Tras la decisión gremial de no iniciar el segundo cuatrimestre en las universidades nacionales, y convocar a un paro que en principio es por 72 horas a partir del lunes que viene, quienes salieron a hablar fueron los rectores y rectoras que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y sus palabras parecen reforzar la idea de que la crisis del sector universitario, producto del ajuste del gobierno nacional, está lejos de solucionarse.
«El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reitera enfáticamente su preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario público y lamenta expresiones del Ministerio de Capital Humano que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene. No es justo ni razonable desmerecer la relevancia de un problema que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Nación, mucho menos intentar quitarle importancia a un problema urgente que afecta el normal desarrollo de las instituciones universitarias públicas», remarcaron en un comunicado publicado las últimas horas.
«Lo hemos dicho con absoluta claridad: del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y nodocentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las más distintas disciplinas», acotaron.
Universidades con salarios críticos
Los rectores sostienen que la situación salarial en el sistema universitario «es extremadamente crítica, con especial énfasis para trabajadoras y trabajadores de menor antigüedad, ya que desde diciembre de 2023 no se ha actualizado la garantía salarial».
Aceptan que es cierta la afirmación contenida en el comunicado del Ministerio de Capital Humano respecto al incremento salarial del 71 por ciento otorgado de diciembre a julio de este año, pero agregan: «Lo que no dice es que, en el mismo período de tiempo, la inflación fue superior al 120 por ciento, por lo que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 por ciento del total del personal».
Y completan: «Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables. Y esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión».
Mencionan otras consecuencias «muy preocupanres» del proceso, como la situación de la docencia de los colegios preuniversitarios del sistema, que sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la crisis que atraviesan las obras sociales universitarias «que deben enfrentar cuantiosas erogaciones por el excesivo incremento de costos, pero no perciben ingresos que permitan recomponer el desfasaje producido». Y agregan que la pérdida del poder adquisitivo compromete la dedicación y compromiso de los equipos, «lo que amenaza con afectar áreas fundamentales de la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza».
A pesar de que el sistema universitario declaró el alerta por emergencia salarial hace más de un mes, desde el Ministerio de Capital Humano no avanzaron en reuniones paritarias ni mejoras laborales. Frente a un segundo cuatrimestre que amanece con perspectivas de mayores conflictos desde el CIN advierten que «es necesaria una recomposición salarial urgente, a través de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión que las universidades públicas tienen».
Y finalizan con un llamado «a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a unirse en este pedido e invitamos a todas las universidades del sistema a declarar, a través de los órganos competentes, la crisis y la emergencia salarial. La educación superior es un derecho y la herramienta más importante para resolver los problemas que el país tiene. Lo ha dejado en claro la sociedad en su conjunto el 23 de abril del presente año y esperamos que esa manifestación colectiva se escuche en su justa magnitud».
Paro universitario
Mientras tanto, los docentes de las universidades nacionales profundizan su reclamo salarial con un paro de 72 horas desde el lunes 12 hasta el miércoles 14. Denuncian que el gobierno niega la negociación paritaria, que desde diciembre los salarios perdieron más de 54 por ciento frente a la inflación y que tienen los sueldos más bajos de la docencia de todos los niveles a nivel nacional.
Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), el gremio mayoritario de profesores universitarios en el país, sostuvo: “el conflicto universitario que se puso de manifiesto con más de un millón de personas en la calle el 23 de abril aún no está cerrado. El gobierno sólo entregó una partida para el funcionamiento, pero nada para salarios».
Al paro de 72 horas de la semana que viene, los docentes de la UBA le sumarán jornadas de clases públicas y “ruidazos” el jueves 15 y viernes 16.
Según apuntan, hoy un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, el equivalente en carga a horaria a un docente de escuela primaria, cobra $301.015 bruto, mientras que la línea de indigencia en junio fue de $393.319.
«Es un escándalo que un docente que está frente a un curso, que se formó para eso, que tiene alumnos a cargos, clases que preparar y exámenes que corregir cobre salarios de indigencia, no podemos permitirlo y por eso paramos en todo el país”, remarcó Celotto.
Y hay algo más: desde el sindicato informaron que «ya son varios» los casos de docentes que renuncian para trabajar en otros niveles educativos o para desempeñarse en otras áreas de incumbencia profesional. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras compañeras y compañeros renuncian porque no pueden continuar dando clases por estos salarios de miseria –completa Ileana–. Por eso decimos: sin salario no hay docentes, sin docentes no hay universidad”.
