En medio de la pelea abierta entre el gobierno de Axel Kicillof y el de Javier Milei por los fondos, un dictamen de la Procuración General de la Nación determinó este martes que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal que debe resolver la demanda judicial por los fondos de ANSES que le corresponden a la Provincia y fueron cortados por la gestión libertaria. La deuda ya asciende a 716.109 millones de pesos.
El dictamen fue firmado por la procuradora general de la Nación, Laura Monti, tras ser consultada sobre la competencia del máximo tribunal para intervenir en el asunto. «Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia», sostuvo la funcionaria y concluyó: «En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal».
Monti intervino a pedido de la propia Corte en la demanda que presentó en abril la provincia de Buenos Aires pidiendo la inconstitucionalidad del DNU 280/24 por el que el gobierno de Milei cortó las transferencias que la ANSES hacía a las cajas de jubilaciones de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Los montos reclamados corresponden a «compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional», a valores actualizados. Según precisó el gobierno bonaerense, hasta este momento, nación adeuda por ese concepto a Buenos Aires un total de 716.109 millones de transferencias que ANSES debió hacerle a la caja provincial.
El régimen que determinó estas compensaciones se implementó a fines de 1999 en el marco del convenio «Compromiso Federal», por el cual el Estado Nacional se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales. El convenio fue ratificado más tarde por ley.
Los fondos fueron transferidos desde 1999, tanto durante el gobierno de Eduardo Duhalde, como los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Se siguieron pagando durante la gestión de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, en que se prorrogó la decisión por decreto presidencial. Sin embargo, la administración de Milei lo interrumpió argumentando que «no se encuentran comprendidos en dicha prórroga» los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.
Deuda billonaria
La demanda por los fondos previsionales es sólo una de las que el Estado bonaerense inició contra Nación por el recorte de los recursos que le correspoden a la provincia por ley. También se pidió por los recursos del Fondo de Incentivo Docente (FONID), Fondo Comprensador del Transporte y Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), que también fueron cortados apenas asumió Milei.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, denunció este lunes que la deuda acumulada con la provincia asciende a 5,8 billones de pesos entre obra pública frenada, programas discontinuados y transferencias previstas por ley que dejaron de hacer.
El funcionario detalló que $1.270.605 millones corresponden a deudas directas, que incluyen transferencias de ANSES a la caja provincial, los fondos de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FOFOFI), de Incentivo Docente (FONID), y de Compensación del Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del interior, entre otros.
En tanto, la deuda por las mil obras comprometidas que se frenaron en territorio bonaerense es de $4.463.230 millones e incluye los programas PROCREAR y Casa Propia; obras en escuelas, hospitales, rutas, puertos y parques industriales; saneamiento de basurales a cielo abierto; y el Plan de Infraestructura Penitenciaria.
A esto se suman $26.777 millones más en concepto de discontinuidad o retrasos de programas nacionales como el FINES, Conectar Igualdad y Potenciar Trabajo y $73.539 millones del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), entre otros.
«El gobierno del presidente Javier Milei está llevando adelante un plan deliberado y sistemático de asfixia financiera y económica contra el pueblo bonaerense», señaló Bianco y reclamó que haya un cambio de actitud en la administración nacional. «Lo único que le pedimos al Gobierno nacional es que revea su posición porque se trata de recursos que necesita nuestro pueblo y que nosotros estamos reclamando legítimamente», finalizó.
La respuesta de Adorni
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado este martes por el reclamo bonaerense y negó que exista tal deuda. «Sobre lo que expresaron los funcionarios, dentro de esta lógica de decir cualquier cosa, vale la aclaración: con la Provincia no hay deuda, cero pesos se le debe. La coparticipación es automática, es imposible que haya deuda», señaló en referencia a los fondos que por goteo reciben todas las provincias y que no es el eje del reclamo de Kicillof.
Respecto de las obras que estaban previstas con fondos nacionales, el funcionario sostuvo que la provincia puede terminarlas si quiere, pero que no habrá fondos nacionales. «Entiendo que a lo que se refiere es a deuda en obras no terminadas y somos gustosos a que si ellos consideran que hay que terminarlas, que las terminen. Entendemos que las provincias tienen que hacerse responsables de determinadas cuestiones, algo que hasta ahora no ocurría», amplió.
