El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó como «un acto hostil» los nuevos anuncios de endurecimiento del bloqueo contra la isla que promueve la administración del empresario Donald Trump. En la práctica, esta nueva embestida contra la Revolución Cubana implica que, de acuerdo a lo que establece la ley Helms-Burton -votada en 1996 durante la gestión de Bill Clinton y que no había sido puesta en vigor desde entonces-, se habilita a que se presenten demandas judiciales en tribunales estadounidenses contra firmas expropiadas por el gobierno de la Isla desde 1959 en adelante.

«Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias el Derecho Internacional, la Ley Helms-Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado durante casi tres décadas, en los más importantes organismos regionales e internacionales. El ejemplo más reciente fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando el pasado 1 de noviembre fue objeto de diez votaciones consecutivas de rechazo, en que el gobierno de los Estados Unidos quedó en absoluto aislamiento», dijo un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

La cancillería agregó:»El título II de la Ley Helms-Burton dispone que el derrocamiento del gobierno revolucionario, la posterior tutela del país a cargo de un interventor estadounidense y el ulterior establecimiento de un gobierno contrarrevolucionario y subordinado a Washington tendrían como tarea inequívoca la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones o de que las abandonaron».

Esta vuelta atrás en la política estadounidense en relación con Cuba, que durante el gobierno de Barack Obama había reconocido el fracaso del bloqueo económico impuesto en 1962 y reanudó relaciones diplomáticas en 2015, fue uno más entre los lineamientos políticos que Trump rompió unilateralmente desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017. Lo que convierte a cualquier acuerdo firmado con Washington -como el establecido con Irán, o el NAFTA, o los de Cambio Climático- en un papel mojado y una advertencia para quienes buscan sellar tratados con EEUU.

Esta nueva ofensiva debe inscribirse en el ataque contra el gobierno de Nicolás Maduro, de allí que la noticia se haya difundida en mismo día que el presidente promovido por EEUU, el diputado Juan Guaidó, regresaba a Caracas y -contra el deseo de escalar la arremetida-, no fue detenido por las autoridades bolivarianas.

Uno de los más enconados enemigos de todo lo que suene a progresismo o socialismo en la región, el ultrabelicoso asesor en Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, John Bolton, lo señaló claramente desde un tuit amenazante.

«El rol de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso Estados Unidos continuará reforzando restricciones financieras a servicios militares e intelectuales de Cuba. Democracias de la región deben condenar al régimen de Cuba».

Cuando se conoció el resultado del referéndum para una nueva constitución cubana, el domingo 23 de febrero pasado, Bolton ya había mostrado las garras en otro mensaje en la red social en el que calificaba a la consulta de «otra estratagema del régimen cubano para encubrir su represión y tiranía». Y agregó que «los Estados Unidos apoyan al pueblo cubano a pedir libertad y democracia».

Curiosa manera de entender la libertad y la democracia cuando horas antes en 90 % de los 8,6 millones de ciudadanos empadronados en la isla habían acudido a los 25.000 colegios electorales para dar su veredicto acerca de una reforma a la Carta Magna. Y que el 86,85 % de ese total había aprobado las enmiendas.

La reforma se estaba analizando en los despachos oficiales desde hace algunos años y había sido debatida en cada rincón de Cuba entre agosto y noviembre pasado. Incluso participaron cerca de un millón y medio de cubanos residentes en el exterior que pudieron dar sus puntos de vista para actualizar el texto de 1976.

La nueva Constitución en lo sustancial mantiene el sistema comunista pero, en consonancia con la actualización económica iniciada por Raúl Castro cuando asumió la presidencia, en 2008, reconoce la propiedad privada y la necesidad de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país. También establece limites al mandato presidencial, circunscripto a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años, mientras fija un tope de 65 años para acceder por primera vez a la jefatura del Estado.

El anuncio de este lunes, consideran los analistas, tendrá poco impacto en la vida real, pero simbólicamente es una nueva señal de que las amenazas del bloque más agresivo del entorno de Trump, su secretario de Estado, Mike Pompeo, el enviado para destituir a Maduro, Elliot Abrams, viejo zorro que asistió a los golpes de estado y a los contras en Centroamérica en los 80, y el propio Bolton. Coinciden en calificar a los gobiernos cubano, venezolano y nicaragüense como la «troika de la tiranía» a las que esperan derrocar mas temprano que tarde.

El sueño de acabar con la revolución Cubana ya cumplió 60 años, los mismos que se cuentan desde el 1 de enero de 1959 cuando la guerrilla encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara terminó con la dictadura de Fulgencio Batista. El bloqueo impuesto durante la gestión de John Kennedy solo provocó pesares para los cubanos porque según cifras oficiales significó pérdidas en dinero y bienes por una cifra cercana al billón de dólares.

Desde 1992, cuatro años antes de la ley Helms-Burton, la Asamblea de las naciones Unidas someten a votación de sus miembros una resolución de rechazo al bloqueo estadounidense. paulatinamente su fueron sumando naciones y el noviembre pasado 189 países le dieron su apoyo a La Habana, incluida la Argentina. Sólo Israel votó junto con Estados Unidos.

«Desde 1996, la ley Helms Burton ha procurado universalizar el bloqueo económico, mediante presiones brutales e ilegales de EEUU contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas», dice la cancillería cubana.


«Es una nueva declaración descabellada de un representante de la administración estadounidense, que busca reconfigurar la región latinoamericana según su modelo», declaró el director Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin. el funcionario agregó que esta embestida demuestra que «todas las conversaciones sobre el ‘restablecimiento de la democracia’ en Venezuela no son nada más que una fachada para modelar a los países de América Latina según los parámetros estadounidenses».