El gobierno dispuso la suspensión transitoria del otorgamiento de créditos por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). La medida abarca a todos los Créditos Anses, nombre genérico con la que la entidad entregaba préstamos de hasta un millón de pesos a devolver en 48 cuotas, con dinero proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La resolución firmada por el subdirector ejecutivo de Operación del FGS, Heber Rubén Farfán, se basa en la declaración de emergencia previsional incluida en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, firmado por el presidente Javier Milei. “Con los fundamentos dados en el citado instrumento legal, se señaló que es indudable que la situación de la Argentina es extremadamente crítica y de una emergencia sin precedentes en nuestra historia”, dice la norma publicada este martes en el Boletín Oficial.
A luz de ese DNU, las nuevas autoridades de la Anses encabezadas por Osvaldo Giordano (exfuncionario de la gestión cordobesa de Juan Schiaretti) entendieron que la incertidumbre en materia inflacionaria impide seguir prestando dinero a tasas subsidiadas (50% nominal anual), aun cuando se trate de una medida de ayuda a las franjas más necesitadas de la población.
“La actual inversión en el Programa de Créditos ANSES, debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales. En función de lo expuesto, es dable considerar la suspensión transitoria del Programa Créditos ANSES, como una medida preventiva en resguardo de la rentabilidad del fondo, y con el fin de privilegiar la liquidez del mismo”, señalan los considerandos de la resolución.
La medida tiene vigencia inmediata. Desde este mismo martes por la mañana, en la web de Anses, al hacer clic en la pestaña de Créditos se ingresa a un apartado con la leyenda “Contenido no disponible”.
La línea de préstamos había sido lanzada en noviembre pasado y dirigida tanto a jubilados y pensionados como a trabajadores registrados. En ese momento el objetivo informado fue “resolver temas de endeudamiento, de tarjeta de crédito, de mutuales, que sabemos que a veces complican la vida del trabajador. Y para aquellos que no tienen deuda, que sirva a los efectos de avanzar de manera bancarizada, de manera digital, con la compra de bienes o con la contratación de aquellos servicios, ya sea para la familia o de turismo, que necesiten”.
Detrás del cese de estos créditos se avizora una medida mucho más drástica: el posible desarme del FGS, el fondo creado a partir de la eliminación de la jubilación privada y el retorno del sistema solidario. Desde su origen, en julio de 2007, el Fondo sirvió para apalancar gran cantidad de proyectos productivos, tanto públicos como privados, y también el financiamiento del Estado Nacional. A mediados del año pasado el FGS alcanzó un volumen equivalente a U$S 76.000 millones.
Sin embargo, la intención del nuevo gobierno es desarmar ese fondo y transferir sus activos al Estado, según se desprende de uno de los artículos del DNU 70/23 que firmó Javier Milei: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”. Si eso ocurriera, el Estado estaría renunciando a una gran herramienta para la formulación de políticas que mantengan la actividad económica.
