Las automotrices quieren una reforma impositiva radical y confían en el acompañamiento de las autoridades nacionales, pero esta semana chocaron contra un gobierno preocupado por lo que vendrá después de la contienda electoral.
Después de mucho negociar entre sí, las fábricas consensuaron un paquete de medidas que le presentaron primero al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y este último miércoles, al titular de Hacienda, Nicolás Dujovne. El plan recorrió los medios nacionales Tiempo lo publicó en su edición del 16 de julio- pero el Ejecutivo no acusó recibo.
Los empresarios interpretaron que el gobierno no sólo quiere evitar complicaciones previas a las elecciones sino que, además, prefiere esperar hasta el día después para medir si tiene las espaldas necesarias para abordar una reforma como la que le piden los organismos internacionales, las multinacionales y la inmensa mayoría de las empresas locales.
Las reuniones con Cabrera y Dujovne fueron producto de las gestiones de las automotrices. Las empresas querían presentar las propuestas que consensuaron y que luego sistematizó la consultora Bain & Company. En el entorno del titular de Hacienda definieron el encuentro como «una reunión más» de las tantas que mantienen con empresas privadas.
«Algunas de las cosas que piden nos sirven y otras no nos sirven», respondieron a la consulta de este medio. Dujovne no prometió nada. Ni siquiera puso fecha para hacer una devolución formal.
En Hacienda explicaron que el gobierno prefiere «una reforma integral y no sectorial» porque «el dispositivo tributario es complicado y la manera de encarar una reforma se va a definir en el Congreso». Los funcionarios remarcaron que el informe que presentaron las automotrices «puede ser tenido en cuenta o no». El borrador de la reforma general, agregaron, «está bastante adelantado» aunque «todavía no es momento de llevarlo al Congreso, dada la delicadeza del tema en la previa de la elección».
El escenario estaba caliente desde antes de la reunión. El gobierno dispuso un mecanismo para que las empresas compensen las divisas que deben por importar más de lo permitido. Además, un día antes del encuentro en Hacienda, Producción las multó por U$S 4,5 millones por denuncias recibidas en Defensa al Consumidor.
Algunos ejecutivos se retiraron refunfuñando y el fantasma de Brasil no tardó en aparecer. El titular de Toyota Argentina, Daniel Herrero, reclamó condiciones para tercerizar legalmente a la par de otras medidas de flexibilización «para no perder más competitividad» respecto de Brasil.
Desde una de las terminales de origen alemán agregaron que «tenemos una carga impositiva que apunta a la producción y que es mucho mayor a la que tiene Brasil o México». Dujovne «no dio detalles sobre lo que piensan hacer. Dijo que están estudiando impuesto por impuesto» y les informó que no va a mediar para que las provincias bajen Ingresos Brutos.
En tanto, los autopartistas siguen en alerta. Un dirigente consultado sobre las negociaciones cuestionó que el gobierno «quiere avanzar con la reforma laboral y con la baja de costos pero nosotros hablamos de transporte, puertos o importaciones y no pasa nada». Las importaciones de autopartes aumentaron un 30% en lo que va del año.
Los autopartistas también sienten un clima caldeado. En el gobierno «están raros y agresivos, pero en la cadena de valor también: los cheques rechazados aumentan y las cadenas de pagos se cortan».
Otro dirigente del autopartismo habló de falta de rumbo: «Preocupa que el gobierno no sabe lo que quiere. Si quiere hacer como Australia, donde no hay más industria automotriz, o como España. El presidente conoce mucho al sector pero el equipo de Cabrera no sabe nada», concluyó. «
