El pueblo de Maimará será el escenario de la primera marcha opositora que se realizará en todo Jujuy contra Gerardo Morales. La movilización será para reclamar la reposición en su cargo del comisionado local Juan Mamani, del Frente para la Victoria, y para poner un freno a los intentos de intervención anunciados por el propio vicegobernador Carlos Haquim, del Frente Renovador. A esto se suma que legisladores nacionales anunciaron que aportarán información a los organismos internacionales para denunciar la falta de institucionalidad que se vive en la provincia. Allanamientos a casas particulares y detenciones arbitrarias, reordenamiento violento del espacio público. Son algunos de los hechos que se multiplican en la provincia donde se pueden mantener presos políticos a pesar del reclamo de la ONU al Poder Ejecutivo.

La marcha de Maimará no es el único indicio de que la situación social se está caldeando en Jujuy. Esta semana, las mujeres de los policías encabezaron una protesta salarial, lo que se suma a los reclamos de los docentes y empleados municipales, a los que les descontaron los días de sueldo en represalia.

La semana pasada falleció una dirigente de los vendedores ambulantes, Vicenta Vargas, luego de que la policía los desalojara de la tradicional feria que se instala los fines de semana frente al Bachillerato Dos, en la capital jujeña. Luego del violento operativo, la trabajadora sufrió una descompensación cardíaca y murió. Alejandra García, docente e investigadora Universidad Nacional de Jujuy, secretaria del área académica de Género y Derechos Humanos, relató a Tiempo que «a partir del shock que produjo el levantamiento del acampe en la plaza Belgrano (el que encabezó Milagro Sala en enero) se produjo un cambio en el ordenamiento urbano. Se hizo bajo el discurso de la higiene y la seguridad, tópicos recurrentes para intentar ordenar y borrar los rasgos andinos”.

Otro de los casos de violencia policial, que no llegaron a los medios nacionales, y fue denunciado por la Coordinadora contra la Represión y el Ajuste, sucedió la noche del 29 de agosto. Una brigada policial en vehículos sin identificación allanó nueve casas particulares de la zona pobre del poblado San Pablo de Reyes y detuvo a siete jóvenes de entre 19 y 21 años, luego de que se sucedieran robos menores en la zona, por lo que organismos locales y abogados de los familiares tuvieron que presentar hábeas corpus ante la Justicia.

«Esto va más allá de lo ideológico. Somos actores políticos, tenemos la responsabilidad de conocer y actuar», le dijo a Tiempo la senadora nacional por Jujuy, Liliana Fellner.

El atropello institucional

Como se contó al inicio de esta nota, en el terreno político institucional también abundan los atropellos. El vicegobernador Haquim dijo abiertamente que «si las cosas continúan así en los municipios, lo más razonable sería la intervención».

Lo singular es que la supuesta falta de institucionalidad no sólo afecta a los dirigentes electos del FpV. Además de Mamani, de Maimará, tampoco pudo asumir el concejal de La Quiaca Miguel Tito. A su vez, fueron destituidos el comisionado de Valle Grande René Tolaba y Fraile Pintado Omar Carrasco.

Ya se está instrumentando la posibilidad de realizarle juicio político al intendente de Perico Rolando Ficoseco, la localidad más grande que gobierna el FpV.

Haquim es el titular del PJ local. Por esto, la senadora Fellner se reunió con el presidente del partido, el diputado José Luis Gioja y el secretario político, Miguel Ángel Pichetto, junto a los diputados jujeños Guillermo Snopek y Héctor Tentor y el presidente del bloque justicialista de la Legislatura de Jujuy, Javier Hinojo, para pedir la urgente intervención del partido.

Fellner adelantó a este diario que presentará toda la información de los distintos casos de avasallamiento a la institucionalidad ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso y los organismos internacionales. Y les pedirá a sus pares jujeños del FpV que acompañen su reclamo. «