Mediante un documento interno, los jueces que integran la mayoría en la Corte Suprema –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- respondieron a las acusaciones del cuarto integrante del tribunal, Ricardo Lorenzetti, expuestas en un voto de disidencia en la decisión de crear una nueva secretaría penal.
Lorenzetti había deslizado que esa y otras decisiones eran una forma de condicionar a los nuevos jueces que, propuestos por el gobierno de Javier Milei, atraviesan el proceso constitucional para desembarcar en la Corte.
“No hay antecedentes de que se hubieran demorado medidas de organización interna por una circunstancia similar a la que menciona el juez Lorenzetti”, sostiene el documento, citando incluso decisiones similares que en otros momentos adoptó el propio juez cuestionante.
Pero además, el documento contrapone las acusaciones de Lorenzetti con sus propias conductas, en el pasado y en la actualidad.
“Buena parte de la responsabilidad por los atrasos en la circulación de las causas se debió a que el propio ministro Lorenzetti impuso durante casi dos años cupos mensuales por Secretaría, lo cual debió ser prohibido por la Corte en 2023. Por otro lado, Lorenzetti no se encuentra exento de demoras en la votación de causas. Por ejemplo, hace 23 meses tiene para votar la causa CSJ 972/2017, ‘Garay’, en la que se discute la constitucionalidad del uso del cinturón de seguridad”.
El texto reconoce que hay un gran volumen de causas para resolver, pero afirma que “el incremento exponencial de expedientes penales” bajo un funcionario de la órbita de Lorenzetti se agravó “a pesar de que desde el año 2019 hasta la fecha se han incorporado catorce agentes”. Uno de los cuestionamientos del juez disidente era justamente la designación de funcionarios de alto rango con un criterio de amiguismo e intereses particulares.
En ese punto, el documento atribuido a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda afirma que “el mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela”.
El texto apunta a una de las principales creaciones de Lorenzetti, el Centro de Información Judicial (CIJ). El juez en minoría criticó la creación de un nuevo portal y una suerte de abandono del que él había inaugurado.
La respuesta fue durísima: “el CIJ ha fracasado como política comunicacional, al punto que en el último año se ha limitado a la publicación de las acordadas de la Corte y, previamente, pura y exclusivamente actividades de Lorenzetti, cómo presentaciones de libros, entre otras”.
La directora del CIJ era la periodista y abogada María Bourdín, sobre quien Lorenzetti dijo que había sido desplazada cuando primero Rosenkratnz y después Rosatti llegaron a las sucesivas últimas dos presidencias del alto tribunal.
“Contrariamente a lo expresado en la disidencia, María Bourdin fue desplazada de su función a cargo de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto por el propio juez Lorenzetti, en uno de los últimos actos individuales de su presidencia. Por lo demás, el juez Lorenzetti suscribió la Acordada nº 33/2018, que según él desplazó la mencionada funcionaria y desarticuló la política comunicacional de la Corte”, replicó el documento de la mayoría.
El texto desmiente también que en reparticiones como la “Comisión de Lenguaje Claro” y la “Oficina de Bienestar Laboral” se hubieran incrementado costos pues esas tareas las desarrollan funcionarios y empleados que ya trabajan para la Corte.
Finalmente, el trabajo niega las acusaciones de Lorenzetti sobre el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial, cuestionada incluso públicamente por los propios afiliados, y –por el contrario- afirma que desde que asumió la presidencia Rosatti se ha mejorado sensiblemente esa situación, pese a Lorenzetti,
“Todas medidas vinculadas a otorgar mayor transparencia, eficiencia y control en la gestión, que rápidamente dieron una mejora sustancial y ostensible del servicio a los afiliado”.
El documento concluye que “el juez Lorenzetti boicoteó sistemáticamente esas medidas”.
