El 16 de mayo de 2024, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán resolvió conceder la excarcelación a María Eugenia Bringas, de 44 años, procesada como “coautora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. “Euge”, como le dicen los suyos, estuvo presa dos meses y once días por tener plantas de marihuana en el fondo de su casa usadas como medicina para sus dos hijos con diagnósticos de polineuropatía y ansiedad, puntualmente inscriptos en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), es decir, autorizados al cultivo controlado con fines terapéuticos. Todo es aún más grave porque Leandro, el mayor de 23 años, también fue sacado de su casa esposado acusado de narcotráfico y sigue esperando la rectificación de la justicia en una celda de la División General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP).
“Acá en Tucumán las investigaciones las hacen al revés; entran a tu casa con cualquier pretexto para ver qué tenés. La policía es muy violenta, te hace un desastre y te trata como si fueras un delincuente, como si fuéramos los peores del mundo”, se queja Eugenia, todavía dolida por la experiencia de ser detenida junto a uno de sus hijos por cultivar lo que le hace bien. “Estar en cana es muy duro; una que ni siquiera tira un papel en la calle, que trata de ser una ciudadana de bien, termina presa viendo a su familia solo dos veces por semana durante los días de visitas. Ahora estoy libre, pero todavía no tengo a mi hijo”.
El 5 de marzo, una comitiva de policías escoltada por efectivos de Infantería irrumpió en la casa de Eugenia, en el barrio Echeverría, con una orden de allanamiento: buscaban una moto robada porque tenían el “dato” de que en esa vivienda funcionaba un desarmadero.
“Por supuesto que no encontraron nada de lo que vinieron a buscar –cuenta Eugenia–, pero vieron las plantas de cannabis de mis hijos en el fondo y los cogollos cortados de cosechas anteriores”.
La mujer explicó que Leandro y Camila están inscriptos en el REPROCANN y que la cantidad de plantas estaba dentro del rango permitido por la ley, pero a los uniformados no les importó y llamaron a sus colegas de la DIGEDROP.
“El circo duró desde la tarde hasta las cinco de la mañana cuando nos llevaron detenidos a mi y a Leandro. A mi hijo, supuestamente, lo llevaron porque tenía vencido el registro del REPROCANN. En mi caso todavía no sé porque estuve detenida más de dos meses. Encima, después nos enteramos que la moto que buscaban ya había sido recuperada por el dueño. Todo es insólito”, se queja Eugenia.
«Nunca van por los grandes narcos»
Leandro es estudiante del profesorado de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, donde tiene una conocida actividad política. También trabaja en el merendero Creando sonrisas, y da una mano en cualquier actividad solidaria con la que se cruce. La familia le llevó los apuntes para que estudie porque el 27 de mayo debe rendir un parcial. Tiene fe en que para esa fecha ya habrá recuperado su libertad.
“Les han quitado casi tres meses de sus vidas, privándolos ilegalmente de sus libertades, y también privándolos de su medicina, Como esta, existen millones de causas en Tucumán, se está viviendo una ilegalidad muy similar a la que se vivió en la dictadura, la policía elige a quien le arma una causa y a quien no, y todo convalidado por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, y el Colegio de Jueces. Los ciudadanos están desprotegidos. La consecuencia es que el cultivador autorizado no se anime a cultivar por miedo a terminar preso y tenga que recaer en el narcotráfico para hacerse de su propia medicina”, reflexiona Patricio Char, abogado de la familia Bringas.
“Encarcelar cultivadores de cannabis medicinal legalizados –insiste–, es propio de un gobierno de turno que solo hace política para la tapa del diario, para la tribuna, pretendiendo mostrar una supuesta lucha contra la droga que no es real”.
Char apunta contra la Ley de Narcomenudeo impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo que «en su ambición de conseguir los próximos votos que le garanticen un periodo más, viola la división de poderes y empeora la situación de los ciudadanos”.
En tanto, Leandro espera amontonado con otra veintena de detenidos en una celda. Según su madre, bajó varios kilos y ya tuvieron que llevarlo más de una vez al hospital porque se enfermó. “Está perdiendo clases –concluye, triste, la madre–, están perjudicando toda su vida. Ojalá nadie sufra lo que vive mi familia, que la justicia y los políticos entiendan de una vez por todas que los cultivadores usamos el cannabis como una medicina. Se meten con nosotros que somos muy chiquitos y nunca van por los grandes narcos”.
