En medio de la crisis energética y la suba de tarifas, el gobernador Axel Kicillof se reunió este miércoles con representantes de las cooperativas eléctricas bonaerenses, que suministran el servicio eléctrico en el interior, para apoyarlas frente al embargo de las cuentas que sufrieron de parte del gobierno nacional por la deuda que mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

En señal de respaldo al sector, el gobernador firmó un convenio con las autoridades de las seis federaciones de cooperativas (APEBA, FACE, CRECES, FICE, FEDECOBA y FECOOSER) y se comprometió a interceder ante la Secretaría de Energía de Nación para «evitar que se ponga en riesgo el servicio público eléctrico» en territorio bonaerense. Lo hizo acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

«Las cooperativas eléctricas son fundamentales para brindar energía allí donde el mercado no ve un negocio rentable”, señaló Kicillof, y agregó: «Asumimos la responsabilidad de defenderlas porque son un actor central para la producción, el bienestar y la calidad de vida en buena parte del territorio provincial».

La situación económica de las 200 cooperativas es crítica ya que, desde que asumió el presidente Javier Milei, están siendo intimadas judicialmente para regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA por el costo de la energía mayorista. Y nueve cooperativas ya sufrieron el embargo de sus cuentas por el Estado nacional.

En su mensaje ante la Legislatura, Kicillof habló el lunes del impacto del tarifazo que aplicó Milei y de cómo la quita de subsidios obligó a trasladar las subas a los usuarios. «El Gobierno Nacional resolvió en estos últimos días un tarifazo que todas las provincias se ven forzadas a trasladar a los usuarios. La quita de subsidios y aumento de los ingresos de las empresas de distribución eléctrica ya implicó aumentos para los hogares que llegan al 200% y para pequeños comercios e industrias al 390% en el AMBA», analizó.

En ese marco, habló del panorama terminal que enfrentan las cooperativas. «Además, el Gobierno Nacional presiona a las distribuidoras provinciales a regularizar inmediatamente sus pagos, incluso embargando a las cooperativas, esto obliga a todas las provincias a realizar aumentos tarifarios de similar magnitud para afrontar los pagos al mercado mayorista de energía», siguió. Y concluyó que la política de quita de subsidios anunciada por el gobierno de Milei «va a significar que los hogares de ingresos medios y bajos multipliquen hasta cinco veces sus facturas de luz y gas».

La deuda con CAMMESA a nivel país hasta el mes de febrero es de 490.925 millones de pesos. Las distribuidoras EDENOR y EDESUR, que están bajo concesión nacional, mantienen el 41% de esta deuda. Sin embargo, el gobierno nacional embargó a nueve cooperativas de la provincia, que mantienen el 12% de la deuda total. Las afectadas son las cooperativas Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate. «Hay una clara discriminación hacia los usuarios y usuarios bonaerenses».

Todas las distribuidoras arrastran la deuda desde la pandemia debido a que las tarifas se mantuvieron muy por debajo del aumento de costos, pero siguieron brindando el suministro eléctrico por el pago parcial de las facturas a CAMMESA. Para poder sostener la prestación, tanto las distribuidoras provinciales Edelap, EDEN, EDEA y EDES, como las cooperativas que llevan la luz por fuera del AMBA, recibieron subsidios del gobierno provincial, como así también créditos, planes de pago y facilidades de Nación para afrontar la situación de deuda creciente en el pago de la energía.