San Lorenzo, el último caso del que se tiene registro. Al menos seis personas murieron a la intemperie en la ciudad más rica del país desde que empezó la ola polar.
Las tareas de la Red de Asistencia del Gobierno de la Ciudad se multiplican cuando la temperatura obliga, mientras la población en situación de calle crece con la crisis y el ajuste, al ritmo de los operativos para desplazarla. Este accionar tiene un correlato: la creciente presencia de personas sin techo en los hospitales de salud mental. Desde el Borda denuncian que las guardias están «estalladas». Las miradas apuntan a la Ciudad y su intento de «limpiar» las aceras a la vista de los vecinos y las vecinas Lo marginal es invisible a los ojos.
“Los medios dicen que fueron muertes sin signos de violencia. Fueron sin signos de agresiones físicas. Que no es lo mismo que decir sin violencia. Morir de frío es una forma de violencia por el no alcance de las políticas públicas”, contrasta Jorgelina Di Iorio, psicóloga, investigadora del Conicet, parte de Abrigar Derechos e impulsora –con la Asamblea de Personas en Situación de Calle– del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia personas sin techo en Argentina, que presentó un amparo por el tema en 2022.
Según informó el Ejecutivo a cargo de Jorge Macri, hay más de 600 personas trabajando en el Protocolo Invernal para asistir a esta población, cuyo número oficial está muy por debajo del que miden las organizaciones sociales: en abril el GCBA informó 2235 personas en situación de calle en Centros de Inclusión Social (CIS) y 1321 en la vía pública. Para las ONG ya en diciembre había 8028 personas sin techo en CABA, cuyo nivel de indigencia casi se duplicó en el último año. Mientras, organizaciones como Proyecto 7 denuncian que el Ministerio de Capital Humano aún retiene más de 65.000 frazadas en sus depósitos.
Protocolo incierto
En abril Macri publicó en redes sociales imágenes del «antes y después» de operativos de «orden y limpieza». Lo único que mostraban era el corrimiento de personas en situación de calle. Hacía un mes que su gestión había presentado un protocolo de salud mental centrado en esta población. Con críticas a la Ley Nacional de Salud Mental –aunque sin una diferencia clara con esa normativa- anunció que “las personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias” podrán ser internadas si alguna “presenta un riesgo para sí o para terceros”, aunque «no preste consentimiento».
Desde entonces, según informó Desarrollo Humano a este diario, la Red de Atención relevó “60 casos críticos de salud mental. En la actualidad quedan 31 casos activos, de los cuales 24 cuentan con seguimiento del Programa de Abordaje a Personas con Trastorno Mental Severo en Situación de Calle (ASIC)”. Desde el Ministerio de Salud indicaron que “’casos críticos’ quiere decir que cumplían con el criterio para ser trasladados a un hospital general de agudos, donde se les realiza la evaluación interdisciplinaria” y que de ese grupo “hubo internaciones”, sin precisión de cuántas ni dónde, y tampoco si tuvieron alguna defensa que determine si se necesitaba internación.
“No hay información sobre cómo están implementando el protocolo. Hay bastante cerco sobre eso. Evalúan con criterios poco claros si la persona necesita alguna atención específica sobre salud mental. Tampoco queda claro cómo pueden ir las personas al nuevo centro de integración para padecimientos en salud mental; quién las deriva”, denuncia Di Iorio.
Este viernes, la Asesoría Tutelar de Cámara -a cargo de Gustavo Moreno- amplió su denuncia al GCBA ante el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, radicada tras la sanción del protocolo en cuestión. Fue ante una circular del SAME que apuntaba al traslado injustificado de personas en situación de calle a hospitales (ver recuadro).
“Se evidencia la creación de una ‘categoría sospechosa en salud mental’ basada en supuestos de vulnerabilidad habitacional y afectación a la salud mental, en perjuicio de las personas en situación de calle”, advirtió Moreno, y señaló el reciente fallo de la jueza Natalia Ohman, quien declaró la nulidad de 125 detenciones y requisas a indigentes y cartoneros practicadas sin orden judicial por la Policía de la Ciudad.
Del borde al Borda
Maximiliano Cesoni, secretario de la Asociación de Psiquiatras de Argentina y psiquiatra en el Borda, planteó desde un primer momento sus dudas con respecto al protocolo de salud mental para esta población. A más de cuatro meses de su implementación, señala que se ven más personas en situación de calle en el hospital psiquiátrico –en su servicio de internación– pero no por intervenciones a través de esa normativa.
“En el último tiempo cuando uno ve la clínica cotidiana de los pacientes, muchos están en situación de calle. Porque no hay red, no hay familia. Hace 15 días ingresó uno derivado del Alvear que sí cumplía la línea del protocolo”, aclara, como excepción.
Además plantea las dificultades que implica tal protocolo en un sistema de salud “colapsado” y en el marco de una crisis social creciente: “Internar a alguien en situación de calle implica que después va a haber gran dificultad para la externación porque no hay red social. ¿Qué hacemos después con ese paciente? La oferta de alternativas no ha crecido. En algún momento el paciente podía tramitar un subsidio habitacional y más o menos le alcanzaba para una pieza. Hoy vale lo mismo que un alquiler y no pueden acceder”.
Gabriela Sánchez, delegada de ATE en el Borda, coincide en que la población en situación de calle “oficialmente» no llega al centro de salud a través del protocolo: «Pero sí estamos viendo una gran demanda desde la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de internar no importa cómo. Notamos una cuestión compulsiva, te dicen ‘vemos dos camas libres en el sistema te mandamos a dos para internar’”.
El tema fue debatido entre profesionales del lugar: “Decidimos hacer un protocolo propio del Borda. Especificar qué es lo que atendemos. Si no, nos vamos a transformar en un parador”.
La trabajadora lo grafica: “Si vas hoy a la guardia del hospital, parece una comisaría. Está llena de móviles policiales. No todos vienen por estar en situación carcelaria. Tenemos gente que la sacan de la calle o de un parador y la mandan acá. La guardia está estallada. Y los médicos están muy vulnerables. Si le decís a un policía que no, porque no da el perfil de patología mental, llama a un juez o forense y si hay orden judicial para internar no importa lo que uno opine. Trabajamos en forma carenciada y se deterioran la atención y el trabajo”.
Desplazamientos forzados
“Las acciones que se están implementando no alcanzan. Muchas terminan siendo políticas de parche. Este fin de semana hubo más equipos territoriales en las calles para dar algo caliente, ropa o vacantes que mágicamente aparecieron en algunos dispositivos. Debería ser todo el año, son medidas coyunturales; falta una discusión de políticas públicas integrales”, plantea Di Iorio.
Según registra el RUV, lo que está en aumento en CABA en particular son los operativos de ‘desplazamiento forzado’ de las personas del espacio público: «lo venimos visibilizando desde la Asamblea –remarca–. Hay registros de este tipo filmados desde los primeros días de enero. Y vemos que están en aumento”. ¿Adónde van esas personas desplazadas a la fuerza? No se sabe. Unas se mueven a otro punto de la ciudad, otras retornan al poco tiempo o aceptan momentáneamente el ofrecimiento –cuando lo hay– de ir a un lugar a resguardo.
“Algunas relatan que van las fuerzas de seguridad varias veces a sacarlas. Cinco, diez veces. Hay mucha circulación producto de estos desplazamientos”, denuncia Di Iorio desde Abrigar Derechos, organización que trabaja a diario con la población sin techo.
El último lunes, un Frazadazo impulsado por las entidades sociales en el Obelisco gritó que la calle no es un lugar para vivir. Horas antes, el titular de Proyecto 7 –una de las ONG impulsoras– fue amenazado de muerte. El papel que encontró la hija de Horacio Ávila en la puerta de su casa decía: “Hay una bala con tu nombre dejate de joder”.
«Pacientes» en situación de calle
Tras las primeras muertes de personas sin techo, circuló una nota interna del SAME que habilitaba el encierro sin justificación: “Pacientes en situación de calle, con o sin trastornos psiquiátricos, deberán ser trasladados a hospitales del Gobierno de la Ciudad en todos los casos, dejando expresa orden que el facultativo a cargo debe obligatoriamente trasladarlos independientemente si tienen criterio médico o no”. Y agregaba: “Si es necesario se convocará a la colaboración de la Policía de la Ciudad”. Ante el revuelo, la nota fue dada de baja, según informó la Ciudad. Pero la medida –que supuestamente obedecía a la ola de frío- coincidía con las políticas porteñas para esta población.
“La nota hablaba de ‘pacientes’ en situación de calle. Pero en la calle no hay pacientes, hay personas con un problema social”, advirtió Gabriela Sánchez, delegada de ATE en el Borda “La orden de trasladar a la fuerza a los hospitales a personas en situación de calle sin criterio médico equivale a una especie de Estado de sitio no declarado que suspende las garantías constitucionales, propio de las dictaduras, y hay una intención de usar al personal sanitario como fuerza parapolicial que debe realizar traslados forzados (detenciones) sin criterio médico”, añadió Leonardo Gorbacz, autor de la Ley Nacional de Salud Mental.
Borda, sin calefacción ni ascensores
Trabajadores y trabajadoras del Hospital Borda se encuentran en estado de alerta. Reclaman “atención digna para los pacientes y condiciones dignas de trabajo”, y buscan visibilizar sus reclamos antes de tomar otras medidas de protesta.
“De los tres ascensores del pabellón central, uno fue declarado obsoleto y de los otros dos ahora funciona uno. No tenemos un ascensor camillero. Si se descompensa un paciente se baja parado. Hicimos una camilla más corta, pero no es la solución. No tenemos ambulancias. A veces necesitamos traslados para estudios en otros hospitales y se pierden los turnos porque no tenemos transporte. Los pabellones laterales no tienen calefacción, la eléctrica tiene problemas de cableado y no funciona como corresponde. Quieren abrir consultas externas pero no tenemos personal. El estado de alerta ya se decretó”, describió Gabriela Sánchez, delegada de ATE.
Los reclamos que tienen que ver con las condiciones de trabajo incluyen las consignas “No somos una cárcel” (por la cantidad de internaciones con orden judicial) y “No somos un asilo, somos un hospital de salud mental”.
