En su obsesión por limpiar de pasivos al Banco Central y así limitar la emisión monetaria, el gobierno de Javier Milei fusionó de manera inusual los balances correspondientes a la autoridad monetaria y a la Administración Pública Nacional. El propio presidente, ya en su campaña electoral, sumó ambos ítems y los agitó como el fantasma del “déficit de 15 puntos del PBI”, para justificar sus planes de ajuste fiscal.

En esa cuenta incluyó tanto el resultado deficitario de la gestión del Estado nacional como los intereses que pagaba el Banco Central por los títulos (las famosas Leliq) que entregaba a los bancos para regular la liquidez (el denominado déficit cuasifiscal).

La práctica es cuestionable desde el punto de vista académico porque mezcla peras con calabazas, algo incorrecto por más que las dos se compren en la verdulería. Además obvió las críticas sobre la falta de independencia del BCRA con relación al Ejecutivo. Este fue un tema que se le achacó ácidamente a las gestiones de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, a quienes se cuestionó de violar preceptos contenidos en la carta orgánica de la entidad, y que en el relato mileísta ni siquiera está considerado.

Tomala vos, dámela a mí

Desde esa óptica, Luis Caputo y Santiago Bausili (socios en el ámbito privado hasta diciembre pasado y ahora ministro de Economía y titular del Banco Central, respectivamente) coordinaron un plan por el cual las deudas que la entidad monetaria tenía con los bancos serían asumidas directamente por el Tesoro.

El cambio tenía como objetivo que los intereses no fueran cubiertos con emisión monetaria sino con el superávit fiscal y que el BCRA recuperara la atribución de modificar la tasa de interés sin perjudicar sus propias cuentas.

Sin embargo, el pasamanos no provocó una mejora de la situación. Después de ocho meses de administración libertaria, los parámetros de esa deuda considerada en su conjunto (según la visión validada por Milei) no mejoraron y hasta empeoraron, según cómo se los vea.

En ese sentido, un análisis realizado por la consultora Eco Go comparó las cifras de noviembre de 2023 con las de julio de 2024, sumando los pasivos del Tesoro y del BCRA tal como propone el relato oficial e incorporando el concepto de “deuda relevante” (neta de las operaciones intrasector público).

El trabajo concluyó que la misma bajó levemente, de U$S 284 mil millones a U$S 271 mil millones. Pero la que corresponde al Tesoro pasó de U$S 212 mil millones a U$S 260 mil millones, fruto de la absorción de los pasivos del Banco Central, que se redujeron de U$S 71 mil millones a U$S 11 mil millones.

En la volteada también cayeron otros dos coeficientes que hablan de la “calidad” de la deuda asumida. Por un lado, la relación de las obligaciones en pesos sobre el total bajó del 40% al 34%, recorriendo el sendero inverso al proceso de pesificación de los últimos años. Esto significa que los compromisos en moneda extranjera duplican a los de la moneda local y crean una situación de vulnerabilidad en caso de una devaluación, algo que el mercado no descarta que ocurra en los próximos meses. Asimismo, bajó la deuda en pesos a tasa fija, que antes era de 25% y ahora de 17%. Eso provoca que el monto total de las obligaciones no recoja los beneficios de la baja en las tasas de interés que alentó el gobierno.

Trastorno de ansiedad

Según el análisis de Eco Go, “la ansiedad por eliminar los pasivos remunerados del BCRA generó un aumento casi equivalente en la deuda de pesos del Tesoro, con una concentración de vencimientos de pesos que en lo que resta del año alcanza al 5% del PIB, diez veces el superávit primario remanente incluido en los objetivos del gobierno”.

En otras palabras, el alivio para el Banco Central se transformó en presión para el Tesoro, que deberá apretar (todavía más) el torniquete fiscal para asegurarse fondos con los que pagar esos vencimientos o bien depender de la buena voluntad de los bancos, que se transformaron en tenedores mayoritarios de esa deuda, para refinanciarla.

En última instancia, según lo que dejan traslucir desde las usinas libertarias, el objetivo final del plan es secar la plaza de dinero para aplacar la inflación y al mismo tiempo alentar una «competencia de monedas» entre el peso y el dólar. Claro que los bancos priorizaron sus necesidades de liquidez y en dos semanas liquidaron casi un cuarto de las LeFi (las letras que les dio el Tesoro a cambio de los pases del BCRA) en su poder. Por eso la base monetaria se incrementó 10,6% en julio, según admitió el Banco Central en su informe monetario mensual. «

Exploran un «repo» con bancos del exterior

En la última semana se intensificaron los rumores sobre un avance en las gestiones del gobierno para conseguir un «repo» (operación de préstamo garantizada con títulos públicos) con bancos del extranjero. La operación sería coordinada por el banco Santander, que está tanteando a posibles inversores para conseguir una suma aproximada a U$S 1000 millones.
Según la agencia Bloomberg, la operación sería a tres años de plazo, por lo que los títulos que se entreguen en garantía deberían ser recomprados en 2027. Durante ese período, Argentina debería pagar un interés de 550 puntos básicos sobre la tasa SOFR (la que se utiliza en el sistema bancario de Estados Unidos para estas operaciones), lo que implicaría algo así como 10,5% anual.
La elevada tasa a abonar es el reflejo de lo que cuesta vencer la desconfianza de los inversores del exterior. Sin embargo, la necesidad tiene cara de hereje: los vencimientos de bonos de la deuda pública en moneda extranjera para el próximo año rondan los U$S 5800 millones.