Cristina Kirchner visitará este miércoles un escenario que le es familiar, los tribunales de Comodoro Py 2002, pero en un contexto casi desconocido: no irá como acusada de nada, sino como víctima de un atentado que pudo –y acaso lo haya hecho- cambiar la historia política de la Argentina.

La expresidenta será testigo del intento de magnicidio en su contra. Sus abogados, José Ubeira y Marcos Aldazábal, no saben qué dirá y, por supuesto, tampoco se lo preguntaron. Se trata de una situación incómoda: la sola evocación de lo que ocurrió aquella noche del 1 de setiembre de 2022 la perturba. Si pudiera evitar la declaración presencial ante el Tribunal Oral Federal número seis, sin dudas la evitaría. Pero, al mismo tiempo, experimentará una sensación extraña: los tribunales federales de Retiro siempre le son hostiles; esta vez, no.

Cristina Kirchner está citada a las 9.30 y concurrirá para contar todo lo que vivió en esa secuencia de la que se enteró cuando ya había pasado. Espera preguntas por parte de la fiscalía y de las tres defensas, pero no de su propia querella. En todo caso, si al final de la ronda hubiera quedado algo pendiente, entonces sí intervendrán Ubeira y Aldazábal para que todo quede consignado en su relato.

Cristina Kirchner será la única testigo que declarará este miércoles. No obstante, su testimonio no se insinúa muy extenso.

Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari prevén que habrá alusiones directas de la expresidenta a todo lo que no se investigó en torno al ataque: la creación del clima de violencia política, la irrupción en escena de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, el supuesto financiamiento de ese grupo a través de la empresa Caputo Hermanos –vinculada con la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo– y la pata política encarnada en el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y su jefa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Cristina sabe que nada de eso se podrá debatir en este juicio, en el que sólo están sentados al banquillo de los acusados tres marginales, de los cuales uno se hizo cargo –cual lobo solitario- de todo el atentado. Fernando Sabag Montiel, el primero en declarar, dijo que él y sólo él intentó matar a la entonces vicepresidenta y lo hizo porque el “chorra, asesina y trajo la inflación”.

La acusada Brenda Uliarte se empecina en presentarse como una persona que no comprende la situación en la que está inmersa (acaso con la intención de ser declarada inimputable). Y el otro, el líder de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”, Gabriel Carrizo, está hoy más cerca de la absolución que de la condena.

Pero la estrategia de la representación legal de la expresidenta apunta a romper esa línea de corte, según la cual una vez condenado el autor material del intento de homicidio se terminó –judicialmente al menos- la historia del atentado.