El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone en evidencia que la crisis política que arrastra el Perú, no de los últimos tiempos, sino por décadas; tiene como núcleo causal a su propia Constitución. A la vez reivindica, probablemente sin proponérselo, a los sectores de izquierda que históricamente han pregonado la necesidad imperiosa de una Asamblea Constituyente que funde una nueva Carta Magna, entre ellos el propio presidente depuesto, Pedro Castillo.
El documento conocido el miércoles último da cuenta del trabajo realizado entre el 11 y el 13 de enero pasado por la misión de observación, que detectó “graves violaciones de Derechos Humanos” y el “uso desproporcionado de la fuerza” en el contexto represivo instaurado por la presidenta en funciones, Dina Boluarte, tras la destitución y detención de Castillo, luego de aquel discurso en que anunciaba su intención de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas.
Una parte sustancial es cuando reconoce que factores presentes en la Constitución peruana atentan contra “la separación y el equilibrio de poderes” y permiten “obstaculizar la gobernabilidad del país”. Se trata de “la acusación constitucional; la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente; y la disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros”, enumera la CIDH. “La Comisión ha reiterado que el uso arbitrario y subjetivo de estas figuras pueden conducir al cese de funciones de personas funcionarias electas democráticamente y a sanciones de destitución e inhabilidad”, dice, acaso tardíamente. Estos señalamientos no hacen más que dar parte de razón política a Castillo, si se tiene en cuenta que ganó las elecciones proponiendo una Asamblea Constituyente, bandera enarbolada también por el partido que lo llevó en su boleta, Perú Libre. Una Constitución superadora de la que legara Alberto Fujimori que, además de garantizar la gobernabilidad, pusiera en pie de igualdad a aquellos sectores postergados que habían visto en Castillo una representación genuina.
La demanda sigue vigente y Perú Libre intentó que se incluyera un referéndumen las elecciones presidenciales del año próximo. Pero el Congreso peruano, dominado por la derecha y la extrema derecha, la bloqueó, coherente con su accionar. Desde el primer día de gobierno de Castillo se opuso a dar el voto de confianza a sus ministros, generando un desgaste permanente. Presentó seis acusaciones constitucionales y tres mociones de vacancia. Si bien, la mayoría no llegó a su cometido, “la utilización de dichas figuras ha tenido como consecuencia el debilitamiento de la gobernabilidad del país y de la confianza ciudadana en las instituciones públicas”, dice la CIDH. Historia conocida en Perú.
Pese a advertir estos factores, la comisión es condescendiente con el golpe institucional contra Castillo. Dice que no fue tal, que el presidente actuó “por fuera de los procedimientos constitucionales” y destaca la “rápida actuación de las diferentes instituciones del Estado para el pronto restablecimiento del orden institucional”. Sobre la prisión preventiva innecesaria que sufre Castillo desde enero, aunque da muchas vueltas y opina con tibieza, queda claro que se manifiesta en contra.

El informe puede leerse completo en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/Informe-SituacionDDHH-Peru.pdf