Diálogo roto. El martes, una reunión entre el gobierno y entidades de Derechos Humanos terminó de golpe cuando la titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Angela «Lita» Boitano, les dijo a los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano que “ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago”, tras lo cual los funcionarios levantaron la reunión. Bullrich criticó a los organismos: “Parece que se busca acusar al gobierno en vez de trabajar todos juntos.” 


Intervino la CIDH. El miércoles se pronunció Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El organismo pidió al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado” y que “informe sobre las acciones adoptadas”. 


Cambio de carátula. El jueves, tras recibir a la familia Maldonado, la fiscalía federal de Esquel pidió cambiar la carátula de la causa, de «averiguación de paradero» a “desaparición forzada de personas”. La fiscal Silvina Ávila dijo que se impulsaron medidas para determinar «la atribución de responsabilidad» en los hechos. El juez Guido Otranto aceptó el pedido y dispuso el secreto de sumario. 


Habló la familia. Los padres de Maldonado desmintieron los dichos de Bullrich de negarse a entregar muestras de ADN para cotejarlas con las manchas halladas en una camioneta de Gendarmería. “No nos lo habían pedido”, señaló su papá, Enrique. La madre, Stella Maris Peloso, aseguró al diario La Nación que “a Santiago se lo llevó la Gendarmería, sólo porque estaba ahí. Él tiene compromiso social y apoya las causas que le parecen justas. Por eso estaba en el corte”. 


Marcha y explosiones. El jueves, al tiempo que una marcha exigiendo la aparición de Santiago recorría el centro de La Plata, una bomba molotov fue arrojada en un edificio del Senado provincial y dos autos terminaron incendiados. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, no descartó que los responsables hubieran salido de esa marcha: “Hubo una provocación permanente a la policía», acusó. El hecho apuró la salida del superintendente de Inteligencia Criminal de la Policía bonaerense, Héctor Puente. 


En el sur. El viernes, representantes de los organismos de Derechos Humanos viajaron a Esquel a reclamar que “la justicia se saque la venda de los ojos”. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, exigió que “de una vez por todas digan dónde está; saben dónde está y quién lo tiene”.