En 12 años de gestión PRO, la enajenación de tierras públicas adquirió en la Ciudad de Buenos Aires un carácter casi industrial. A fines del año pasado, un estudio del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA había calculado en 473 hectáreas la privatización del espacio público a través de remates, concesiones y permisos operada durante los dos mandatos de Mauricio Macri y el primero de Horacio Rodríguez Larreta. El flujo de la entrega de privados no aminoró en pandemia, y toda esa gigantesca operatoria a favor de los grandes actores del negocio inmobiliario ha tenido una escribanía presta para acelerar cada expediente: la bancada oficialista y sus socios en la Legislatura, que aprobaron cada venta y cada concesión. Ese procedimiento exprés podría haber llegado a su fin, a juzgar por la enorme reacción que viene generando en los porteños el proyecto de Cambiemos de habilitar la construcción de un barrio náutico de lujo en Costa Salguero y privatizar, así, el acceso al río.
Hasta aquí, las audiencias públicas que siguieron a cada privatización fueron o bien más o menos subrepticias, organizadas en horarios y lugares a veces inaccesibles para los involucrados (vecinos de barrios populares, por ejemplo), o bien meros simulacros de debate con el gobierno haciendo oídos sordos a lo que allí se decía.
Aprobada en primera lectura la venta de los predios de la Costanera Norte, la audiencia pública del 27 de noviembre, que será virtual y transmitida por Zoom, ya tiene más de 1500 inscriptos, entre vecinos e integrantes de organizaciones ambientales y urbanísticas, y la defensa del río puede llegar a convertirse en la piedra en el zapato de la próspera sociedad entre Larreta y los especuladores inmobiliarios. Se prevé que serán más. Hay tiempo hasta el 24 para anotarse.
“Será la audiencia pública más masiva en la historia de la Ciudad –dice a Tiempo el abogado Jonatan Baldiviezo, del ODC–, y refleja el rechazo masivo que esto genera, porque los porteños pueden perder un terreno icónico que debería ser para todos y por el que se luchó muchos años, y por el evidente hartazgo de los vecinos frente a una política de privatización a la que hay que ponerle un límite”.
Ayer, miles de porteños protestaron contra el plan privatizador en distintos espacios públicos porteños (en el Parque Las Heras, en la Plaza Clemente y en el Parque Saavedra). Ya lo habían hecho con una bicicleteada frente al predio de Costanera. Y a sólo 12 días de la audiencia, se consolida la masa crítica de la resistencia al proyecto, que prevé vender 17 hectáreas para que se construyan allí diez edificios de hasta diez pisos cada uno, con lujosas viviendas que configurarían un paisaje ribereño para los pocos que puedan pagarlo.
El 23 de octubre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad dictó una cautelar que suspende la venta de Costa Salguero hasta tanto se resuelva la causa judicial en curso o la Legislatura modifique expresamente la situación de dominio del predio. El viernes, la justicia volvió a fallar en contra, rechazando el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno porteño.
Pero además, hay un proyecto alternativo. El jueves pasado, la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, integrada por decenas de colectivos porteños, entre ellos el ODC y la CLIC, presentó en la Legislatura una iniciativa para crear el parque público “Nuestro Río”. El proyecto de ley busca derogar todas las leyes que autorizan la privatización de la Costanera, entre ellas, la del Distrito Joven, declarar la nulidad de la Ley N° 6289 (la que autorizó la venta de Costa Salguero) y destinar la totalidad de la superficie de los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero a este nuevo espacio público, además de establecer mecanismos participativos para definir los usos del futuro parque. Una verdadera afrenta para el larretismo.
Entre sus fundamentos, el proyecto recuerda que “hace treinta años que la ciudadanía lucha para que la Ciudad recupere su cultura ribereña y el disfrute de la Costanera sin restricciones privatistas”, y señala la vigencia del artículo 8 de la Constitución porteña, que estipula que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”, y de la Ley 2930 (Plan Urbano Ambiental, que en 208 ratificó que los predios del Gobierno de la Ciudad que se desafecten en las riberas deben destinarse a uso público.
El reclamo de la UBA por los «ocupas» náuticos
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA repudió esta semana el proyecto de venta de Costa Salguero y Punta Carrasco. El comunicado se inscribe en un conflicto que la propia Universidad de Buenos Aires tiene con privados por el acceso público a la costa ribereña. Desde hace más de 50 años, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), el Liceo Naval y el Centro Naval ocupan 20 hectáreas junto a la Ciudad Universitaria con un permiso precario, terrenos que la UBA intimó a desalojar, luego de 17 meses de negociaciones estériles y falta de voluntad por parte de los ocupantes para regularizar la situación. Según una estimación del Banco Ciudad, el canon mensual que deberían pagar por esos predios altamente cotizados sería de seis, cuatro y dos millones de pesos, respectivamente. Dinero que la UBA no recauda y que podría utilizar para obras de infraestructura edilicia, para fortalecer los programas de becas y mejorar, en general, su calidad educativa.
El predio ocupado fue cedido en 1958 por un decreto de Arturo Frondizi, ratificado por ley en 1961. Pero la Armada Argentina nunca cedió el terreno, y fue otorgando permisos precarios a los tres clubes para que se instalaran y funcionaran allí por más de medio siglo. En 2019, por fin, la UBA firmó un acuerdo con la Armada para la restitución definitiva de los predios, lo que supondría un paso más en la recuperación del acceso público al río.
