Si bien la isla dista mucho de parecerse a la situación delictiva de El Salvador, una iniciativa que se debatirá próximamente en la Legislatura fueguina propone la privatización de algunos servicios. En la provincia, distintos actores, creen que es una oportunidad para buscar fondos para terminar con la sobrepoblación y mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad.

La iniciativa presentada por un espacio político local, el Movimiento Popular Fueguino (MOPOF) va en sintonía con las ideas libertarias del presidente Javier Milei en cuanto a políticas de seguridad, aunque el proyecto fue impulsado mucho antes de que LLA llegue a la Casa Rosada.. En diálogo con Tiempo, el legislador fueguino Pablo Villegas, explicó que “desde el año 98 que en términos presupuestarios la provincia no afecta recursos propios para la construcción de una unidad carcelaria en la ciudad de Ushuaia donde sólo existe una alcaldía con una sobre población muy marcada y en concreta violación de las condiciones dignas en las que se deben encontrar aquellas personas privadas de la libertad”.

Haciendo un repaso de la historia, recordó que “a principio del año 2000 se inauguró la Unidad Carcelaria N°1, la única cárcel que hay en Tierra del Fuego que está ubicada al norte de la isla en la ciudad de Río Grande. También se encuentra con sobrepoblación carcelaria que ronda cerca del 50 al 100% de su capacidad”. Y que entre 2023 y 2024 aumentó 20% la población carcelaria.

“Hace un año y medio que desde el MOPOF presentamos un proyecto de ley en donde por un lado proponemos que se declare por dos años la emergencia del servicio penitenciario y, por otro lado, que se permita la utilización de un sistema de contratación público privado otorgando el mantenimiento de las mismas y determinados servicios que hacen a la conectividad penitenciaria como puede ser servicio de sanidad, alimentación, deporte, video vigilancia”, señaló Villegas, quien aclaró que debe quedar «reservada, por mandato constitucional, la seguridad y custodia de los internos”.

En ese sentido, Raúl Von der Thusen legislador y miembro del Comité de la Tortura de la provincia, indicó que “hay que tener mucho cuidado cuando se habla de privatizaciones de servicio porque la mayoría de ellos tiene que caer sobre el estado”. En cuanto, a la situación de El Salvador y las políticas de seguridad que quiere implementar el gobierno nacional. “La situación en la provincia es muy diferente. Hay que ver la normativa, los diversos pactos internacionales respecto a las personas privadas de su libertad”, opinó.
Servicio penitenciario fueguino en números.

Según los datos aportados por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, hay una sola unidad de detención en Río Grande, mientras que en Ushuaia se encuentra 1 Alcaidía Masculina, otra Femenina y tres edificios anexos. La totalidad de la comunidad carcelaria es de 348 reclusos. 324 están alojados en unidades de detención y 24 con prisión domiciliaria. A nivel global, la provincia invierte 54.800 pesos en el costo por interno, es decir 590 pesos mensuales.

De esa totalidad, hasta el momento hay 19 presos federales alojados en las diferentes unidades de detención de la provincia (13 en Río Grande y 6 en Ushuaia). Según los datos económicos, 375 pesos diarios es el pago por presos federales. En este punto, Von der Thusen -ex jefe del servicio penitenciario- señaló que “es ínfimo lo que se aporta desde Nación a las provincias y se hace difícil de sostener”.