La Corte Suprema de Justicia define hoy si acepta o no el pedido de licencia extraordinaria que presentó el juez federal Ariel Lijo, luego de haber sido designado en comisión en el máximo tribunal, junto a Manuel García Mansilla, por el presidente Javier Milei en una maniobra que busca evitar el procedimiento establecido por la Constitución Nacional para la designación de ministros para el máximo tribunal.
El futuro de Lijo se dirimirá en la reunión de Acuerdo de Ministros en la que estarán presentes el presidente de la Corte, Horacio Rosatti y los ministros Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y García-Mansilla, a quien le tomaron juramento la semana pasada en una sesión exprés.
Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, recibió la aprobación unánime por parte de la Cámara Federal del pedido de licencia que solicitó para poder asumir en comisión en la Corte.
El pedido de Lijo obedeció a que la designación que establece el decreto 137/2025 es para integrar el tribunal hasta noviembre próximo y, de no contar con el acuerdo del Senado, podría tener que retomar sus funciones en el juzgado federal de Comodoro Py donde se desempeña actualmente.
Los detractores de esa iniciativa sostienen que la licencia otorgada por la Cámara Federal carece de validez, ya que solo la Corte está facultada para otorgar licencias extraordinarias.
De seguir esta línea, la Corte podría rechazar el pedido y solicitarle a Lijo que renuncie formalmente a su Juzgado de Comodoro Py para asumir en la Corte.
Esa mirada la comparte el ex cortesano Juan Carlos Maqueda, que dejó el tribunal en diciembre e hizo énfasis en los antecedentes.
«En la década del 70, hubo un juez federal de primera instancia, que había sido designado en comisión en segunda instancia. La Corte, en ese caso, se pronunció diciendo que el juez no podía pedir licencia a un cargo para tener el otro. Claro, tenía que renunciar a ese cargo», dijo en declaraciones radiales.
El jueves de la semana pasada, la Corte sorprendió con la jura en silencio y de bajo perfil de García-Mansilla, cuando todos esperaban una definición sobre Lijo, que la pateó para las próximas horas.
Judicialización
En tanto, la semana pasada la designación en comisión tanto de Lijo como de García Mansilla vía decreto de Javier Milei ya se había judicializado. Es que una asociación civil pidió el último día de febrero que se declare la inconstitucionalidad de la medida y una cautelar que suspenda su aplicación, es decir, frene los ambos nombramientos. El juez federal Alejo Ramos Padilla intervino en el caso, pidió informes al Ejecutivo y citó a ambos candidatos para «ejercer sus derechos».
Las presentaciones del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (CEPIS) y del abogado Fernando Cabaleiro cuestionaron la constitucionalidad del decreto 137/2025 y en ese marco, Ramos Padilla, juez federal de La Plata, aceptó el tratamiento y le pidió opinión al fiscal.
