Las primeras mil cajas se vendieron en una hora. En tiempos de liberación de precios e inflación sin tregua, en Rosario (Santa Fe) llamó la atención el lanzamiento de una caja de 15 productos básicos por 17 mil pesos. Su salida a la venta implicó la puesta en marcha de la Empresa Pública de Alimentos (EPA), impulsada por el espacio Ciudad Futura y concretada mediante un acuerdo con la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). La meta es abastecer a todo el territorio rosarino en poco tiempo y replicarlo en otros puntos, como Buenos Aires.

“Lo que logramos es sencillo. Es la economía real. Es llegar del productor al consumidor sin intermediaros. Bajamos en promedio un 40% el precio respecto de las segundas marcas de Rosario. Son productos de buena calidad, de los pueblos, generando valor y arraigo”, describe Juan Manuel Rossi, presidente de Fecofe, en diálogo con Tiempo. La caja de 15 productos incluye aceite, harina, yerba, arroz, porotos. En total, ocho kilos de alimentos generados por pequeños productores, cooperativas y empresas recuperadas que trabajan con la planta de Fecofe. En un contexto en el que los alimentos y bebidas registraron un 3% de aumento en junio y un 285,1% en los últimos 12 meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En esta primera etapa, las cajas están destinadas a afiliadas y afiliados de sindicatos docentes de la ciudad, así como al centro de jubilados de empleados municipales. A través de los sindicatos, las primeras mil cajas se vendieron en una hora. “Ahora el desafío es escalar –plantea Rossi- Ya nos están llamando de otras ciudades de Santa Fe y también de Buenos Aires. Hay acuerdo con otras organizaciones y estamos pensando esquemas para que pueda llegar a más lugares. También nos están consultando muchas familias, por eso la idea es ofrecerlo pronto directamente a través de la web de Ciudad Futura”.

Cuestión de mercado

“Esto no tiene un costo financiero, un precio de especulación, nadie se lleva una ganancia extraordinaria. Es todo precio justo”, define Rossi sobre el esquema de funcionamiento de la Empresa Pública de Alimentos. “Es sencillo el esquema pero hoy no se ve en otro sistema de comercialización así. El Gobierno no alienta este tipo de producciones. Al contrario”.

El referente de Fecofe aclara que la iniciativa no tiene un nexo con el Estado. “Es entre organizaciones, sin pata estatal. No hay un subsidio de ninguna parte, el precio no está subsidiado. Es todo en el mercado”, concepto tan mentado en la era de Javier Milei. Claro que los actores aquí no son las grandes empresas concentradoras sino pequeños productores y cooperativas.

“Es la demostración de que se puede llevar a la práctica. Y en un momento como este, es un golazo. Lo logramos en poco tiempo. Empezamos a conversar con Ciudad Futura hace menos de tres meses y llueven los pedidos ahora”, celebra.

Un modelo productivo diferente

“La EPA es un nuevo paradigma para abordar un viejo problema, con soluciones reales y sostenibles en el tiempo que contrasta con los parches permanentes de los gobiernos. El modelo de solo intentar acordar precios con los grandes formadores no funcionó. La idea de precios congelados por cortos periodos de tiempo resultó sumamente ineficaz. Y la teoría actual de la desregulación total nos lleva a tener los niveles de consumo de carne más bajos de los últimos 100 años. Es decir, todas las escuelas económicas fracasaron”, expresó Juan Monteverde, concejal y referente de Ciudad Futura, al presentar la empresa el miércoles de la semana pasada.

Mientras en la era Milei se cuestiona todo lo que provenga del Estado, en este caso se presenta una propuesta distinta: “Apostamos a un concepto de lo público que no es estatal, sino social. Que busca no solo bajar precios sino generar un modelo productivo diferente: un campo con agricultores, donde la gente pueda quedarse a vivir en su tierra, con ciudades más equilibradas y consumidores que paguen precios justos por productos sanos. Un modelo que no solo es deseable sino que hoy mostramos que es posible”.

Un escenario que contrasta con el que se propone a nivel nacional, donde –por caso- en marzo se eliminaron el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

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