Durante la madrugada del martes 30 de abril de 2024, al mismo tiempo en que la Cámara de Diputados de la Nación debatía el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en la Legislatura de la provincia de Chaco se modificaba, en un tratamiento express, el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que habilitaba el desmonte de miles de hectáreas que, hasta esa madrugada de voto orquestado, estaban protegidas por ley.
Casi cuatro meses después, una comitiva de gendarmes irrumpía en el séptimo piso de la Casa de Gobierno de Chaco, donde funcionan las oficinas del ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Halavacs, para dar cumplimiento a la orden de allanamiento en el marco de la causa que investiga una “organización criminal”, según la carátula judicial, o “mafia”, de acuerdo a las simplificaciones del periodismo, conformada por funcionarios y empresarios que posibilitó la aniquilación de los bosques protegidos en la provincia para el “beneficio económico de unos pocos, en perjuicio de la sociedad”.
La investigación sobre la «organización criminal»
La fiscalía federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, había presentado una acusación y un pedido de investigación contra el mencionado Halavacs, conocidísimo gestor forestal en la zona y actual Ministro; Miguel Ángel López, ex director de Bosques de Chaco y propietario de Forestales del Oeste SAS, uno de los mayores aserraderos de la provincia; Luciano Olivares, ex subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible; Atlanto Honcheruk, diputado provincial y dueño de la mayor empresa transportista de madera de Chaco; Juan José Bergia, también diputado de Chaco y mandamás de la Reserva Meguesoxochi, denunciada por la explotación irracional de madera; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo y Hernán Miguel Brunswig, exsubsecretario de Recursos Naturales y exministro de Planificación y Ambiente de la provincia, por la siguiente nómina de delitos: “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, “tráfico de influencias”, “negociaciones incompatibles con la función pública”, “malversación de caudales públicos” y “asociación ilícita”.
A su vez, solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda “los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024”, y “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”, lo que finalmente se concretó por orden de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, por el término de tres meses.
La onda expansiva del escándalo no se detendrá: en los próximos días, el fiscal Sabadini realizará un pedido de investigación contra varias empresas vinculadas al daño ambiental provocado a la provincia entre las que están, por nombrar solo tres, Vicentín, donde el ministro Halavacs trabajó como consultor para la familia; Las Guindas S.A, propiedad de los Urquía, que dirigen el Grupo Aceitera General Deheza (AGD) y TRIAD S.A., la compañía en la que tiene acciones el actual presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.
Estado cooptado
“El objetivo es que se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si esta asociación ilícita sigue en funcionamiento, el futuro del Gran Chaco, uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, tiene solo como destino su desaparición definitiva”, advierte Enríque Viale, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, cuya denuncia “develó un aceitado mecanismo de corrupción público/privado para lucrar con la destrucción del monte chaqueño”.
Para Viale, la ley que votó la Legislatura de Chaco “fue hecha a medida del agronegocio y las tanineras (ver recuadro). Ese cambio normativo fue impulsado por la ´puerta giratoria´ de funcionarios y empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios”.
De acuerdo a la denuncia de la Asociación, luego avalada por la justicia federal, los funcionarios sospechados otorgaron permisos de desmonte ilegal recategorizando parcelas de manera fraudulenta y “desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados”. Además, falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, “a cambio de beneficios económicos y otros favores indebidos”.
Para el fiscal Sabadini, “la operatoria criminal (…) comprende un entramado complejo que, a lo largo de un periodo más o menos prolongado de tiempo, habría cometido distintos delitos valiéndose de la estructura del Estado, utilizando los mecanismos legales en algunos casos, y fraguando mecanismos espurios, así como herramientas funcionales a sus fines, en otros”.
Las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino
La denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas que originó la imputación de la justicia federal también puso la lupa sobre las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y “sus promiscuos vínculos con funcionarios y ex funcionarios”.
El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. “Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político”, argumentan.
