«El que avisa no traiciona». El difunto juez Claudio Bonadio le advirtió con ese mensaje al empresario Benito Roggio que quedaría preso a menos que reconociera que había pagado sobornos al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime por los subsidios que recibía por el Ferrocarril Urquiza, y administrada a través de Metrovías. Roggio había admitido, en el marco de la Causa Cuadernos, la entrega de dinero como aporte electoral. Pero Bonadio no era juez electoral y, en consecuencia, precisaba algo más para quedarse con ese pescado gordo, uno de los empresarios más importantes de la Argentina.

Roggio presentó esta semana, a través de sus abogados, Jorge Valerga Aráoz padre e hijo, un escrito adhiriéndose al pedido de nulidad de la declaración como arrepentido del empresario Mario Ludovico Rovella. El documento denuncia «un vicio imperdonable consistente en que el juez Bonadío había interrogado a Aldo Benito Roggio por fuera del objeto procesal y que había excedido en creces sus facultades como juez». Y en ese contexto, describe: «Roggio se había visto compelido a declarar del modo en que lo hizo porque, de lo contrario, quedaría detenido. Al finalizar el primer tramo de la declaración indagatoria con un cuarto intermedio dispuesto por el juez (el 14/8/2018), tanto él como nosotros tuvimos la absoluta convicción de que si negaba los hechos consultados más allá de ser o no ciertos, no se convalidaría el acuerdo y consecuentemente terminaría preso. Esa convicción estuvo avalada por el dato objetivo e irrefutable a la luz de la realidad vivida durante esos días: antes que nuestro asistido habían declarado 17 empresarios, de los cuales seis quedaron detenidos y once fueron liberados; los seis detenidos no se acogieron a la ley del arrepentido, y los once liberados previa homologación del acuerdo por parte del Juez sí se acogieron a ella».

En efecto, cuando Roggio declaró como imputado colaborador hubo una primera parte en la que reconoció los pagos para campañas electorales. Pero Bonadio le preguntó por coimas a Jaime. Eso no estaba en los cuadernos. El empresario las negó, entonces el juez dispuso un cuarto intermedio en la declaración. «La decisión de disponer un cuarto intermedio, inmediatamente de que nuestro defendido negó la existencia de supuestos ‘retornos’ en el pago de subsidios al transporte frente a la expresa pregunta ilegal, inocultablemente persiguió que él asumiera que la homologación del acuerdo le aseguraba permanecer en libertad, al punto que el juez concluyó su intervención manifestando textualmente, en un tono audible por todos los presentes: ‘… el que avisa no traiciona’, dejando en claro cuál era la condición impuesta para poder hacerlo».

Roggio, al igual que otros empresarios (entre ellos Rovella y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner) dijo que sí a todo. En los días siguientes, los medios de comunicación consignaron que «el empresario constructor admitió haberle pagado 5% de los subsidios correspondientes al Ferrocarril Urquiza al exsecretario de Transporte y también por la explotación del subte. A partir de la información ofrecida por Roggio quedó al descubierto otro de los esquemas de recaudación que había en el Ministerio de Planificación, es decir, del área de Transporte».

Valerga Aráoz padre, uno de los abogados de Roggio, es uno de los jueces que integró el tribunal que condenó a los comandantes de la última dictadura. En el escrito presentado esta semana consideró que «a la sociedad toda le interesa que la correcta administración de justicia no sea recipiendaria de prueba obtenida ilegalmente». Acaso haya recordado el horror de las «confesiones» arrancadas bajo tortura que le tocó juzgar.

También esta semana los abogados de Rovella volvieron a Tribunales para presentar un escrito ampliatorio del pedido de nulidad de la declaración del empresario como arrepentido. Rovella es aquel que el día antes de declarar en la causa Cuadernos pasó por una escribanía para dejar asentado que iba a reconocer delitos que no había cometido porque, en caso de negarlos, quedaría preso.

Los abogados Pablo Medrano y Enrique Arce presentaron como prueba nueva un artículo de Tiempo Argentino del 8 de noviembre de 2020 sobre una causa escandalosa que va camino a quedar en el olvido: el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Aquel artículo narraba que, según un documento secuestrado en el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, existía un listado de empresarios para los cuales se estaban acondicionando calabozos a los que irían a parar en el marco de la causa Cuadernos. «Tiempo accedió a ese documento, cuyo facsímil acompaña a esta nota. Figura en un ‘legajo de investigación’ en la causa. Se titula ‘Documentos y planilla extraída del disco Seagate de 4TB secuestrado'», explicaba la nota. Y también describía el contexto: «El 6 de febrero de 2019, el juez Bonadio convocó por tercera vez a ampliar indagatoria en la causa Cuadernos a la entonces senadora Cristina Kirchner. Junto con ella, llamó a otros 97 imputados. Esos son los nombres que componían la lista hallada en el sector de inteligencia del Servicio Penitenciario, también conocido como ‘Área 50’. No hay en el expediente ninguna explicación de por qué personas que no estaban (y en la mayoría de los casos, nunca habían estado) detenidas, figuraban en ese documento». Rovella estaba en la lista. Era uno de los que estaban esperando.

«El documento, que nos era desconocido y que peticionamos se incorpore a estas actuaciones, viene a demostrar que no se trató sólo de una operación difundida a través de los medios de comunicación tendiente a intimidar y quebrantar psicológicamente a los imputados de esta causa; sino que, efectivamente, el juez que le tomó declaración indagatoria a nuestro asistido, tenía resuelto de antemano privarlo ilegítimamente de su libertad ambulatoria para el supuesto de que guardase silencio –si se negaba a declarar- o negara los cargos –en el caso de hacerlo-. (…) El juez Bonadío, sin haberlo oído y a escondidas le había mandado reservar alojamiento en la cárcel. En definitiva, el destino presidiario de nuestro representado era inexorable si no se ‘confesaba’ ante el juez instructor”, sostuvieron los abogados.

Así, le pidieron al Tribunal Oral Federal número siete que obtenga “el documento secuestrado en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal al que se hizo referencia en esta presentación. Asimismo, que informe todos los antecedentes de ese documento que tengan relación con su origen, fecha de creación y toda otra circunstancia vinculada a su autoría y/o al motivo por el que fue confeccionado».

El tribunal parece reacio a cualquier movida que pueda dificultar la realización del debate oral. La fiscal de juicio, Fabiana León, suele dictaminar por el rechazo de cada planteo y medida de prueba propuesta en esta etapa y los propios jueces desestimaron por razones formales otra adhesión a la nulidad de las declaraciones de los arrepentidos.

Se trata de un escrito ingresado a través del expediente electrónico por la defensa del empresario Juan Bautista Pacella, de la constructora Dos Arroyos S.A. Pacella no estaba en la causa Cuadernos. Su nombre apareció en un Excel presentado por el financista Ernesto Clarens en su… quinta ampliación de indagatoria.   «