El achique del Estado a fuerza de motosierra tiene múltiples impactos concretos y cotidianos, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Quizá uno de los más golpeados de forma directa es del aquellos y aquellas que, por no tener una familia que los cuidara y respetara sus derechos, crecieron al amparo de ese Estado que ahora les suelta la mano. Niños y niñas que vivieron en hogares, llegaron a la mayoría de edad y egresaron a la adultez en soledad. Para ellos y ellas se creó en 2017 el Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE). Hoy, ese programa corre peligro. La asistencia económica a sus titulares lleva más de dos meses de demora y el Ministerio de Capital Humano no da certezas sobre su continuidad. Ya hubo jóvenes que dejaron sus estudios, fueron desalojados y hasta quedaron en la calle.
Ante este panorama, trabadores y trabajadoras de organismos de infancia de todo el país y organizaciones sociales abocadas al tema conformaron un colectivo y difundieron un comunicado para “defender los derechos de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales incluidos en el PAE y exigimos a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que cumpla la ley”. Se trata de un universo de unas 3.500 personas.
“Desde hace tres meses, la transferencia de la asignación económica se demora cada vez más, y el último pago -correspondiente al mes de febrero de 2024- no ha sido depositado y no hay información oficial sobre fecha cierta de cobro. Esta falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales impacta gravemente en las condiciones de vida de los jóvenes incluidos en el programa ya que muchos de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser desalojados, deben discontinuar sus estudios y se les dificulta planificar el desarrollo de su vida autónoma”, alertaron en el mensaje, que reunió más de 300 adhesiones entre coordinadores provinciales y municipales del PAE, equipos técnicos de Niñez y Juventud provinciales y municipales, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, la Red de organizaciones de niñez y adolescencias territoriales (RONAT) y muchos otros.
Ante la consulta de este medio sobre la situación del programa, no hubo respuesta por parte de la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Quedar en la calle
Mercedes Vaca tiene 22 años. Vivió en hogares y pasó por un proceso de adopción fallido. A los 17, volvió a quedar sola bajo el amparo del Estado. Entró entonces al Programa de Acompañamiento al Egreso. Hoy estudia Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y trabaja en la Asociación Civil Doncel, que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Por ese empleo se siente “un poco privilegiada, por tener un trabajo formal”, pero como coordinadora del área de participación de Doncel conoce de cerca el impacto que tiene en jóvenes como ella la interrupción y la puesta en duda del PAE.
“Mi realidad no es la de todos, sino de la minoría. Hace seis meses me podría haber pasado de no tener para pagar el alquiler sin el PAE. La mayoría lo usamos para cuestiones básicas, alimentación, alquiler. En este momento hay chicos que ya han quedado en la calle, conozco cinco casos que han quedado en la calle o han tenido que volver a su familia de origen, donde son vulnerados. Pasó en Corrientes, Jujuy, San Luis”, enumera en diálogo con Tiempo. “Hay una chica que está pensando si tiene leucemia y en La Pampa no hay cómo hacerse el estudio gratis. Realmente es un problema que está afectando mucho a los jóvenes”, acota.
En la mayor parte de los casos, el impacto se siente sobre el alquiler. “Hago hincapié en el alquiler porque se nos complica mucho por no cumplir requisitos, la mayoría no tenemos familia y apoyo, no podemos tener un garante por ejemplo”.
“En Salta tenemos jóvenes que han tenido que dejar sus alquileres, con lo que significa conseguir eso. Quizás no tienen la posibilidad de acceder a alquileres elevados, no tienen garantías, cuando encuentran un alquiler es muy importante y perderlo por la falta de dinero es lamentable. Hay situaciones en las que los dueños de las pensiones les están cobrando una mora por cada día que no pagan. Eso se suma como otra responsabilidad y necesitan el dinero”, planteó Noel Britos, coordinadora del PAE en Salta. “Y no solamente los alquileres. Muchos han tenido que discontinuar sus estudios, porque no pueden pagar pasajes o se les dificulta planificar el desarrollo de su vida autónoma. Tenemos madres con uno, dos, tres niños y cuando no se tiene una fecha de cobro, ¿cómo planificar los gastos? Creemos que todo esto está produciendo una revictimización hacia quienes son sujetos de derecho y tienen que ser protegidos por el Estado, porque siguen siendo parte de alguna manera. La gestión del Estado cuenta con información pública y transparente que da cuenta del impacto positivo de esta política”, remarcó. De hecho, hubo monitoreos de entidades como la Universidad Católica Argentina (UCA) que mostraron el impacto favorable del PAE en cuestiones como la continuidad de estudios, que antes de la existencia del programa solían ser abandonados por quienes salían solos y solas a la vida adulta.
“Lo que queremos lograr es que en principio nos den respuestas. Porque el último pago fue el 8 de marzo, por enero. Ya estaban atrasados. Y a partir de ese día no se volvió a cobrar. Más allá de no tener dinero, no dan respuestas”, reclamó Vaca. “Esto siempre lo regulaba la SENAF. Nos dicen que pasó a Capital Humano, pero no nos dan una línea de contacto directa. Por cosas que podemos ir sabiendo de quienes trabajan ahí, falta la firma del coordinador del programa, que no han asignado. Al antiguo coordinador lo corrieron. Y por lo visto no tienen pensado nombrar uno nuevo. Tampoco sabemos si se siguió incluyendo a chicos en el programa. ¿Qué pasa con quienes han egresado en estos meses? Están totalmente desamparados”, lamentó. Y sabe en carne propia lo que eso implica.
Esto fue señalado también por Gabriel Lerner, ex secretario nacional de Niñez. “De 2019 hasta 2023 pasamos de 252 titulares, con referentes asignados y cobrando la prestación, a 2679 jóvenes incluidos. Hoy no hay datos públicos de nuevas altas. Aun las chicas y chicos no cobraron febrero. Se detuvo la capacitación de referentes. Los despidos arbitrarios debilitaron al programa. Por eso, tanto las y los jóvenes del PAE como los técnicos de todo el país tienen temor de que, como otros, ese programa también se cierre”.
Equiparar derechos
“Es un programa que existe desde hace casi siete años, que está establecido por ley e involucra a chicos y chicas que vivieron en instituciones de cuidado por alguna medida de protección especial del estado. Porque eran víctimas de alguna vulneración grave de sus derechos en sus núcleos familiares y el Estado tomó la decisión de separarlos de esas familias. Crecieron en estos espacios pero a los 18 deben abandonarlos y afrontar la vida de manera independiente. Hasta 2017, este momento del egreso era muy traumático: se daba en un contexto de extrema vulnerabilidad y soledad, porque debían afrontar la terminalidad de los estudios, conseguir trabajo, un lugar donde vivir, y todo eso en un contexto de falta de acompañamiento familiar por los contextos donde crecieron”, explica Dana Borzese, directora de Asociación Civil Doncel.
“Desde 2017, gracias a la lucha de organizaciones sociales como Doncel, pero también de organismos como Unicef, redes de organizaciones, los propios egresados y especialistas en la temática se hizo un trabajo de incidencia muy fuerte que culminó en la aprobación de una ley que reconoce derechos específicos para este colectivo de chicos y chicas. Equipara sus derechos con los chicos que crecen en sus familias. Es decir, extiende la protección del Estado después de los 18 a través de la figura de un acompañamiento personalizado de un referente y de una asignación económica de los 18 a 21 años y hasta los 25 si estudian”, detalla la referente. El monto es el 80% del salario mínimo, vital y móvil.
Ese acompañamiento “genera una situación de igualdad de un chico que crece separado de su familia con el chico que crece en su entorno familiar, para quien según el Código Civil y Comercial la familia tiene una responsabilidad alimentaria hasta los 21 años. Ahora nos encontramos a siete años de la sanción de la ley en un contexto de incertidumbre porque no hay a ciencia cierta información sobre la continuidad del programa. Y el indicador que nos tiene más preocupados es que los chicos y chicas no percibieron el cobro de la asignación económica del mes de febrero”. Lo último que recibieron, en marzo, fue el pago de enero.
“Ya van dos meses de retraso y esto en un contexto de falta de información hace que los titulares estén en una situación de alerta porque esto los afecta en el desarrollo de sus proyectos de vida y en el desenvolvimiento de sus vidas personales, de los compromisos que tienen asumidos, de poder continuar sus estudios, poder pagar los alquileres en las pensiones o piezas que alquilan, y esto les afecta en el desarrollo de sus proyectos de autonomía”, advierte Borzese.
En un marco de cuestionamiento y recorte sobre los planes sociales, la referente aclara que “se trata de un programa nacional, no es un plan social, no es una beca, es un derecho para chicos y chicas y tiene ejecución entre Nación y provincias, pero la Nación tiene un rol central para organizar y acompañar el desarrollo de los programas en todas las provincias. Es fundamental que el Ministerio de Capital Humano brinde información porque se ha generado un vacío en la institucionalidad y el funcionamiento que genera incertidumbre en los chicos, que no saben a quién acudir para buscar información. Este programa prevé una figura de acompañamiento; si estas figuras tampoco saben cómo orientarlos se genera una situación de mucho caos, informaciones faltas que a los chicos los comprometen en sus proyectos de autonomía. Es muy grave y tiene efectos concretos en sus vidas”.
