Con un mensaje que atrasa, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona se presentó este martes en el Congreso para dar explicaciones por los recortes en múltiples áreas de las políticas de género. En el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Libarona anunció que se acabó el género y lanzó: “Nuestro valor es la familia. Rechazamos la diversidad y la identidad sexual que no se alineen con la biología».

La declaración abrió la polémica entre los legisladores que los cuestionaron por minimizar la violencia de género. Acto seguido, y con micrófono abierto, le dijo a un asesor: «Boludo, esto está textual del discurso de Milei”. Además, el ministro fue acusado por diputadas de llevar a la Comisión un grupo de mujeres del “Observatorio de falsas denuncias” para hacerle barra. Precisamente, fue la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero), quien acusó al grupo militante de “defender a violadores”.

Durante el tenso encuentro, Libarona defendió el funcionamiento de las líneas telefónicas para pedido de ayuda y dijo que el gobierno aplica políticas para la violencia en general, es decir, «la igualdad sin distinción de género».

Por otro lado se refirió al expresidente Alberto Fernández y la denuncia de violencia de género por parte de su exmujer Fabiola Yañez. “El pueblo votó en su gran mayoría a Javier Milei, que quiere concluir con este nefasto período lleno de hipocresía marcada por muchos parlanchines políticos que decían que se va a acabar el patriarcado, pero en otros ámbitos no era lo que realmente sucedía”, disparó.

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El funcionario, señaló que al asumir en el gobierno “en el Ministerio encontramos mil empleados de los cuales había 70 trabajando en forma permanente y 930 estaban por zoom. Cuando consultamos nos dijeron que no los conocían, que no tenían contacto, muchos de esos contratos eran recientes”.

“Encontramos 31 organismos dentro del ámbito de Capital Federal que realizaban la misma tarea dentro del mismo Ministerio, y en cuanto a los fondos públicos, descubrimos que se gastaron 8.000 millones de pesos, sin obtener mejoras”, agregó.

Asimismo, manifestó: “Nuestra misión es cuidar el patrimonio del Estado. Había un Ministerio ineficiente que compraba y no sabía qué. En obras tampoco se hizo nada, pero el dinero se gastó; eso motivó el cierre ya que no daba cumplimiento a sus tareas”. La solución que propone el presidente Javier Milei, su gran batalla, es el orden económico, y a partir de ahí, un montón de problemas colaterales, como la problemática que estamos examinando, se irán resolviendo”, añadió.

Libarona dijo que “se redujo el personal porque el Estado no puede soportar tanto empleado que no trabaje, se necesita eficiencia”.

Lluvia de críticas

A la hora de la consulta de los legisladores presentes, el diputado socialista Esteban Paulón contraatacó: “Soy activista gay, estoy casado hace 14 años. Mi familia también tiene valores, amor cuidado mutuo respeto como cualquier otra familia”. “Plantear en 2024 que la identidad de género no es una situación que motiva discriminación o falta de acceso a derechos es desconocer la realidad”, indicó.

“Solamente le faltó decir que podíamos ser enfermos”, respondió el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. En ese sentido, remarcó: “Usted no puede desconocer que ser gay, como lo soy, estuvo siempre asociado a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en la política. Usted es la máxima autoridad del ministerio de justicia y ha dicho una barbaridad. Desconoce las leyes que nacieron del trabajo y la lucha desde hace muchos años de organizaciones de la sociedad civil de Mujeres y del Movimiento LGBT”.

Por su parte, la radical Carla Carrizo expresó: “Me pareció muy ofensivo su discurso. Está muy bien que no le haya gustado el Ministerio, lo que está muy mal es que no haya explicado donde están funcionando las políticas de género”.

Y el correligionario de Carrizo Fernando Carbajal destacó: «Muchas críticas, justificadas, al pasado. Ninguna definición de políticas públicas. Como el INADI funcionaba, mal lo cerraron. Menos mal que es abogado y no médico. Los enfermos se curan. No se matan”.

El ministro, fue convocado por la reducción de las políticas de contención a víctimas de violencia de género, como los despidos a personal de atención de la Línea 144. Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), al Estado le termina costando 22 veces más intervenir de manera tardía en los casos de violencia.

Además el Gobierno redujo a la mitad el Programa Acompañar para mujeres y diversidades en situación de riesgo acreditado por violencia de género. También fue cuestionado por el cierre del INADI.