El presidente Javier Milei ya tiene su primera imputación en una causa en la Justicia Federal. A una semana del estallido de la presunta estafa en torno al token $Libra en la que quedó directamente involucrado tras la promoción que hizo en X, el fiscal Eduardo Taiano decidió impulsar una investigación por posible abuso de autoridad, estafa y otros delitos. Mientras tanto, en Estados Unidos un poderoso bufete de abogados analiza lanzar una demanda colectiva y ya hay pedidos en el FBI y el Departamento de Estado.

Con ese panorama, el frente judicial de Milei quedó abierto. Tanto en Argentina como en EE UU apuntan a establecer las circunstancias alrededor de la difusión que lanzó el presidente en su cuenta de X el viernes 14. Ese día promocionó el contrato para acceder al activo digital cuyo valor saltó en minutos de apenas centavos de dólar a un pico cercano a u$d 5 y cayó repentinamente a las pocas horas hasta valores próximos a cero.

La movida, conocida como rug pull, implicó que unos pocos conocedores del contrato compraron el token cuando todavía no había tomado la masividad que le dio la cuenta presidencial que tiene más de 3 millones de seguidores.

En ese marco, esta semana abundaron las presentaciones en EE UU  y Argentina. Un bufete de Nueva York, Burwick Law, salió a la caza de damnificados para representarlos en lo que podría ser una millonaria demanda colectiva. A su vez, el estudio Moyano y Asociados presentó un Reporte de Operaciones Criminales ante el FBI y el Departamento de Justicia norteamericano. El dirigente Juan Grabois y el diputado nacional Itaí Hagman hicieron planteos similares.

Saber quiénes fueron los pocos tenedores de información privilegiada y qué rol cumplió Milei son las dos preguntas clave. Para el segundo interrogante se puede formular un contrafáctico en el que abogados y expertos cripto coinciden: sin el tuit del presidente no había masividad y, por ende, caudal de inversores.

Ese factor aparece mencionado en las denuncias que quedaron radicadas en Comodoro Py. Ahí, Taiano dictaminó el viernes que los hechos podrían encuadrarse en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Además de Milei, el fiscal investiga al creador de $Libra, Hayden Mark Davis, y a Julian Peh, dueño de Kip Protocol. Se trata de la firma de infraestructura tecnológica que aparece mencionada como desarrolladora al pie del sitio vivalalibertadproject.com, y que en un comunicado oficial se intentó despegar al decir que «desempeñaría un papel después de que se hubiera lanzado el token».

El listado de investigados también incluye a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, impulsores del evento Tech Forum, donde se habría gestado el nexo entre Milei, Davis y Peh, y a Sergio Morales. Este último es un experto en cripto vinculado a los dos anteriores, que se presenta como asesor de activos virtuales en la Comisión Nacional de Valores.

Al impulsar la causa, Taiano amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para la preservación y recuperación de evidencia. Si bien no se especificaron las medidas y evitaron hacerlo ante consultas de este medio, el fiscal también pidió informes a organismos públicos y privados, y en los próximos días ordenaría nuevas medidas.

En la semana, mientras no paraban de producirse revelaciones del caso, la jueza Servini se dedicó a relevar las denuncias y convocar a los autores a ratificar. Por el tercer piso de los tribunales desfilaron el economista Claudio Lozano e integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que firmaron la primera presentación que entró a la Cámara Federal y a la que se acumularon otras como la del dirigente radical Agustín Rombolá o de la extitular del Inadi, Victoria Donda, también citados.

Si bien hay variaciones, las denuncias coinciden al enumerar los posibles delitos: desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, de estafa, cohecho y abuso de autoridad hasta violaciones a la Ley de Ética Pública.

El jueves, cuando Taiano volvió de un viaje, poco antes de las seis de la tarde confirmaban desde el juzgado a este medio que las denuncias se habían girado a la Fiscalía para que se defina si debía impulsarse o no la acción. En el medio, también hubo reclamos de algunos denunciantes como Lozano, que salió a decir públicamente que notaba demoras en la toma de medidas de preservación de pruebas por parte de la Justicia.

Por eso presentó una ampliación con nuevos pedidos, entre ellos el secuestro inmediato de los 100 millones de dólares «de Argentina» que Hayden Davis dijo tener.

Hubo otro pedido que incluyó en su ampliación y que también hizo el abogado Gregorio Dalbón, pero no fue tomado por Taiano: la incorporación de Karina Milei como denunciada. Fue en base a unos supuestos chats que no pudieron ser verificados, en los que el creador del token hablaba de pagos realizados a la hermana del presidente para tener acceso al mandatario y controlarlo.

Mientras todo eso se desarrollaba, en Casa Rosada buscaban mostrar que no les preocupaba la posible imputación del presidente. De hecho, una de las espadas judiciales del entorno próximo al mandatario le dijo a Tiempo que confiaba en que la causa no iba a avanzar porque a su criterio no había delitos para reprocharle a Milei. Por lo pronto, se desconoce cuál será la estrategia presidencial en la Justicia.

En el caso ya se presentaron algunos damnificados bajo tutela del equipo jurídico de Grabois y Hagman, autores de otra de las denuncias. Además, es probable que el impulso de la investigación motive que en los próximos días o semanas algunos de los imputados se presenten formalmente con sus defensores.

De hecho, en las últimas horas la abogada de Davis, Yanina Nicoletti, decidió hacerlo. «No observando un esfuerzo estatal que implique el uso de los mecanismos previstos para investigar, detectar y reprimir a los verdaderos responsables del hecho (…) se torna necesario presentarnos como denunciantes y querellantes ante la Justicia argentina», comunicó en X.

Más allá de Comodoro Py, en el cierre de la semana hubo movimientos en una denuncia presentada en el fuero Penal Económico. Ahí, el exjuez Guillermo Tiscornia planteó que podría tratarse de un caso de agiotaje.

La figura alude a un tipo de fraude contemplado en el Código Penal, que reprime a quienes hagan alzar o bajar el precio de las mercaderías -en este caso el token- por maniobras ilícitas como «noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado», según la norma.

La denuncia quedó a cargo del juez Marcelo Aguinski, y ya fue ratificada. A su vez, hubo un pedido a Servini para certificar la causa central radicada en su juzgado. El magistrado entró de licencia y a su vuelta se definiría qué pasará con la presentación, que podría remitirse a Comodoro Py por tratarse de los mismos hechos. «